Difunden el acuerdo de la asamblea de la CRAC que reconoce a El Paraíso y a Nestora y exige su liberación

*Nadie tiene la facultad de fijar la posición política de nuestra institución comunitaria por lo que ninguna opinión o posición distintas de ningún miembro de la institución a título personal puede contravenir los acuerdos de la asamblea”, menciona en alusión a Eliseo Villar

Redacción

Los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y su Policía Comunitaria en la asamblea regional del sábado respaldaron a la Casa de Justicia de El Paraíso y exigieron la liberación inmediata de todos los coordinadores y policías comunitarios detenidos por el Ejército, la Marina y la Policía Federal, incluida la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, presa en un penal de Nayarit.
Se manifestaron por el respeto a la Ley 701 y exigieron el cese de la estrategia del gobierno y las empresas transnacionales que pretenden desarticular la organización indígena para instalar las mineras.
En un comunicado difundido ayer y firmado por el presidente de la mesa de debates, Sabás Aburto Espinobarros y el secretario de la misma, Crispín de la Cruz Morales precisan que los acuerdos se dieron en una asamblea “formalmente constituida dentro del reglamento y mecanismos de decisión” de esa organización.
Los acuerdos se establecen clramente en el documento “Pronunciamiento de la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias de la CRAC-PC, celebrada el 31 de agosto de 2013 en San Luis Acatlán, Gro.” Contrario a esas resoluciones,  el coordinador de la Casa de Justicia de la CRAC de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, declaró el miércoles que el acuerdo era desconocer a los de la Casa de Justicia de El Paraíso y que “la mesa de debates no tuvo la capacidad para que los acuerdos quedaran lo suficientemente claros”.
El gobernador declaró ese día que estaba dispuesto a incluir a la representante de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García en la mesa de negociación en la que se tratan los casos de los detenidos si la Casa de Justicia de San Luis Acatlán se lo solicitaba.
En este contexto, la mesa de debates de la asamblea envió ayer el documento en el que da cuenta de que las autoridades comunitarias en la asamblea se pronunciaron por la inmediata e incondicional liberación de todos los coordinadores y policías comunitarios detenidos, y  la salida inmediata del Ejército, la Marina y la Policía Federal del territorio comunitario.
La asamblea se solidarizó  con las organizaciones, colectivos y personas que están en contra de la represión de los pueblos, autoridades y dirigentes de la CRAC.
Se manifestó por “la unidad e integridad del sistema comunitario de seguridad, justicia y reeducación que comenzamos a construir hace 18 años de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos” y pidieron respeto “irrestricto e incondicional de nuestro sistema comunitario, exigimos la observancia cabal de la ley 701, los artículos 2 y 39 de nuestra carta magna así como de los convenios y tratados internacionales que nos dan sustento como institución de los pueblos”.
Calificó como un “engaño” que las autoridades pretenden instrumentar en los pueblos a  la cruzada contra el hambre, la cual “busca controlar a la población con las fuerzas armadas”.
Exigen la cancelación de las concesiones de exploración y explotación de los recursos minerales en territorio comunitario, manifiestó que los integrantes de la CRAC iniciaron luego de darse a conocer la autorización para  la instalación de mineras,   debido a que “la confusión, división, control del territorio, desarticulación de nuestras organizaciones” consideraron son la estrategia del gobierno y de las empresas mineras trasnacionales.
El texto precisa que la asamblea es la máxima autoridad del sistema comunitario y es la que define el proceso organizativo que han de seguir los pueblos incluidos, y que “nadie tiene la facultad de fijar la posición política de nuestra institución comunitaria por lo que ninguna opinión o posición distintas de ningún miembro de la institución a título personal puede contravenir los acuerdos de la asamblea”, en aparente alusión  a Eliseo Villar.
Dice que la estrategia de división y agresión la inició el gobierno estatal y el federal contra los pueblos de la CRAC, “como lo demostró el allanamiento a la casa de Justicia de El Paraíso y detención y encarcelamiento de los policías comunitarios”.
Indica que  “la supuesta expulsión de la Casa de Justicia de El Paraíso no fue un acuerdo de asamblea”, que la presencia de militares y marinos vulnera la armonía y tranquilidad de la población, violando “flagrantemente nuestros derechos como pueblos originarios  reconocidos en nuestra carta magna y en diversos instrumentos internacionales”.
En la asamblea realizada en San Luis Acatlán participaron policías y comandantes comunitarios, comisarios y delegados municipales, ejidales y comunales, consejeros y coordinadores regionales de la CRAC  de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso, recuerda.