El gobierno no excluyó de la negociación a Nestora sino la CRAC, dice Aguirre

*Si esa instancia lo pide podría ser incluida en la lista comunitarios detenidos que se negocia con el secretario de Gobierno, condiciona. Reitera que la Casa de El Paraíso tiene un “problema de reconocimiento” interno. Las detenciones no violan la Ley 701 de derechos y cultura indígena, insiste

Misael Damián y Daniel Velázquez

El gobernador Ángel Aguirre Rivero insistió en que la Casa de Justicia de El Paraíso, de la que dependen las policías comunitarias de Ayutla, Tecoanapa, Tixtla, Humuxtitlán y Olinalá, tiene un “problema de reconocimiento” en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En declaraciones por la tarde en Ometepec, en la comunidad de Vista Hermosa donde inauguró un comedor comunitario instalado por el Ejército, Aguirre Rivero dijo que no fue su gobierno el que decidió que sólo se negociara la libertad de los policías comunitarios detenidos y no la de la coordinadora de Olinalá Nestora Sal-gado García, sino que fueron los coordinadores de la CRAC quienes tomaron la decisión.
“Ellos (los coordinadores de San Luis Acatlán) han determinado a quién van a asesorar y a apoyar en su defensa”, dijo.
Agregó que su gobierno “está abierto” en caso de que los coordinadores de San Luis Acatlán pidan que intervenga para que salga la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, “está abierto el caso particular de la señora Nestora Salgado, no tendremos ningún inconveniente, ni hay cacería de brujas ni mucho menos la intención de querer recluir en una cárcel a una determinada persona, aquí es solamente la aplicación de la ley irrestricta, independientemente de quién se trate”.
De los señalamientos de que Nestora Salgado está presa en una cárcel de Nayarit por consigna del gobierno del estado con la intención de dividir a la CRAC, Aguirre se dijo  “muy respetuoso con la organización, en este caso la CRAC”.
Afirmó que nunca caería “en la tentación” de interferir en la organización porque tiene sus antecedentes desde 1997, y se deslindó diciendo que en el interior de la CRAC hay un reglamento propio para que se determine una situación, “tienen sus propios mecanismos, sus asambleas para determinar los resolutivos”.
Sobre la construcción de las casas de justicia de la CRAC dijo que tienen un avance del 30 o 40 por ciento, “la del Paraíso entiendo que está parada por el problema que existe, ¿no?, de reconocimiento”, y afirmó que seguirá apoyando a la CRAC porque le tiene “respeto, y las demás decisiones las toman ellos”.
Nestora Salgado fue detenida en Olinalá la tarde del 21 de agosto por militares y marinos, quienes la mantuvieron incomunicada; fue trasladada a una cárcel de Nayarit, donde lleva 13 días recluida acusada de secuestro por la detención del síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, realizada por la Policía Comunitaria cuando intentaba apoderarse de una vaca robada y ayudar a escapar a dos personas acusadas de homicidio.
El martes pasado, después de que la asamblea de la CRAC ratificó a la Casa de Justicia de El Paraíso como parte de la Coordinadora, una comisión encabezada por Eliseo Villar y Adelaida Hernández se reunió con el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, con quien acordaron revisar los casos de todos los detenidos menos el de Nestora Salgado.
También se investiga al síndico, dice

Ayer a medio día en Acapulco, el gobernador dijo que no podía opinar sobre el caso de Nestora Salgado, porque las negociaciones las lleva el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.
En declaraciones a reporteros después de encabezar la ceremonia de entrega de nombramientos a 250 nuevos maestros, el gobernador dijo que el gobierno no violenta la Ley 701 con la detención de Nestora Salgado, porque las autoridades que cometen ilícitos deben ser sancionadas, y cuando se le recordó que el síndico de Olinalá, fue detenido por robar vacas y ahora está libre, dijo que también se le investiga.
A Aguirre se le preguntó por qué el gobierno del estado desconoce a los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso, que ya fueron ratificados en asamblea como parte de la CRAC, pero insistió en que no le corresponde a él y respeta a esa organización.
Se le insistió en que con el encarcelamiento de Nestora Salgado su gobierno violenta la Ley 701 que reconoce a la CRAC como autoridad para aplicar justicia por usos y costumbres, y Aguirre Rivero reiteró que “no me toca a mí juzgar ni me toca a mí hacer una evaluación de esa naturaleza”.
–Pero fue el gobierno el que la encarceló.
–Bueno, se le encarceló por otras razones de todos conocidas.
A Aguirre Rivero se le recordó que cuando tomó protesta como gobernador juró respetar las leyes, y con la detención y encarcelamiento de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá violenta la Ley 701, pero reiteró que “ha respetado la Ley 701”.
Se le insistió en que Nestora Salgado está presa y representa a una autoridad avalada por la Ley 701, y respondió: “Pero el hecho de que tú formes parte o estés al amparo de la Ley 701 no te da el derecho de impunidad”.
–¿Cuál es el delito de Nestora Salgado si actuó como autoridad de la CRAC? —se le preguntó.
–El delito está debidamente tipificado, secuestro.
–Pero actuó como autoridad de la CRAC —se le insistió.
–Si tú eres presidente municipal, ¿puedes cometer algún delito al amparo  de que seas presidente municipal? No, primero están las leyes.
–Lo cometió el síndico y está libre –se le recordó al gobernador en referencia al sindico Armando Patrón Jiménez, quien fue detenido por la Policía Comunitaria cuando pretendía robarse una vaca y proteger a dos personas acusadas de homicidio.
–Al síndico también se le está investigando –respondió el gobernador.
Un reportero le dijo al gobernador que Nestora Salgado tiene vínculos con el ERPI, y el gobernador dijo: “No lo sé, yo no puedo decir eso”.
De la UPOEG, que busca adherirse a la Policía Rural, el gobernador dijo que va a esperar conocer los resultados de la reunión del sábado para saber si la policía ciudadana decide sumarse a la Policía Rural, la cual está en la disposición de incorporarlos, dijo.
Sobre la petición de la UPOEG de que se reinicie el diálogo con los gobiernos estatal y federal, dijo que “seguramente pronto nos encontraremos, saludo el que ellos se hayan manifestado, la posibilidad de incorporarse a la Policía Rural, porque cualquier acción que se emprenda debe estar en el marco de la ley”.
Sobre la disputa de Tres Vidas con los ejidatarios de Plan de los Amates por 19.7 hectáreas que ambas partes reclaman, el gobernador dijo que ya se había llevado a cabo un desalojo.