Ahora pide el gobernador que los diputados analicen y, dado el caso, reformen la Ley 701

*Los llama a analizar “con detenimiento los alcances de una ley secundaria” que debe de estar sujeta a lo que establece la Constitución, dice el gobierno estatal de la norma en que se ampara la Policía Comunitaria

Redacción

Chilpancingo

A cuatro días de que el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijera en su comparecencia ante diputados locales que la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas “se ha convertido en un Caballo de Troya”, el Ejecutivo estatal pidió este domingo al Congreso local un “exhaustivo análisis” de dicha ley, “con valentía y sensibilidad ante la ambigüedad de su contenido”.
Con ello, también se pretende normativizar la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), “a fin de mantener una gobernabilidad democrática en el estado”, dice el comunicado.
Mediante un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que para el gobernador Ángel Aguirre Rivero “es importante equilibrar esfuerzos en los retos que enfrenta la sociedad, por lo que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad deben de atender con valentía y sensibilidad el estudio de la Ley 701 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que se convierta en un sistema alternativo de justicia en beneficio de los pueblos originarios”.
Citando como fuente al mismo secretario de Gobierno, Martínez Garnelo, el boletín agrega que el funcionario manifestó que “es necesario que los integrantes de la 60 Legislatura de Guerrero analicen con detenimiento los alcances de una ley secundaria, que debe de estar sujeta a los principios y lineamientos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, y en el marco fundamental del derecho que establecen los protocolos de Estambul, los tratados internacionales y los reglamentos y estamentos del Organización Internacional del Trabajo”.
Luego, precisó el funcionario que ante la problemática que enfrenta la CRAC, fundada desde 1995, bajo un reglamento interno, “que no pasó a análisis del Poder Legislativo, es urgente que se formalice su estudio, a fin de mantener una gobernabilidad democrática moderna en el estado, sin que trasgreda los usos y costumbre que la propia Constitución Política les brinda en los artículos 14, 16, 19 y 21”.
Según el boletín, Martínez Garnelo puntualizó que los tres poderes del estado “tienen que matizar con pauta, su seguimiento de orientación y coordinación a los grupos de personas que estén agrupadas para un bien común, dentro del marco legal en cuanto a seguridad y justicia”.
El funcionario expresó que no existe una contradicción en las leyes; “existen malas interpretaciones que quieren hacer valer una ley a la que le falta ser analizada, y si se quiere modificada, pues la Ley 701 se aprobó 10 días después del arribo al gobierno del estado de Ángel Aguirre Rivero, en la cual se hacía valer el respeto de los usos y costumbres como un derecho moral; más no da garantías para no respetar la propia Constitución en términos de la Ley Suprema y de la Ley Federal y Local del sistema de seguridad pública”.
Reconoció que la Policía Comunitaria siempre ha estado presente en la vida de los pueblos originarios, “denominados de muchas formas como policías serenos, montada, rural, entre otros, pero su resurgimiento nace ante la fenomenología social que se da por la irrupción de la delincuencia y es por ello, donde toma su importancia para que a través de un análisis y estudio de la Constitución se fundamente su sistema alternativo”.
Garnelo, agregó que muchas causas sociales motivan a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que entren al análisis de la eficiencia y de la operatividad de la Policía Comunitaria, “y en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quien muestra su interés social y sensibilidad de hacer valer el estado de derecho, ha tomado como reto en examinar y modificar los alcances de la Ley 701 y el derecho constitudinario para lograr adecuar y modificar los alcances de la ley”
“Esta ley no tiene porqué vulnerar ningún artículo de la Constitución de la República; se tiene que establecer un equilibrio de poderes para que juntos propongan una alternativa para las comunidades y logren una realidad mucho más cercana a lo que en verdad requieren”, sentenció el funcionario, según el boletín de prensa.
Y concluyó que si la 60 Legislatura local, el Ejecutivo y Judicial logran este nuevo reto, “será la punta de lanza para hacer valer la soberanía de las demás etnias del país, ya que se estará logrando una transformación en este sistema de alternativa común, tanto en materia penal, civil, mercantil y familiar con visión contemporánea para México y el mundo”.