Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Gobierno rebasado, delincuencia “súper avanzada”

Los tres principales funcionarios de su gobierno disolvieron el miércoles pasado la cortina de humo que a golpes de verborrea se afanaba en levantar el gobernador Ángel Aguirre en torno a la crisis de violencia e inseguridad que sacude al estado.
El secretario de Seguridad Pública, el almirante Javier Lara Montellanos, reconoció que el gobierno del estado está “rebasado” por la delincuencia y reveló que el mismo número telefónico 066, habilitado para recibir las denuncias ciudadanas, está infiltrado por el crimen, de tal forma que los denunciantes terminan perseguidos por los delincuentes denunciados. “Yo denuncio un delito y resulta que se lo pasan a otra parte y le dicen ‘oye cuate, que van para allá’, así que en lugar de detener al delincuente detienen al denunciante y lo amenazan”, explicó el funcionario.
La sorprendente confesión de Lara Montellanos se produjo durante la comparecencia realizada en el Congreso local, a la cual acudieron también el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y el procurador Iñaki Blanco Cabrera.
Como pudimos leer en estas páginas el viernes pasado, Martínez Garnelo intentó matizar las serias implicaciones de las palabras de Lara Montellanos, pero terminó por confirmar lo que había dicho su compañero de gabinete: “El almirante dijo que estamos rebasados, pero en sentido figurado”, expresó, y a continuación ofreció su versión: “Nos falta una súper estructura financiera, de carácter operacional y de estructura, mientras que aquellos señores traen un celular con intercomunicación incluso a zonas donde nosotros no tenemos, sólo a través de radio, ¡nombre, aquellos nos llevan, (están) súper avanzados!” No sólo eso, Martínez Garnelo también admitió que “la mayor parte de muchos policías municipales sí tienen comunicación obviamente con personajes no muy adecuados para la función pública”, en referencia a los grupos de la delincuencia organizada.
El procurador Blanco Cabrera certificó todo lo anterior al mencionar el caso de un agente del Ministerio Público procesado “porque llegaron a levantar una denuncia y amenazó al denunciante”, y Martínez Garnelo cerró la ronda con la declaración de que los grupos de la delincuencia organizada operan con una rapidez que “a veces nos deja en estado de indefensión”.
El viernes, Martínez Garnelo ofreció una conferencia de prensa para retractarse de las afirmaciones desdeñosas que hizo en esa comparecencia acerca de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, pero no de las que formuló sobre la violencia y la inseguridad.
Aunque el diagnóstico que los funcionarios hicieron ante los diputados locales plantea lo que era un secreto a voces, la confirmación de la incapacidad de las autoridades estatales para poner fin a la violencia y la inseguridad deja al descubierto la responsabilidad que el gobernador Ángel Aguirre tiene en todo ello, pues la violencia se desbocó con su arribo al poder en el 2011.
Al contrario de lo que Lara Montellanos, Martínez Garnelo e Iñaki Blanco revelaron la semana pasada, Aguirre Rivero lleva meses diciendo que los homicidios y la violencia se han reducido, y su discurso lo ha llevado a contradecir neciamente los datos del gobierno federal, que sitúan a Guerrero como el estado con el mayor índice de homicidios y el más violento del país. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública no dejan lugar a dudas y reportan mil 227 homicidios ocurridos en Guerrero entre enero y julio. Siguen el estado de México con mil 73 y Chihuahua con 887.
A pesar de la gravedad de la situación reportada a los diputados, todo sugiere que los tres funcionarios utilizaron su comparecencia solamente para desahogarse, pues no explicaron qué ha hecho o qué se propone hacer el gobierno de Aguirre para resolver el problema. Por su parte, los legisladores tampoco se mostraron muy exigentes ni emplazaron a los comparecientes a desquitar su salario. Podemos deducir, en consecuencia, que no existe ningún plan para revertir la incapacidad gubernamental frente a la delincuencia, y ninguna medida para combatir la complicidad de las corporaciones policiales con el crimen organizado.
Este cuadro adquiere dimensiones trágicas si se recuerda la ferocidad con que, en contraste, el gobierno persigue a la Policía Comunitaria y se ensaña con una dirigente social como Nestora Salgado, a quien recluyó en una prisión federal de máxima seguridad en Tepic mediante la manipulación de la ley y la fabricación de delitos.
Se supone que de todo esto nadie debía enterarse, pues la comparecencia de los tres funcionarios se realizó en privado y el Congreso local hizo todo lo posible por mantenerla en secreto. La habilidad de la reportera Rosalba Ramírez García echó por tierra esa absurda pretensión y permitió arrojar luz sobre el escalofriante panorama en el que se debate el estado: entre la inseguridad desaforada que a diario arroja decenas de muertos, y un gobierno negligente y petrificado en la autoexaltación. ¿Y ahora?

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