Incumple México con protocolos internacionales para atender a desplazados, critican especialistas

México incumple con todos los protocolos y recomendaciones internacionales para brindar apoyo a los desplazados internos forzados por la situación de violencia en sus comunidades.
Además de carecer de legislaciones locales y federales para brindar asistencias a las personas desplazadas, el gobierno federal no cuenta con protocolos basados en experiencias internacionales, tales como los establecidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
“Hasta ahora no se ha afrontado frontalmente el tema: en el sexenio pasado no se reconoció el desplazamiento forzado, porque se hubiera tenido que reconocer una crisis por la violencia, y en este sexenio el tema no está dentro de las prioridades. La verdad es que no existe un criterio de medición y no hay políticas específicas de apoyo”, criticó Ricardo Reynoso, director de Vinculación del Instituto de Investigaciones José Luis Mora, a cargo del Centro de Documentación sobre Desplazamiento Interno Forzado en México.
Aunque en México se observan- al menos desde mediados de los 90 y con mayor prevalencia desde 2007- migraciones forzadas por la violencia, desastres naturales y megaproyectos de desarrollo, sólo dos gobiernos estatales cuentan con medidas de protección para atender a las poblaciones desplazadas, indicó.
Uno de ellos es Chiapas, con su Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, publicada el 22 de febrero de 2012, y que todavía carece de un reglamento que la regule.
El segundo es el gobierno de Sinaloa, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que en junio de 2012 empezó la aplicación del Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI), enfocado a brindar trabajos en el campo, la construcción o en actividades agrícolas.
De acuerdo con los principios rectores de los desplazamiento internos de ACNUR, las personas deben recibir protección para evitar ser amenazados, abusados sexualmente, torturados, asesinados o desaparecidos durante su desplazamiento y asentamiento.
Asimismo, se les debe de proveer de alimentos, agua potable, cobijo y alojamiento básicos, vestido adecuado, servicios médicos y servicios de saneamiento indispensables.
Mientras, los niños desplazados deberán recibir una educación gratuita y obligatoria a nivel primario.
“El gobierno federal debería tener albergues para la población en los estados más riesgosos, así como una política de salud, empleo, vivienda, educación y seguridad. Son medidas de asistencias que establece la ONU: desde darles agua, albergue y empleo temporal; crearles condiciones de regreso o de reasentamiento en condiciones dignas sin afectar a terceros, y hasta proveer de una indemnización como resarcimiento del daño”, explicó el académico.
Además de carecer de políticas públicas destinadas a la atención de dichas poblaciones, hasta el momento no existen cifras oficiales sobre el número de migrantes forzados en el país, señaló Lorena López, coordinadora del Centro de Documentación sobre Desplazamiento Interno Forzado.
Ninguna institución gubernamental, no gubernamental o académica, agregó, ha levantado un censo nacional basado en el abandono de viviendas, flujos migratorios, matrículas escolares, ingreso a hospitales y cambios en los trabajos.
El acervo periodístico del Instituto Mora revela que, entre 2011 y 2012, en medios de comunicación se habló de la migración forzada de 25 mil a 250 mil personas, provenientes  de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz.
Asimismo, el Instituto cita los datos de la empresa Parametría, dedicada al análisis de datos, que en 2010 estimó a un millón 648 mil 387 desplazados, con base en datos del INEGI y una encuesta realizada a 500 personas.
“Todos son estimaciones, son recuentos, porque no hay una metodología clara. No se han levantado censos, lo que hay es una detección de flujos migratorios que son evidentes porque hay pueblos que se quedan vacíos, pero el problema no se está midiendo”, indicó López.
De acuerdo con recuentos periodísticos, tan sólo entre mayo y agosto de 2013, alrededor de 920 personas han sido desplazadas debido a la violencia en Guerrero, 600 en Tamaulipas, 400 en Chiapas, 230 en Sinaloa y 100 en Michoacán.
Las cifras más recientes sobre desplazamiento forzado en México son aquellas del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC por sus siglas en inglés), el cual asegura que entre 2006 y 2012 hubo alrededor de 160 mil personas desplazadas en el país.
“De alguna manera, el Gobierno sólo ha reconocido dos tipos de víctimas: los muertos y los desaparecidos. Aunque hay evidencias de los desplazados, todavía no hay una estrategia para atender el problema, y lo han ido atendiendo casuísticamente. El Gobierno federal no puede hacerse el disimulado cuando promovió un foco de guerra, cuando no estableció las condiciones de seguridad para poder asimilar o amortiguar los efectos de la guerra contra el narcotráfico”, concluyó la investigadora. (Agencia Reforma / Ciudad de México).