El gobierno rechaza el tribunal popular pero no cambia sus instituciones sin credibilidad, se queja Bruno Plácido

*Los mil efectivos del Ejército que llegaron a Chilpancingo el lunes se trasladaron a la Costa Chica en la zona de influencia de la UPOEG, trasciende

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio se quejó de que el gobierno del estado rechace el tribunal popular que comenzó la Policía Comunitaria hace 18 años y retomó el Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC), pero no habla de cambiar las instituciones de seguridad y justicia que carecen de credibilidad ante la población.
Por ejemplo, recordó que la UPOEG ha entregado a muchos detenidos que liberó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a pesar de que estaba comprobado que eran criminales, “no cumplen con su papel, sólo dicen no al tribunal popular, pero no hablan de cambiar el sistema penitenciario ni de administración y procuración de justicia”.
Exigió que las instituciones de seguridad y justicia piensen en mecanismos para recuperar la confianza de la población, porque en una asamblea en Ayutla estaban por definir si entregaban a los dos policías ministeriales detenidos el lunes en flagrancia, extorsionando a comerciantes.
El dirigente fue entrevistado en el Congreso local, donde se supo que los cerca de mil soldados que llegaron el lunes a Chilpancingo se trasladaron a la región Costa Chica, zona de influencia de la UPOEG y que podrían liberar a los retenidos que la Policía Ciudadana tiene en El Mesón.
Plácido Valerio reveló que la población no estaba dispuesta a más atropellos y se había organizado para evitar que los soldados se llevaran a sus detenidos o pretendiera quitarles sus armas, pero a las 9 de la noche no se había reportado ningún percance.
Sobre los ministeriales detenidos en Ayutla de los libres, detenidos porque estaban cobrando cuotas de 500 pesos a los comerciantes del mercado municipal y a otras personas, indicó que en asamblea se iba a determinar si los entregaban a las autoridades.
También señaló que en Marquelia hay otra célula de extorsionadores, pero se reservó los datos para evitar que los acusen de vincular a funcionarios con la delincuencia organizada.
Aclaró que su organización está en un proceso de mediación con las autoridades estatales y por esa razón revisaban si entregarían a los dos ministeriales, sólo si recibían garantías de que serán  juzgados con imparcialidad, pues, “a la PGJE hemos entregado a muchos pero los liberan”.
Recordó que cuando comenzaron como autodefensa entregaron a 54 personas ligadas al crimen organizado, entre ellas  al director de Seguridad Pública de Tierra Colorada, pero liberaron a más de la mitad, “con pruebas y con todo, aún así los liberaron. Entonces vemos que el estado opera en favor de la delincuencia sobre los ciudadanos”.
Aclaró que no confía, pero que será tolerante con las instituciones, “para que se den cuenta que somos personas de diálogo, pero no vamos permitir que en nuestra zona se incruste gente para utilizarnos, para confrontarnos ni para convertirnos en víctimas porque de eso la gente está harta”.
Reiteró que la gente está dispuesta a defender con todo sus derechos como ciudadanos.
En otro tema se negó a precisar el número de detenidos que tienen en El Mesón, pero aseguró que que están ahí por delitos menores.
Asimismo adelantó que están en proceso de resolver un secuestro en Tecoanapa, donde hasta hace dos días los criminales pedían 150 mil pesos de rescate. Destacó que, como organización, están obligados a garantizar seguridad en la Costa Chica desde Tierra Colorada, “no cuidamos todos, no sólo a los que tienen más, por eso hay mucha solidaridad en este movimiento”.
De las instituciones de seguridad y justicia insistió en que todos han perdido la confianza, “ellos tienen que trabajar un proceso para recuperar la confianza de los ciudadanos. Tienen que trabajar un proyecto que le dé confianza a la gente”. Estimó que van a entregar a sus detenidos para darles otra oportunidad.
De la petición del gobernador Ángel Aguirre Rivero a los diputados para que modifique la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena, señaló que los únicos que deben debatir o ceder son las comunidades.
Consideró que así como está, la Ley 701 está limitada y si se va a reformar debe ser para incrementar los derechos de los pueblos originarios, no para reducirlos.