Jesús Mendoza Zaragoza

La indispensable ciudadanía para la paz

Los esquemas de seguridad que las autoridades han estado ofreciendo para frenar las olas de criminalidad dejan mucho que desear. Al parecer, son muy estrechos e insuficientes pues las cosas se complican cada día. El mismo concepto de seguridad está tan restringido que se está militarizando y desciudadanizando. Esto significa que en lugar de avanzar estamos retrocediendo. Todos los sectores de la sociedad están haciendo reclamos, desde los empresarios hasta los pueblos indígenas. La demanda social de seguridad no está siendo atendida de manera eficaz, mientras se extienden las zonas críticas de violencia a más regiones del estado. Hay zonas de ingobernabilidad, aumentan los desplazamientos forzados y no se ven horizontes de superación de tanta tragedia causada por la violencia.
Pero lo que me parece más trágico es el modo tan cerrado de entender la seguridad desde los ámbitos del poder público, un modo que ha probado su ineficacia y sus contradicciones. Creer que la seguridad depende del número de militares y policías que se tengan dispuestos para operativos, rondines y vigilancia, no hace homenaje a la inteligencia, pues no se aspira siquiera al mínimo posible de seguridad. Si, por un lado, se sabe que muchos cuerpos de seguridad están infiltrados por el crimen organizado y no cuentan con la necesaria confianza de los ciudadanos y, por otro lado, la sociedad está desmovilizada y en los casos en los que se moviliza no ha habido un manejo justo y transparente de las iniciativas ciudadanas, ¿hacia dónde estamos siendo conducidos por un gobierno que se está endureciendo ante las inconformidades y ante las iniciativas ciudadanas?
Entiendo que necesitamos un gobierno fuerte, que manifieste firmeza y energía para tomar decisiones que resuelvan los problemas que aquejan a la sociedad pero esto no significa que deba ser un gobierno duro y refractario ante las demandas sociales porque se encuentra muy ocupado en las lides políticas del poder. ¿Será que en estos ámbitos del poder se renuncia al sentido común  para mantenerse en lógicas adversas a las necesidades de la gente? ¿Por qué no se está atendiendo a las víctimas de la violencia de una manera sistemática y ordenada, en sus demandas de verdad, de justicia y de reparación de los daños? ¿Por qué no se han aprovechado las oportunidades que se han abierto mediante las policías comunitarias y ciudadanas, a las que, dolosamente, se busca meter en el mismo costal con otras expresiones semejantes, vinculadas con el crimen organizado?
Es preciso entender que sin la participación de los ciudadanos no tendremos la seguridad que necesitamos y que la lógica de la ciudadanía tiene que ser atendida por las autoridades para ser conducida y ordenada de acuerdo con los marcos legales e institucionales. Por ejemplo, ¿la propuesta de la policía rural está pensada para el control o para la participación de los ciudadanos? Si es para controlar, estamos perdidos porque la estarían vinculando con un sistema podrido de seguridad en el que la sociedad sigue siendo la víctima. Y si es para generar espacios de participación en los que los ciudadanos y las comunidades aporten su parte para resolver los problemas, estaremos ante una oportunidad ganada en favor de todos.
Muchos no entendemos porqué las autoridades no han dado un manejo transparente a las iniciativas ciudadanas de seguridad, cuando vuelcan sus energías a  perseguir y a amenazar, y cuando podrían haber acogido y conducido estas iniciativas de participación ciudadana hacia la solución de muchos problemas sociales. Desde el poder, ellas perciben la participación de la gente como un peligro y la quieren controlar. La lógica del bien común reclama, más bien, una actitud de apoyo, de relación institucional y de colaboración con los ciudadanos. No entendemos cómo el tema de la seguridad deba estar uncido a los intereses del poder y no a los intereses de la sociedad, de los pueblos y de las comunidades. Este es el punto. No tenemos la seguridad que necesitamos, precisamente, porque el bien común poco importa a las autoridades, aturdidas en sus juegos de poder y discapacitadas para el servicio público. Es una lógica perversa a la cual nos resistimos porque los ciudadanos somos tratados como estúpidos y como súbditos y porque esta lógica no representa ninguna solución. Esto es lo que se deja ver en el impulso a las así llamadas reformas estructurales como la laboral, educativa y energética, donde pesa más el interés del poder que el de los ciudadanos.
Ellos lucran políticamente de la inseguridad y de la violencia. Por eso, la participación ciudadana es controlada de una manera rígida. Esta es la percepción común de lo que está haciendo el gobierno federal y de la lógica que está imponiendo al abordar los problemas del país. La ya escasa participación ciudadana que tenemos en Guerrero es incomprendida, utilizada y controlada hasta donde no cause problemas a sus intereses. De hecho, estamos ante un sistema con un enorme instinto de conservación y reacio a los cambios que se necesitarían para el bienestar de la sociedad.
Este es el gran desafío que ha de reconocerse de una manera muy clara: mientras que no se abran cauces a la participación de los ciudadanos mediante procesos democráticos, lo que hagan las autoridades estará muy acotado. Los ciudadanos no deberíamos ni excluirnos ni dejarnos excluir de las soluciones. La seguridad necesita del protagonismo de autoridades y de ciudadanos, un binomio necesario dentro de una sociedad sana y con futuro. En este sentido, la participación ciudadana es un factor decisivo para la paz, no solo en tareas de seguridad sino en todos los asuntos como los económicos, ambientales, sociales y culturales. Y tiene que ser una ciudadanía crítica, propositiva, no violenta y creativa. De hecho, la paz es un horizonte que no se reduce a la seguridad, sino que lo incluye y lo propicia.