Atentado contra los derechos indígenas, el intento de reformar la Ley 701, advierte Tlachinollan

*Sería “regresiva, autoritaria e intolerante”, afirma Abel Barrera Hernández, director del organismo independiente de derechos humanos. Denuncia el “racismo jurídico” del gobierno del estado y denuncia que son “fascistoides” las posturas que ha asumido contra la CRAC

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de De-rechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Her-nández, opinó ayer que la petición del gobierno estatal al Congreso local para que revise la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, forma parte de un plan “deliberado”  urdido desde las altas esferas del poder para acotar los derechos que tienen los pueblos originarios.
En un comunicado emitido el domingo pasado, el gobierno del estado llamó a los diputados locales a ser “valientes y sensibles” para modificar esa ley, pues dijo que “debe estar sujeta a los principios y lineamientos” de  la Cons-titución federal, los protocolos de Estambul, los tratados internacionales y los reglamentos de la Organización Internacional del Trabajo.
Y también se pretende normar a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, pues de acuerdo con el comunicado el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, precisó que el reglamento de ésta “no pasó a análisis del Poder Legislativo”.
Al respecto, el director de Tlachinollan, organismo que ha venido acompañando en la asesoría legal a la institución comunitaria desde su formación, dijo que esta reforma sería para acotar los derechos de los pueblos indígenas y sería un atentado más a sus derechos por parte de las elites del poder, que no han entendido el espíritu que tienen los derechos y la cultura indígena en los que sustentan su forma de organización.
Entrevistado vía telefónica, Barrera Hernández agregó que por eso sería una reforma “regresiva, autoritaria e intolerante”.
Y es que explicó que los derechos que tienen los pueblos indígenas persisten desde antes que llegaran los conquistadores españoles, y que, por tanto, la reforma que se pretende a la CRAC tiene visos de “racismo jurídico” por parte de las políticas públicas del gobierno.
Y en ese sentido calificó de “visión etnocéntrica” la de la clase política, al no permitir que los indígenas sean gobierno y jueces, “a pesar de que son personas que tienen derechos y que cualquier cambio en sus formas de auto gobernarse se les tiene que consultar”.
Pero dijo que hoy existe una clase política “miope” y que por un acuerdo político han puesto en marcha todo un plan perverso para conculcar los derechos que se han ganado a pulso los pueblos y las comunidades indígenas.
Barrera Hernández añadió que las posturas que han asumido las autoridades en cuanto a la CRAC son “fascistoides” y que no toleran el avance y la organización de los pueblos y comunidades originarias.
Explicó que hay ejemplos en donde los pueblos originarios han avanzado mediante su propia organización, y citó los casos de Bolivia y Ecuador, “en cambio, aquí, vamos para atrás y en detrimento de los pueblos indígenas”.
Barrera Hernández agregó que el gobierno nunca les ha dado nada a los pueblos originarios y que todo se lo han ganado a pulso, “y hoy que tienen sus derechos se los quitan para colocarlos fuera de la legalidad”.
El director de Tlachinollan agregó que hoy quienes se empeñan en que los pueblos y comunidades originarias no tengan justicia, “es un gobierno corrupto y coludido con la delincuencia”.
Advirtió que los pueblos tienen sus propios mecanismos de resistencia  y su forma de organización y que si finalmente se da el “zarpazo” va a tener un costo político muy grande.