Héctor Manuel Popoca Boone

Tensiones sociales

La buena o mala aceptación de un gobierno está en función de las tensiones sociales que pueda su actuación desatar. Audazmente, el presidente de la república las provoca de diferente índole, manera e intensidad, al iniciar una serie de reformas a instituciones y leyes. De tal suerte que entre más expeditas sean aprobadas las modificaciones legales, menor será el tiempo de cavilación sobre sus consecuencias y por ende, la resistencia popular menguada quedará para su puesta en marcha.
Por lo que se refiere a la reforma laboral, que fue aprobada en las postrimerías del régimen presidencial del panista Felipe Calderón, su diseño fue realizado en conjunción con el equipo priista del actual presidente. Sus panegiristas argumentaron que con ella se incrementará la productividad de la economía nacional traducida en inversiones y empleos adicionales.
Los suspicaces decimos que con ello se abaratará la mano de obra y se perderá estabilidad laboral en las fuentes de trabajo. Esta reforma generó poca resistencia social al garantizarles previamente a los principales dirigentes sindicales sus privilegios corruptos y antidemocráticos. La aprobación en el Congreso de la Unión fue con poco debate y relativa oposición.
La reforma en las telecomunicaciones, consistente en la apertura de las concesiones para una mayor competencia de mercado, no suscitó mayor resistencia social. La percepción es que la misma no deviene mayor agravio popular salvo la demasiada idiotez funcional por adición electrónica que padecerá el pueblo. Sus apologistas argumentaron que disminuirán las tarifas en la prestación de los servicios. Fue negociada previamente con el oligopolio establecido y con ello fue aprobada en el Congreso de la Unión sin mayor problema.
En cambio, la reforma educativa generó fuerte escozor social de una parte del magisterio. Sobre todo al percibir que la nueva ley general del servicio profesional docente afectará seriamente sus “conquistas históricas” y otros derechos laborales que sí son de resguardo constitucional. Los reformistas neoliberales argumentaron que con las modificaciones se accederá a una educación de mejor calidad por medio de una controvertida evaluación al desempeño magisterial y por la erradicación de la compra-venta de plazas.
La estrategia para reducir la resistencia social fue anular previamente la participación de la líder vitalicia del sindicato de los profesores, no tanto porque fuera un obstáculo sino presuntamente por el alto costo de factura que cobraría por su apoyo. La ley fue aprobada por el Congreso de la Unión de manera exprés haciendo uso del mayoriteo para evitar una acalorada discusión, en el contexto de marchas y bloqueos citadinos de profesores llegados a la capital.
¡Ah! Pero la iniciativa de reforma energética está provocando una tensión social de pronóstico reservado, de acuerdo a sondeos y encuestas de opinión pública realizadas. Hay seria oposición ciudadana para la mayor participación de capital privado, con utilidades compartidas en la industria del petróleo, así como para la respectiva concesión de los yacimientos nacionales. De la misma manera hay gran inconformidad contra la privatización en la generación de energía eléctrica aún cuando ya operan empresas extranjeras produciendo cerca de la mitad de ella, para luego revenderla en parte a la CFE. ¡Uff!

PD1. Según algunas autoridades comunales, los únicos programas de desarrollo regional que están teniendo impacto y resultados en los pueblos indígenas de Ayutla son: “Transformemos nuestro entorno”, coordinado por la señora Laura del Rocío Herrera y el implementado por el Estado mexicano dentro del marco de la sentencia internacional emitida a favor de la señora Inés Fernández Ortega.
PD2. Mañana es la concentración ciudadana en el DF en repudio al bazar republicano que implementa el actual régimen presidencial.

[email protected]