Silvestre Pacheco León

Fraude electoral modelo
Cuando menos no ayuda a las fuerzas democráticas lo que afirma Jaime Avilés en su columna del pasado sábado 10 de marzo en La Jornada, titulado Fraude Electoral Modelo.
Decir que el fraude electoral del 2006 se realizó en los comité distritales “restando unos cuantos votos a AMLO y regalándole otros tantos a Calderón” es pecar de ignorancia porque debería saber que en los consejos distritales –que no comités– cada partido político tiene a sus propios representantes que reciben una copia de las actas de escrutinio y cómputo levantadas en cada mesa de casilla. La copia de ése documento es una prueba suficiente para que si contiene alguna irregularidad en las cifras inmediatamente se pueda separar del resto de los paquetes y luego abrirlo para resolver las inconsistencias.
Si Jaime Avilés exonera de esa lista de fraudeadores a los funcionarios de casilla habilitados en un sorteo que da cuenta del 10 por ciento del padrón electoral de ciudadanos insaculados, entonces la duda la pone en aquellos ciudadanos representantes de partidos que incluyen al suyo. Y no deja de ser cruel el hecho de que personas inteligentes puedan suponer que las derrotas son siempre culpa de los traidores pues de esa manera ellos mismos aparecen como incapaces de ver sus propios errores para corregirlos.
Yo como consejero ciudadano en el consejo local del IFE en Guerrero ahora entiendo las razones por las cuales los funcionarios de esta institución se negaron a la apertura de todos los paquetes en aquellas elecciones, pues sabían que al hacerlo ponían en duda todo el proceso en el que estaban involucrados no sólo los partidos, sino miles de ciudadanos que quizá carecían de militancia partidista pero que cumplieron con toda honestidad su papel como funcionarios de casilla.
Que yo sepa en éste país aún no hay quien expida constancias de honestidad y confianza y mientras tanto, los militantes de partidos y organizaciones que participan en el proceso electoral no tienen más remedio que confiar en la rectitud y destreza de sus compañeros habilitados como representantes de partido y candidato.
Jaime no debe olvidar que después del 2006 el Cofipe ha sido modificado por decisión de los partidos políticos que tienen representación en el congreso y que el hecho de no sumar ahora los votos de cada partido coaligado en las casillas no tiene otro propósito que de exponer ante la sociedad el verdadero tamaño de cada partido, pues por primera vez no serán los institutos coaligados quienes negocien y decidan el porcentaje de votos que corresponderá a cada quien, sino los propios electores que pueden votar por x o y de los partidos coaligados y no necesariamente por cada uno de ellos.
Si él piensa que las cifras contenidas en las actas que se levantarán en las mesas de casilla podrán ser alteradas en los “comités” distritales, sus oponentes podrían pensar lo contrario y con ése razonamiento llegaríamos a un absoluto contrasentido. Las elecciones no tendrían ningún chiste y menos formar partidos políticos en los cuales cualquiera dudaría de la honestidad de sus propios compañeros.
Si la participación electoral es el medio privilegiado de la democracia para el cambio de gobierno, resulta contradictorio que haya quienes tomen ése camino negando de antemano la limpieza de la justa electoral.
En el colmo de su torcido razonamiento Avilés dice que en el conteo del “comité” distrital, si los funcionarios de casilla son “mapaches” se podrán anular las boletas a favor del candidato x agregando un tache al escudo de cualquier partido que no esté en la coalición de su candidato. Es decir que a estas alturas de su razonamiento, ya los ciudadanos insaculados y habilitados como funcionarios de casilla tampoco se salvan del juicio y del calificativo de fraudeadores porque Jaime cree que ellos como “mapaches”, seguramente a la hora del escrutinio y cómputo, se pondrán a repartir taches en las boletas para que en el “comité” distrital se anulen.
Se le olvida al columnista que es en las mesas de casilla donde se determina y cuentan los votos nulos, no en los “comités” distritales, pues cuando los funcionarios de casilla llevan los paquetes de los votos a entregar es porque ya contaron las boletas usadas para votar y han inutilizado las sobrantes. De manera que si nadie observa inconsistencia en las actas, los paquetes de esas casillas pasan como buenas, dejando pendientes de revisar precisamente los paquetes de las casillas cuyas actas tienen alguna inconsistencia.
Entre lo que luego llama las “posibilidades de fraude” Jaime Avilés dice más adelante, en su columna, que la segunda posibilidad de alterar los resultados de la voluntad ciudadana se da cuando los funcionarios de casilla, junto con los representantes de partidos, caminan rumbo al “comité” distrital, en cuyo trayecto de tan grande y diversa comitiva se podrían alterar los números.
Imagínese lector que mientras el representante de partido llega corriendo a su casa de campaña con el acta de los resultados para realizar su propio conteo y estando en contacto, porque ahora se puede, con su representante en el “comité” distrital, le van a cambiar los números y va a mantenerse callado.
Si las fuentes a las que recurre el autor de Desfiladero para identificar a los mapaches electorales fueran confiables, me parecería sospechoso que se estuviera reservando dicha información para después de consumados los hechos, pudiendo desde ahora evitar sus acciones.
Cuando menos en el caso del estado de Guerrero su afirmación acerca de que el IFE contrató como capacitadores asistentes electorales a ciudadanos que fueron representantes de partido en 2009 es falsa, porque con suficiente oportunidad cada partido tuvo en sus manos los nombres de dichos representantes precisamente con el propósito de evitar su contratación.
Si los representantes de los partidos no hicieron observaciones por su propio interés, de todas maneras los 60 consejeros ciudadanos, locales y distritales verificamos que en la contratación no se violara la norma que prohíbe contratar como supervisores y capacitadores a quienes fungieron como representantes de partido en la elección federal pasada.
Recuerdo que un viejo dirigente del PMT a falta de destreza para ganar una discusión llegó a utilizar como argumento para buscar la expulsión de quienes en aquel partido disentíamos de ciertos hechos de la vida partidista, el ser inteligentes, pues le parecía que la inteligencia era de origen aliada del gobierno. Así para Jaime Avilés, son sospechosos de ser mapaches los seleccionados como CAEs por el IFE porque (tienen) “bastos” (sic) conocimientos electorales; pero lo que él ignora es que en la selección de estos empleados temporales del IFE no sólo se calificaron sus conocimientos electorales, sino otras habilidades que tienen que ver con las técnicas y experiencia requeridas para lograr una buena comunicación con los ciudadanos a capacitar.
En toda su argumentación Jaime Avilés se contradice, pues luego de calificar al 3 por ciento de los CAEs como mapaches por sus “bastos” (sic) conocimientos electorales, nos sale conque quienes obtuvieron las más altas calificaciones en el exámen para resultar seleccionados y contratados por el IFE lo hicieron con trampa porque alguien les dio la clave de las respuestas, una acción imposible si uno se atiene a las medidas de seguridad que el instituto implementó para evitar esa eventualidad.
De acuerdo con el columnista de La Jornada los encargados de adulterar la voluntad ciudadana para el modelo de fraude que anuncia, serán los capacitadores electorales y, aunque no lo dice, quienes conocemos la mecánica del proceso electoral estaríamos suponiendo que dichas personas serían las encargadas de corromper a los ciudadanos seleccionados como funcionarios de casilla para hacerlos que se arriesguen a jugar un papel tan burdo como es el de manipular las boletas electorales en la propia mesa de votación donde tantos ojos de los representantes de los diferentes partidos y candidatos observan y pueden protestar, papel que se me hace verdaderamente imposible que puedan jugar sin ser descubiertos.
Pero en honor a la verdad lo que en Guerrero me ha sorprendido y espero podérmelo explicar, es el abultado número de ciudadanos (185) que habiendo obtenido calificaciones suficientes para competir por el cargo de supervisores electorales, optaron por el trabajo de CAEs.
Para concluir su artículo Jaime Avilés habla también de las secciones de atención especial confundiéndolas con casillas. Las secciones de atención especial no son algo que se instala, sino una delimitación geográfica o asentamiento humano en los que pueden habitar desde 650 a mil 500 habitantes que corresponden a una sección electoral y donde puede haber una o más casillas.
Las secciones de atención especial se denominan así porque en ellas se observan problemas que requieren de una atención particular. Esas son las que tienen un alto grado de dificultad para encontrar y capacitar a la cantidad de ciudadanos insaculados para que se desempeñen como funcionarios de casilla, como son las zonas de alta marginación, de analfabetismo, emigración, discriminación. En fin, más de 20 razones hay enlistadas para que tengan esa caracterización.
Las casillas especiales son aquellas que se instalan luego de estudiar la movilidad de la población y constituyen un esfuerzo especial para acercar a los ciudadanos los medios para que cumplan con su derecho a sufragar. Los centros turísticos suelen contar con las casillas especiales para que los ciudadanos de cualquier parte del país puedan votar por presidente de la república y para que los ciudadanos de un estado que el primero de julio se encuentren fuera de su domicilio pero dentro de su estado puedan votar por presidente y senadores, y para que los ciudadanos que estén fuera de su sección pero dentro de su distrito puedan hacerlo por el candidato a diputado federal.
Tengo un amplio reconocimiento por la actividad que despliega Jaime Avilés, pero la lectura de su columna del 10 de marzo me provocó pena y desazón, pues además de no aportar nada positivo para alentar la participación ciudadana en el cambio democrático de gobierno, agrega al proceso una carga de desconfianza que agrava el clima que queremos de paz.