Presenta la autodefensa a los dos ministeriales que extorsionaban en Ayutla; no van autoridades federales

*Como ya no había narco, nos dijeron que ellos cobrarían la cuota porque tomarían el poder, relatan comerciantes. En la tienda de autoservicio los citaban, precisa Ernesto Gallardo. De a usencia de enviados de la federación a los qu losentregarían dice que eso significa que no quieren diálogo. Los entregará al gobierno del estado, porque así lo acordó Bruno Plácido en Chilpancingo, informa. “No somos delincuentes, como tampoco lo es la compañera Nestora que por defender al pueblo y trabajar por la seguridad la arrestaron, pues estamos tocando intereses fuertes”, menciona

De la corresponsalía

Ayutla

El Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) presentó ayer en esta cabecera municipal a los dos policías ministeriales que detuvo cobrando cuota a comerciantes el lunes y a dos varones más que tiene acusados de violación.
El coordinador de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande precisó que los agentes no estaban extorsionando en la tienda de autoservicio Bodega Aurrerá, sino a los comerciantes del mercado, a los que les pedían 500 pesos para dejarlos vender pero los citaba en ese lugar.
Informó que pidió al gobierno federal que enviara a algún representante para entregarle a los cuatro presuntos delincuentes, pero que en lugar de enviar una comisión “nos están enviando militares para continuar con el hostigamiento, por lo que ahora se estará planteando una nueva estrategia para entregar a estas dos personas pero bajo un condicionamiento de garantizar la seguridad de los policías ciudadanos”, dijo y consideró que eso es una señal de que al gobierno no le interesa el diálogo con el SSC.
Agregó que por eso ocultarán a los cuatro que presentó para que no sean liberados por las fuerzas castrenses.
De los presuntos violadores las víctimas son dos mujeres, una que vive sola en la cabecera municipal y otra que fue sustraída de su casa en la comunidad de El Pericón, Tecoanapa, de la primera su padre tuvo que recurrir a los policías ciudadanos pues no tuvo respuesta de las autoridades establecidas, relató en la casa de gestoría de la UPOEG en Ayutla.
Los agentes ministeriales retenidos son Víctor Cuellar Ramírez y Alfredo Jiménez Obregón, por quienes la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “no ha metido las manos”.
Los policías ciudadanos les decomisaron la camioneta Ford Lobo del Ministerio Público que mantuvieron afuera de las oficinas de la UPOEG, dentro había un fusil AR-15 en el asiento del chófer y una pistola de calibre 9 milímetros, en la parte de atrás sobre la alfombra de la camioneta.
Más tarde, vía telefónica Ernesto Gallardo mencionó que a las 4:30 de la tarde de ayer acudió a la casa de gestoría el fiscal de la Procuraduría estatal, José Vélez Zapata, quien tiene sus oficinas en Ometepec, “la cita con el fiscal era a las 11 de la mañana para entregarle a sus compañeros, pero como no asistió decidimos que se quedaran bajo el resguardo de los pueblos y debido al despliegue militar en la zona serán entregados al gobierno del estado, eso ya lo está viendo el compañero Bruno Plácido Valerio, para entablar un diálogo con el gobernador, para ver las condiciones para la entrega de los agentes, la camioneta del Ministerio Público y las pruebas, no estamos negados entregarlos, pero como ya lo dijimos queremos que se aplique la justicia”.
Los otros detenidos son Antonio Vázquez Gálvez, capturado en Acatepec, a quien se le decomisó un arma 9 milímetros y Pedro Rodríguez Organista, originario de El Pericón, Tecoanapa pero vecino de Ayutla, quien después de cometer la violación contra la mujer que llevó bajo amenazas a un cuarto de hotel, la golpeó y huyó a la montaña, donde fue capturado.
“No podemos confiarnos y ahora solicitaremos bajo documento firmado que se garantice el castigo de estas personas, pues cuando entregamos al grupo de detenidos el pasado 31 de enero ninguno fue condenado a pesar de entregar videos y testimonios de sus delitos, ahora están libres y solo cambiaron a la procuradora que de nada sirvió porque no han resuelto el problema”.
Relató que lo mismo sucedió con los que detuvieron en Tierra Colorada “también ahora están libres a pesar de presentar las pruebas, por eso tenemos un Estado de derecho fallido, no hay Estado de derecho en Guerrero”, consideró.
Tras presentarlos, Gallardo Grande expresó “lo que le cuestiono al gobierno estatal y al gobierno federal, es ¿por qué con la llegada del Ejército repuntó la inseguridad en los pueblos? Nosotros en un mes garantizamos la seguridad, ellos en dos semanas repuntaron la delincuencia hasta el 90 por ciento, otra vez hay secuestros, asaltos, extorsiones, robo de autos, si ellos no pueden hacer su trabajo que dejen trabajar a los policías ciudadanos”.
Pidió “que el gobierno entienda que no somos delincuentes, como tampoco lo es la compañera Nestora (Salgado García, dirigente de la Policía Comunitaria de Olinalá) que por defender al pueblo y trabajar por la seguridad la arrestaron, pues estamos tocando intereses fuertes”.
Siguió “yo le pregunto al gobierno si ese es el Estado de derecho para ellos, no estamos en contra de los militares pero que tampoco los pongan en nuestra contra cuando también han fallado, que mejor vayan y pongan orden a donde está el problema de los desplazados, sólo los mandan a nuestro territorio porque no tienen la capacidad para detener a la delincuencia, invito al gobierno a que haga una balance de cómo viven en Acapulco y Chilpancingo y cómo estábamos viviendo tranquilamente en la región antes de que nos replegáramos por 12 días”.
“Nos queda claro que el gobierno no nos deja actuar porque su misma gente esta delinquiendo, no lo digo yo, lo dicen los hechos”, agregó.

Relatan los hechos las víctimas de violación y extorsión

Durante la conferencia los policías ciudadanos grabaron en video las declaraciones que brindaban a los medios de comunicación para presentar las pruebas ante las autoridades para castigar a los acusados de violación.
Las víctimas relataron que ante la inseguridad y el temor de perder sus vidas solicitaron la intervención de la Policía Ciudadana.
Una joven indígena que fue violada presentaba varios golpes. Rememoró que esa noche como todas salió a cenar “cuando siento que alguien me agarró por la espalda y me jaló los cabellos”.
Su atacante la amenazó que si gritaba la mataría a ella y a su familia, “me jaló de los cabellos y me subió a un carro y me llevó a un hotel, me dijo que si gritaba mataría a mi familia, al entrar al cuarto me aventó contra la pared y perdí el conocimiento no supe de mí, quedé inconsciente”, reveló la menor que no podía parar de llorar.
Su padre narró que para dar con su hija se desgasto física y mentalmente, “yo me enteré el día domingo que mi hija no había llegado al cuarto donde ella rentaba y pensé que se había ido de novia pero ya habían pasado más de cuatro días y no sabía nada de ella y me preocupé. Fui a las autoridades a pedir apoyo pero sin tener respuesta de ellos, la busqué por todas las calles y nada, hasta que encontré una pista y me dijeron que subiera a la montaña y que allá podría encontrar al acusado, y fue cuando pedí el apoyo a la Policía Ciudadana y me subí hasta la montaña arriesgando la vida muchos policías ciudadanos, cosa que el gobierno no hace, ellos no arriesgan la vida por nosotros”.
“Subimos arriesgando la vida de los comisarios, consejeros y policías que me acompañaron y allá lo encontramos y ahora está aquí detenido, yo pido que se castigue conforme a los pueblos, porque es una vida humana la que yo pensé que ya se había perdido y ahora me da gusto que pudieron agarrar a Antonio Vázquez, lo encontramos en la montaña y lo bajaron los policías ciudadanos, al encararlo pudimos saber que él había golpeado a mi hija cuando por amenazas de muerte la llevó a un cuarto de hotel y la dejo ahí inconsciente hasta después de 7 días la volvimos a encontrar”, relató.
Otros tres, empleados de una empresa gasera y víctimas de extorsión, dieron a conocer que fueron detenidos por los agentes de ministeriales, quienes les pidieron el pago de cuota o cobro de piso por trabajar en la cabecera municipal:
“A nosotros nos pararon los judiciales y nos dijeron que como ya no había narcos, ahora ellos cobrarían la cuota porque ellos tomarían el poder en Ayutla y que teníamos que pagar 500 pesos por cada camioneta, nosotros por temor dijimos que sí, por eso desde hace días, buscamos al comandante de la Policía Ciudadana para pedir ayuda porque la verdad apenas si ganamos para el sustento de la familia y no hay para pagar cuota”.
“Antes todos pagábamos y lo hacíamos porque sabíamos que el narco era el que nos pedía la cuota, pero no se vale que ahora las mismas autoridades nos quieran chingar, ellos nos citaron en ese lugar, porque no querían que le lleváramos el dinero a la comandancia, nos dijeron que teníamos que ir a darles dinero a donde ellos nos dijeran y así lo hicimos y fueron detenidos por los policías ciudadanos cuando nosotros les estábamos dando el dinero de la cuota que nos estaban cobrando, por eso ellos están aquí ya detenidos, porque estamos cansados de los abusos, primero el narco y ahora como ya no hay narcos dicen los judiciales que serían ellos los que nos cobrarían la cuota”.

Se movilizan ante acciones
militares

Mientras se daba la conferencia algunos policías ciudadanos informaron que se estaban desplegando nueve convoyes y una camioneta artillada de militares en la carretera Ayutla-Cruz Grande, lo que les hizo pensar que los soldados se dirigían a la comunidad de El Mesón en donde tienen a sus retenidos, era alrededor de la 1:30 de la tarde y Gallardo Grande dio la orden de mover a los retenidos.
También ordenó que todos se concentraran en el Mesón y sus alrededores, por lo que en el crucero de El Zapote, punto medular para llegar a las comunidades de la Montaña y Costa Chica, se congregaron alrededor de 350 simpatizantes de la autodefensa sin armas ni el uniforme que los identifica como policías ciudadanos, portaban machetes y garrotes para resguardar el área.
Se constató que en los pueblos mujeres y hombres se desplegaron sobre los caminos que conducen a la comunidad para resguardar el área en caso de que las fuerzas castrenses intentaran rescatar a los policías ministeriales detenidos.
Se comprobó que en la comisaría que se usa como celda no se encontraban los detenidos y los encargados del lugar informaron que desde la semana pasada ya habían liberado a los últimos presos, también les dieron la orden de ir a dejar sus armas y retirarse su uniforme de policía ciudadano y llamar al pueblo a que saliera a las calles en caso de una incursión militar.