El número 066 para hacer denuncias está infiltrado por la delincuencia, reconoce Lara Montellanos

El número 066 para hacer denuncias está infiltrado por la delincuencia, reconoce el secretario de Seguridad Pública

*Ante diputados, Lara Montellanos aceptó que el gobierno y las policías están rebasados por el crimen organizado. Y Martínez Garnelo dice que “muchos policías municipales tienen comunicación” con la delincuencia que está “super avanzada” y “a veces nos deja en estado de indefensión”

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPyPC), Javier Lara Montellanos, reconocieron que el gobierno estatal y sus dependencias están rebasadas por los grupos de la delincuencia organizada, además de que no tienen una estrategia “buena” contra el cobro de piso y extorsiones.
Lo anterior fue reconocido el miércoles durante la comparecencia a puerta cerrada del gabinete de seguridad, integrado por Martínez Garnelo, Lara Montellanos y el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaki Blanco Cabrera, ante diputados integrantes de las comisiones de Gobierno, Seguridad Pública y de Justicia, de la cual El Sur obtuvo el audio.
El diputado perredista Nicanor Adame preguntó a los funcionarios y directamente al titular de la SSP qué acciones o estrategias estaban realizando contra el cobro de piso y las extorsiones, y afirmó que el gobierno estatal estaba rebasado.
Lara Montellanos dijo que efectivamente  están “rebasados” y “por eso estamos en la búsqueda de contratación de más policías”.
Dijo que han “buscando la manera de contrarrestar el cobro de piso, pero todavía no tenemos una solución buena”, y afirmó a los diputados que esa es una de las preocupaciones de las dependencias porque no pueden actuar si no hay denuncia, “el elemento principal es el denunciante”.
Después explicó por qué la ciudadanía no denuncia, y afirmó que es porque hay “mucha” desconfianza de los ciudadanos, además de que existe confusión, porque hay dos números de servicio, el número de emergencia que es el 066 donde se quedan los números celulares registrados, piden el nombre de la persona que llama y una dirección, y el de denuncia anónima, el 089.
Reconoció que en la línea 066 “se filtra la información” y por eso las personas no llaman para denunciar; “yo denuncio un delito y resulta que se lo pasan a otra parte y le dicen ‘oye cuate que van para allá’, así que en lugar de detener al delincuente detienen al denunciante y lo amenazan”, explicó el secretario de Seguridad.
Pero insistió en que el 089 ha dado buenos resultados, dijo que es un número muy bueno para hacer denuncias anónimas, porque sólo se tiene que avisar que hay personas extrañas o que se está cometiendo algún delito, se informa dónde y no se tiene que proporcionar ningún dato personal.
Dijo     que en ese número “tenemos la seguridad de que no será infiltradas, en el  066 ahí sí tenemos conflicto”.
En otra ronda de preguntas, el secretario general de Gobierno también reconoció que “la mayor parte de muchos policías municipales sí tienen comunicación obviamente con personajes no muy adecuados para la función pública”, en referencia a los grupos de la delincuencia organizada.
Y trató remediar la revelación del titular de la SSP: “el almirante dijo que estamos rebasados, pero en sentido figurado”, aunque de inmediato reconoció que “nos falta una super estructura financiera, de carácter operacional y de estructura, mientras que aquellos señores traen un celular con intercomunicación incluso a zonas donde nosotros no tenemos, sólo a través de radio, ¡nombre, aquellos nos llevan super avanzados!”
En ese mismo sentido el procurador informó también que hay un Ministerio Público (MP) que está procesado “porque llegaron a levantar una denuncia y amenazó al denunciante”, sin abundar en el caso.
El priista Rubén Figueroa Smutny preguntó sobre lo que pasa en Acapulco, donde según sus cifras, en julio hubo 68 asesinatos violentos y en agosto 66, y recordó que la Operación Guerrero Seguro (OGS) lleva más de dos años, se está aplicando el mando único en el puerto, sin embargo no ha bajado el índice de violencia y “la gente está desesperada y no se ve para cuándo pueda haber una solución”.
El secretario de Gobierno dijo a los diputados que el gobierno del estado está “haciendo política social”, y entre otros programas mencionó Mejoremos Nuestro Entorno, aunque recordó que la semana pasada, “por ejemplo en El Quemado de Acapulco, nuestra gente que maneja nuestro programa fue amenazado y por la delincuencia organizada y tuvimos que movernos, de inmediato”.
Dijo que lo mismo ha ocurrido en algunas otras regiones, y que “la fenomenología lleva muchos años, tiene décadas, que hoy se ha reproducido por medidas de carácter políticas federales y la parte de las zonas geográficas, ¿con qué estados colindamos?”
El encargado de la política interna del estado dijo que la interacción y el acercamiento tan rápido con que los grupos de la delincuencia organizada operan “a veces nos deja en estado de indefensión, esto es delicado y evidentemente que se está buscando la solución”.
Y recordó a los diputados que también es su responsabilidad el legislar para dar al Ejecutivo y las instituciones las herramientas para poder proceder, como incluir en el código penal la figura de informantes o halcones que trabajan para los grupos de la delincuencia organizada, iniciativa que ya envió el gobernador al Congreso local.
Afirmó que se han reducido los índices de asesinatos violentos en Acapulco, y responsabilizó a los medios de comunicación por la percepción de lo contrario.
Dijo que la mayoría son homicidios imprudenciales, pero que los reporteros los generalizan con “los dolosos o de contraataque entre las bandas”, esto a pesar de que los números que dio son de asesinatos violentos.
El priista Omar Jalil Flores Majul criticó al gobierno estatal porque “no ha parado la violencia” y les dijo que “todas las instituciones” quedaron rebasadas por “un exceso de prudencia” durante el movimiento magisterial contra la reforma educativa, lo que “la ciudadanía lo visualiza como sinónimo de debilidad y de impunidad”, pero dijo que es todavía más preocupante que los propios funcionarios reconozcan que están rebasados.
“Esta administración quedará marcada de cuando se dio la entrada de personas armadas a la capital, esos hechos deben preocuparnos, no deben de volverse a repetir”, dijo en referencia a la entrada de la Policía Comunitaria de Acatempa, Tixtla, Zacazonapan y El Troncón, que entraron a Chilpancingo, a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac para exigir la liberación de uno de sus compañeros y maestro de la CETEG, el pasado 8 de abril.

Nestora “nos mandó a freir espárragos”

La diputada perredista y ex alcaldesa de Olinalá, Luisa Ayala Mon-dragón, dijo que el gobierno estatal polariza los municipios  y afirmó que “no nos están ayudando a que exista estabilidad social en mi mu-nicipio, enfrenta a los ciudadanos”.
Afirmó que lo que se está viviendo en Olinalá tras la detención de la dirigente de la CRAC, Nestora Salgado García, el 22 de agosto, es responsabilidad del gobierno del estado porque primero alentó a los grupos de autodefensa “y después se actúa en contra de ellos”.
Luisa Ayala dijo que hubo excesos de la Policía Comunitaria pero por otra parte afirmó que el síndico Armando Patrón Jiménez no tiene ninguna prueba para demostrar que Nestora Salgado solicitó rescate y que la PGJE también se “basa en suposiciones” al acusarla de secuestro.
Lara afirmó que “tratamos” de hacerles ver “que sus acciones están fuera de la ley, pero Nestora nos mandó a freír espárragos, con todas las palabras, y que siguiéramos tan valientes y que si ella estaba cometiendo errores que fuéramos por ella, se lo dijo al secretario de Gobierno y a mí en un intento de hacerlos entrar a razón”.

Apoya perredista a policías acusados de matar a normalistas

El diputado perredista Tomás Hernández Palma intervino a favor de los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, acusados de ser los autores materiales del asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol du-rante un desalojo violento en el que participaron también policías estatales y federales.
Palma solicitó al procurador que “además de la reinstalación que hizo ayer o antier (lunes o martes), por la que lo felicito”, también se les pagara sus salarios de aproximadamente un año cuatro meses de estar detenidos  tras ser declarados formalmente presos el 31 de enero de 2012, después de 30 días de arraigo.
Ahí se informó por parte del diputado y confirmó el procurador que los ministeriales liberados el 23 de abril pasado fueron reinstalados en sus cargos.
“Ya hay una resolución a su favor, ya fueron reinstalados, lo platicamos con el secretario de Gobierno y no hay más que de dos sopas, o los liquidas o los reinstalas, y en el caso los instalamos, en cuanto al planteamiento de apoyarlos, tomo nota, veremos”, contestó Iñaki Blanco.