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Pide Evodio a Aguirre declarar la “alerta máxima” por la crisis de inseguridad

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, llamó al gobernador Ángel Aguirre Rivero a declarar la “alerta máxima” en cuestión de seguridad, para que el gobierno federal atienda al estado en materia de combate a la delincuencia organizada.
Argumentó que “hay emergencia constante en seguridad”, lo que no se había hecho público hasta que el gabinete de seguridad reconoció que está rebasado por la delincuencia organizada durante una reunión privada con diputados el miércoles pasado.
Reprochó que el gobierno de Enrique Peña Nieto haga presencia en Guerrero sólo para confrontar o dividir a las policías comunitarias y de autodefensa.
Insistió en que las policías ciudadanas son sólo reacciones de la ciudadanía ante la impunidad en la que grupos criminales se mueven y actúan en el estado.
Consideró preocupante y riesgoso que el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garne-lo, y el de Seguridad Pública, Ja-vier Lara Montellanos, reconocieran frente a diputados que están rebasados sin tener una estrategia para revertir la situación.
También llamó a Aguirre Rivero a “dejar de aplaudir” al gobierno federal porque esté deteniendo a dirigentes de la Coor-dinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Le recordó al gobernador que los movimientos sociales en Guerrero se deben ver “con pinzas”, sobre todo porque la Policía Comunitaria y cualquier comunidad indígena que se organice en un sistema de seguridad y justicia “tiene una ley que la ampara para procesar a sus detenidos”.
Velázquez consideró que ayudaría al gobierno de Aguirre el respeto a la Ley 701 de derechos y cultura de los pueblos originarios y la integración de las autodefensas a la Policía Rural, sobre todo cuando hay una realidad expresa de que el gobierno estatal y sus dependencias están rebasados.
Lamentó también que, en este contexto, el gobierno federal retirara del estado a 400 policías federales, dejando sólo a 500.
El también dirigente de la corriente Nueva Mayoría (NM) llamó al gobernador a que instruya a la SSP a que cambie a los responsables y trabajadores del área del número de emergencia 066, después de que el miércoles, en la comparecencia con diputados de varios partidos, Lara Montellanos reconociera que el servicio de denuncias telefónicas está infiltrado por grupos de la delincuencia, que avisan a sus cómplices y “amenazan o detienen a los denunciantes”.
Sobre todo porque en la comparecencia sólo se aceptó que están infiltrados pero no se informó si están haciendo algo al respecto.
Afirmó que eso genera más impunidad, porque los ciudadanos temen a denunciar por temor a represalias y permiten abusos de los grupos delincuenciales.

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