Desde hace cinco años, locatarios de Cuauhtémoc han sido afectados por obras

Karla Galarce Sosa

Empresarios y locatarios de la avenida Cuauhtémoc exigieron al gobierno estatal que tome en cuenta a los ciudadanos para emprender proyectos u obras que les genere afectaciones.
Lamentaron las denuncias que el propio gobierno hizo contra líderes del movimiento que comenzaron, ante la afectación que ocasionaron diversas obras a sus negocios desde hace más de cinco años.
Anunciaron la integración de la Asociación de Comerciantes y Prestadores de Servicios de avenida Cuauhtémoc, para exigir el cumplimiento de la ley en el desarrollo de obras que impliquen modificaciones importantes en la ciudad y en sus principales vialidades. Dicha organización busca reunir a mil 500 comerciantes establecidos de esa vialidad.
Insistieron en una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para exponerle las pérdidas que han tenido con la introducción de un drenaje, durante el gobierno de Félix Salgado Macedonio en 2006; luego con la construcción del puente Bicentenario, en la gestión del priista Manuel Añorve Baños; y ahora con el proyecto del Acabús, el que “ahorcó los negocios hasta dejarlos casi en la ruina”.
Profesionistas que rentan locales, así como comerciantes y empresarios, coincidieron en que los funcionarios de diferentes niveles de gobierno los han engañado al ofrecerles créditos para mejorar sus negocios, pero que no los han tenido.
Se quejaron también porque diversos personajes los utilizaron para obtener recursos, de los cuales no han visto un solo centavo para “levantar un poco los negocios”, y cuyas pérdidas van del 50 a más del 90 por ciento de sus inversiones.
Contaron que han tenido que recurrir a los préstamos a réditos, a los créditos bancarios, a los empeños y al sacrificio de las ganancias para mantener en pie sus negocios.
“Nosotros seguimos en pie por dignidad, por orgullo”, expresó la señora Liduvina Muñoz Teresa, quien desde hace 38 años tiene una miscelánea ubicada frente a la central de autobuses Estrella de Oro, pero que ahora funciona en números rojos porque debe más de un año de renta, servicios y hasta la licencia de funcionamiento.
Expresó que gracias a las ganancias que obtenía de la tienda logró pagar la carrera de sus tres hijos, quienes ahora son profesionistas.
En entrevista para El Sur, 10 empresarios contaron cómo las obras han puesto en riesgo su patrimonio y la herencia de sus familias al adquirir deudas por el pago de rentas, cuyos montos oscilan desde los 6 mil hasta los 12 mil pesos mensuales.
El cirujano dentista Carlos Valdés Matt debe viajar a la ciudad de México cada fin de semana porque los pacientes a quienes atendía en su consultorio dejaron de llegar a un local del centro comercial Cuauhtémoc.
Norberto Álvarez Romero, quien lleva 42 años en su negocio de colocación de cristales para automóvil, redujo de ocho a sólo dos empleados contratados, porque las aseguradoras –que le proporcionaban el ingreso más fuerte en su negocio– finiquitaron los contratos de los servicios que prestaba.
Álvarez Romero dijo que con el retiro de las aseguradoras se redujo un 70 por ciento el ingreso en su negocio, pero que sostiene porque aún quedan clientes que lo buscan.
Comentó: “no dudo que las obras sean de beneficio para la gente, pero los comerciantes de este lado de la Cuauhtémoc hemos sido dañados severamente, por eso es que hemos pedido un plan de rescate para que nos ayuden a saquemos a flote nuestros negocios”.
En el quiosco del centro comercial Cuauhtémoc, ubicado entre dos escuelas particulares, los inconformes indicaron que siguen intentando obtener créditos, mismos que pagarían conforme sus comercios se mejoren, pero que aún esperan.
Mencionaron que la Canaco, encabezada por Javier Saldívar, obtuvo créditos que entregaron “hasta a quienes venden quesadillas en la playa”, pero que habían sido anunciados para las empresas afectadas por diversas obras.
El médico general René López Victoria señaló que la obra del Acabús mantuvo cerrado su consultorio debido a que durante más de un mes no tuvo drenaje.
Explicó que abrió su consultorio el mismo año en que comenzó la introducción del nuevo drenaje durante la administración de Félix Salgado. “Lo que nosotros queremos hacer con esta asociación es que se integren políticas públicas de apoyo a quienes se va a afectar, una especie de derecho de compensación que se incluya en los proyectos de obra”.
El ingeniero en computación, Víctor Téllez Sosa, también redujo más de la mitad el número de empleados en los últimos dos años.
Habló también de una reducción en diversos servicios en un 50 por ciento.
Téllez Sosa informó que aún esperan la ayuda del gobierno estatal para evitar salir de Acapulco y abrir sus empresas en otras ciudades.
Pedro Ramírez Oropeza, quien logró pagar sus estudios de ingeniería durante un año con lo que le dejaba su negocio de colocación de aluminio y cristales, ahora abandonó la escuela porque debe pagar cuentas, pero el ingreso no es suficiente.
Para obtener algún trabajo reparte tarjetas en las obras que están en marcha para colocar estructuras de aluminio y tener alguna “chamba”.
“No he podido pagar licencias, mis tarjetas están hasta el tope”, se quejó Antonio Godínez Montes, quien destacó que el ingreso en la lonchería que abrió hace algunos años es nulo desde hace cinco.
Al igual que el resto de los empresarios, José Álvaro Castillo Moreno, quien es propietario de la tintorería Del Puerto, también depende de las tarjetas de crédito para sobrellevar las deudas que se han generado desde que su negocio genera más pérdidas que ganancias.
Castillo Moreno representa a los comerciantes que integran la Asociación de Comerciantes y Prestadores de Servicios de la avenida Cuauhtémoc.