Revisar la ley 701 de derechos indígenas, pide el Ejecutivo al Congreso

*Luego de que Martínez Garnelo calificó de “caballo de Troya” la norma en que se ampara la Policía Comunitaria , el gobierno llama a los diputados a ser “valientes y sensibles” para modificarla incluso

*La CRAC de Cirino Plácido rechaza la Policía Rural, se opone a la credencialización y demanda la libertad de todos los detenidos de Ayutla y Olinalá

*Se reúne en asamblea con  la UPOEG para buscar un frente con El Paraíso y Temalacatzingo

Ahora pide el gobernador que los diputados analicen y, dado el caso, reformen la Ley 701

*Los llama a analizar “con detenimiento los alcances de una ley secundaria” que debe de estar sujeta a lo que establece la Constitución, dice el gobierno estatal de la norma en que se ampara la Policía Comunitaria

Redacción

Chilpancingo

A cuatro días de que el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijera en su comparecencia ante diputados locales que la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas “se ha convertido en un Caballo de Troya”, el Ejecutivo estatal pidió este domingo al Congreso local un “exhaustivo análisis” de dicha ley, “con valentía y sensibilidad ante la ambigüedad de su contenido”.
Con ello, también se pretende normativizar la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), “a fin de mantener una gobernabilidad democrática en el estado”, dice el comunicado.
Mediante un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que para el gobernador Ángel Aguirre Rivero “es importante equilibrar esfuerzos en los retos que enfrenta la sociedad, por lo que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad deben de atender con valentía y sensibilidad el estudio de la Ley 701 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que se convierta en un sistema alternativo de justicia en beneficio de los pueblos originarios”.
Citando como fuente al mismo secretario de Gobierno, Martínez Garnelo, el boletín agrega que el funcionario manifestó que “es necesario que los integrantes de la 60 Legislatura de Guerrero analicen con detenimiento los alcances de una ley secundaria, que debe de estar sujeta a los principios y lineamientos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, y en el marco fundamental del derecho que establecen los protocolos de Estambul, los tratados internacionales y los reglamentos y estamentos del Organización Internacional del Trabajo”.
Luego, precisó el funcionario que ante la problemática que enfrenta la CRAC, fundada desde 1995, bajo un reglamento interno, “que no pasó a análisis del Poder Legislativo, es urgente que se formalice su estudio, a fin de mantener una gobernabilidad democrática moderna en el estado, sin que trasgreda los usos y costumbre que la propia Constitución Política les brinda en los artículos 14, 16, 19 y 21”.
Según el boletín, Martínez Garnelo puntualizó que los tres poderes del estado “tienen que matizar con pauta, su seguimiento de orientación y coordinación a los grupos de personas que estén agrupadas para un bien común, dentro del marco legal en cuanto a seguridad y justicia”.
El funcionario expresó que no existe una contradicción en las leyes; “existen malas interpretaciones que quieren hacer valer una ley a la que le falta ser analizada, y si se quiere modificada, pues la Ley 701 se aprobó 10 días después del arribo al gobierno del estado de Ángel Aguirre Rivero, en la cual se hacía valer el respeto de los usos y costumbres como un derecho moral; más no da garantías para no respetar la propia Constitución en términos de la Ley Suprema y de la Ley Federal y Local del sistema de seguridad pública”.
Reconoció que la Policía Comunitaria siempre ha estado presente en la vida de los pueblos originarios, “denominados de muchas formas como policías serenos, montada, rural, entre otros, pero su resurgimiento nace ante la fenomenología social que se da por la irrupción de la delincuencia y es por ello, donde toma su importancia para que a través de un análisis y estudio de la Constitución se fundamente su sistema alternativo”.
Garnelo, agregó que muchas causas sociales motivan a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que entren al análisis de la eficiencia y de la operatividad de la Policía Comunitaria, “y en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quien muestra su interés social y sensibilidad de hacer valer el estado de derecho, ha tomado como reto en examinar y modificar los alcances de la Ley 701 y el derecho constitudinario para lograr adecuar y modificar los alcances de la ley”
“Esta ley no tiene porqué vulnerar ningún artículo de la Constitución de la República; se tiene que establecer un equilibrio de poderes para que juntos propongan una alternativa para las comunidades y logren una realidad mucho más cercana a lo que en verdad requieren”, sentenció el funcionario, según el boletín de prensa.
Y concluyó que si la 60 Legislatura local, el Ejecutivo y Judicial logran este nuevo reto, “será la punta de lanza para hacer valer la soberanía de las demás etnias del país, ya que se estará logrando una transformación en este sistema de alternativa común, tanto en materia penal, civil, mercantil y familiar con visión contemporánea para México y el mundo”.

Reciben en El Paraíso a 19 policías comunitarios; demandan la libertad de los aún presos

*La comisión de San Luis Acatlán ratifica que esta Casa de Justicia es parte de la CRAC. Cuestionan las negociaciones que hace Eliseo Villar y lo culpan del hostigamiento del Ejército

De la corresponsalía

El Paraíso, Ayutla

Unos 400 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y pobladores de esta comunidad se reunieron ayer a las 12:00 del día, y recibieron a los 19 policías comunitarios que fueron detenidos por efectivos del Ejército y que estuvieron arraigados en Acapulco.
Los asistentes y coordinadores de la asamblea solicitaron que no estuviera presente ningún reportero, además de que la mayoría del tiempo se discutió en idioma mixteco, sin traduccción al español.
Los asistentes son de Tlatlauquitepec, Olinalá y de Ayutla, de las Policías Comunitarias integradas a la Casa de Justicia de El Paraíso.
Al final de la reunión en un ambiente de inconformidad llegaron los 19 policías comunitarios que fueron detenidos por militares acusados de secuestro, indignados coordinadores señalaron que la entrega debió de haber sido directa, en una asamblea que ya se había acordado previamente en la reunión del 31 de agosto en San Luis Acatlán.
Alrededor de las 6:00 de la tarde, una comisión de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, conformada por Crispín de la Cruz Morales, Armando Zavala Felipe y Melquiades Simón, consejeros de la CRAC, llegaron a la comunidad de El Paraíso, para hacer la entrega de los policías comunitarios, acción que inconformó a los coordinadores de esa casa, pues dijeron que se violaron nuevamente acuerdos pactados en la pasada reunión regional de San Luis Acatlán y con el coordinador Eliseo Villar Castillo.
Entre los detenidos entregados están Ángel Jiménez de los Santos, Gregorio Pacheco Castro, Aurelio Jiménez Hipólita, Pascasio Teófilo García, Sixto Soto, Salvador Santos Morales, Pascual Domingo Ramírez, Julián Nava y Martín González Ibáñez.
De acuerdo a la información proporcionada por Crispín de la Cruz Morales, por cada detenido se pagó la fianza de 15 mil pesos, información que fue refutada por el abogado Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, quien aseguró que la fianza asciende únicamente a 8 mil 532 pesos por policía comunitario, dinero que se tiene que recuperar porque los detenidos son inocentes.
Ante eso el emisario de la CRAC de San Luis Acatlán dijo que ese tipo de información deben de darla a conocer en la próxima asamblea del 22, ya ellos únicamente fueron a entregar a sus compañeros comunitarios y dar el respaldo de todos los pueblos de San Luis Acatlán, y a ratificar que la Casa del Paraíso es parte de la CRAC, porque así lo determinó la asamblea muy a pesar de lo que dicen unas cuantas personas. “Lo que vale es lo que dice la asamblea, lo que aprueba y no lo que dicen en los medios unas cuantas personas”, dijo De la Cruz Morales.
Luis Salgado Leyva de la casa de Justicia de El Paraíso, dio a conocer que “es una falta de respeto el que a los policías comunitarios los hayan llevado a San Luis Acatlán cuando ya estaba dicho que tenían que llegar a el Paraíso, lo hacen para protagonizar, como si los compañeros fueran delincuentes y no lo son, ellos sólo cumplieron un mandato que les dio el pueblo, que aunque con quebrantos seguimos de pie de lucha”.
El policía comunitario Rufino García señalo que son muchos los hostigamientos  que han sufrido por la culpa de Eliseo Villar, “desde el momento en que Eliseo Villar, ha desconocido a la Casa de Justicia del El Paraíso, hemos sido hostigado por militares, tal como se dio y el arresto de nuestros compañero, no podemos seguir así, porque nosotros sí estamos dentro de la CRAC, así lo reafirmó la asamblea del día 31 y el sigue negándose a aceptarlo, los que conocemos el reglamento de la CRAC, sabemos que la decisión la tiene la asamblea y no sólo una persona.
El coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ernesto Morales Castro, dijo que no están conformes con la manera que está actuando Eliseo Villar Castillo, pero seguirán apostando a la decisión de la asamblea y no a la decisión de algunos líderes que sólo buscan figurar, todas estas irregularidades serán presentadas en la reunión del día 21 para pedir que sean evaluados los  trabajos de los compañeros, porque los que están detenidos son inocentes y eso no puede seguir así dijo”.
En tanto familiares de los aún detenidos pidieron que pronto sean liberados, “no son delincuentes, ni son animales para que estén negociando con ellos, son gente que trabaja y que tiene familia qué mantener y que ya no queremos que sigan presos porque no son delincuentes”, dijo una de las esposas.
Uno de los liberados, Aurelio Jiménez Hipólita, relató que en el momento de su detención no sufrieron golpes, pero sí amenazas por parte de los policías federales que los llevaron en un helicóptero. “Nos decían que si nos movíamos nos mataban en ese momento, por lo que nadie intentó nada, hasta llegar a Procuraduría ahí estuvimos ocho días, y después en un hotel en Acapulco estuvimos arraigados, no nos golpearon, nos daban de comer o agua, lo suficiente, entendíamos que no son nuestros padres para tratarnos bien”, dijo.
Entre los asistentes estuvieron Prócoro Valente Gil, Arturo Campos Herrera, Valentín Hernández Chapa, Vidulfo Rosales y Ernesto Morales Castro, presidiendo la reunión previa en la cual no hubo acceso a los medios de comunicación.
Finalmente entre llantos policías comunitarios se reunieron nuevamente con sus familias, y dijeron que seguirán en pie de lucha.

Se reúnen la CRAC de Cirino y la UPOEG; buscan un frente con El Paraíso y Temalacatzingo

*La Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón exige la libertad de los detenidos de Ayutla y Olinalá y condena la actuación del Ejército, rechaza la Policía Rural, la credencialización y las comisiones de diálogo

En la asamblea denominada Reunión contra la represión y por la solidaridad, con unos 800 asistentes, ayer en esta comunidad, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) e integrantes de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón, disidente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Policía Comunitaria (PC), formaron una comisión para entablar pláticas con integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso y con la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, con la finalidad de hacer una reunión estatal más amplia y hacer un frente y así defenderse de los atropellos del gobierno.
En la reunión donde participaron dirigentes de la UPOEG y de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón, los oradores se centraron en la unidad de los organismos que se encargan de combatir a la delincuencia y proporcionar la seguridad a sus comunidades.
En su intervención el fundador de la CRAC, Apolonio Cruz Rosas, dijo que el dinero que se le dio a cada policía de la CRAC que dirige Eliseo Villar Castillo (diez mil pesos según se dijo) lo dio el propio gobierno, “para comprar conciencias”, que fue esa la condición para credencializar a los policías. Dijo que los dirigentes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán ya están visitando las comunidades con la intención de quitar de los cargos a personas que les estorban.
Expuso que la propuesta de ellos como fundadores y de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón es seguir con el proyecto original de la CRAC, “limpio, sin veneno. Lo que se vaya a hacer será acuerdo de la asamblea, así empezaos y así vamos a seguir”, que en caso de que los coordinadores o alguien con algún cargo cometa algún atropello, la asamblea lo sancionará, “sobre ese camino debemos de seguir trabajando”,  dijo a los presentes.
Por su parte el comandante regional del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, Ernesto Gallardo Grande, dijo que es necesario que los grupos de seguridad que existen en el estado se unan porque están “contra un monstruo, no estamos contra algo sencillo”, que reconoce que en el área de San Luis Acatlán no hay una delincuencia como lo que se vive en otros municipios como Cruz Grande, Xaltianguis y otros en los que Policía Ciudadana tiene presencia, que en estos municipios el pueblo se organizó y en pocos días logró reducir el número de secuestros, extorsiones y robos, que ahora empiezan a surgir de nueva cuenta.
Expuso que antes no tenían problemas con el gobierno, que esto fue después de que los pueblos empezaron organizarse para abatir la delincuencia, “¿acaso por perseguir a delincuentes, vamos a acabar todos perseguidos?”, cuestionó. Dijo que luego de lograr la tranquilidad en los pueblos, ahora el gobierno federal está militarizando las zonas de influencia de la UPOEG con el “pretexto” de instalar los comedores comunitarios como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Afirmó que luego del empiezo de la militarización, en el municipio de San Marcos, regresaron las extorsiones y asesinatos y que incluso anteayer hubo un secuestro.
En la reunión se estuvo entregando a los asistentes un escrito de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón, en donde se señala que el problema que existe en la CRAC es por la imposición de personas que con ideas verticales y la falta de definición política ante el gobierno “lastimaron nuestro proyecto. Se dejó de consultar a los pueblos”, que por ello es necesario reconstruir el territorio comunitario, “donde el pueblo manda y el gobierno obedece”. Se enfatiza que el Estado ha estado usando  todo tipo de artimañas “para confrontarnos, dividirnos, cooptarnos, comprarnos”.
Exponen que el gobierno federal y estatal ocuparon a los supuestos dirigentes para difamar a las comunidades con desinformaciones, pues éstos recibieron dinero y con esto le dieron la espalda a las comunidades; que el poder enloqueció a los dirigentes “que incluso llegaron agredir y encarcelar a nuestras autoridades”, en clara alusión al actuar del coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo. Se ejemplifica el desalojo violento que se dio el 12 de febrero a cargo de “ilegítimas” fuerzas especiales de la CRAC, que ello quedará marcado en la memoria de los pueblos.
Explican que es necesario que la CRAC-PC recupere su esencia y sus principios, que las autoridades comunitarias, coordinadores y consejeros no pueden “andar por la libre” porque pueden ser cooptados por el poder y el dinero. Reiteran que la asamblea es y será la máxima autoridad para que nadie negocie a espaldas del pueblo.
En el documento  los integrantes de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón municipio de Malinaltepec condenan la actuación del Ejército, rechazan el mando único y la propuesta de la creación de la Policía Rural pues atenta con la “autonomía y la libre determinación” de los pueblos indígenas. Asimismo rechazan la credencialización, las comisiones de diálogo “representan una burla” y exigen la libertad de los detenidos de Ayutla y Olinalá.
En la reunión estuvieron representantes de la UPOEG de los diferentes municipios de Costa Chica, el dirigente de esta organización, Bruno Plácido Valerio; los coordinadores de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón; autoridades comunitarias aglutinadas en esta casa y Policías Comunitarios de las comunidades aledañas, con alrededor de 800 asistentes.
Bruno Plácido Valerio confirmó que su compañero Enrique Zarco fue detenido por el Ejército cuando iba de regreso, luego de tener la reunión en Playa Ventura, asimismo dijo que los castrenses retuvieron un autobús donde iban simpatizantes de la UPOEG, dijo que espera que este lunes quede libre. Expuso que todo esto forma parte de la represión del gobierno federal. (Misael Damián / El Carmen, San Luis Acatlán).