Arturo Solís Heredia

CANAL PRIVADO

*Entre los efectos y las causas

Las contradicciones del discurso y los contrastes de las decisiones del gobernador Ángel Aguirre Rivero acerca de las movilizaciones ciudadanas de autodefensa y las policías comunitarias no son efectos de la indecisión personal ni de la incongruencia política… al menos en sentidos estricto y voluntario.
Apenas hace un par de semanas decía en este espacio que estaba seguro que al gobernador le resultaba muy difícil “definir opinión y asumir posición al respecto, atrapado en medio del abierto rechazo y antipatía del gobierno federal hacia los insurrectos, y la disposición firme y la acción decidida de sus paisanos armados.
“Estoy seguro de que el gobernador entiende al primero, aunque no comparta su hostilidad, tanto como que también entiende a los segundos, aunque no comparta su beligerancia desafiante.
“Seguro de que a Ángel Aguirre lo obliga y presiona su amistad personal y conveniencia política con el presidente (Enrique) Peña Nieto, tanto como lo obliga y presiona su responsabilidad personal y compromiso político con el pueblo guerrerense”.
Eso decía hace un par de semanas y eso redigo hoy, pues el gobernador cambió su discurso y decisiones sobre la policía comunitaria porque lo obligó la contundencia animosa del discurso y las decisiones del presidente Peña Nieto.
El 4 de septiembre, durante su gira por Canadá, Peña Nieto dijo a reporteros que no tolerará que existan personas que pretendan hacerse justicia por propia mano. “Es claro que ante el clima de inseguridad, hay grupos en algunas partes muy señaladas e identificadas que han recurrido a una organización propia para velar por condiciones de seguridad”, admitió, pero subrayó que “también es claro que tenemos que hacer valer el Estado de derecho: la ley por encima de cualquier pretensión de interés de grupo o personales”.
Sin duda, no fue cortés el gobernador al decir que las policías comunitarias se crearon para atacar delitos menores, y que solo pueden actuar “cuando alguien comete un escándalo o cuando alguien le falta a su mamá el respeto”, porque en delitos mayores tienen que entregar a las instituciones policiacas y ministeriales a los que detengan.
Sin duda, la detención de Nestora Salgado pareció un castigo, “un castigo en contra de una mujer en particular, para mandar una señal política en general”, le dijo la periodista Denisse Maerker al entrevistarlo en el programa “Atando Cabos” de Radio Fórmula, que ella conduce.
Pero también no hay duda de que Ángel Aguirre dijo y decidió más por presión y conveniencia, que por voluntad y coincidencia políticas con el presidente Peña Nieto.
Sabe que Guerrero, y por ende su gobierno, depende fatalmente de las participaciones, apoyos y recursos del gobierno federal. Una dependencia incómoda, injusta e inevitable siempre, que en buena medida baja o sube de acuerdo con la mala o buena relación que tenga el gobernador con el Presidente en turno.
Así de simple, cruda y pragmática es la realidad política mexicana, especialmente la guerrerense, y particularmente la del gobernador y su necesidad de concluir bien las obras prioritarias en los dos años que restan de su administración.
Sin embargo, Ángel Aguirre también sabe que la historia de las policías comunitarias no ha terminado, que le restan episodios y capítulos por escribir, tantos que resulta imposible predecir y menos decretar final alguno.
Sabe bien que los movilizados no regresarán a sus hogares y los comunitarios no entregarán sus armas, hasta que la inseguridad y la violencia criminal mengüen de manera clara y radical, y eso… le cuelga.
No hay duda de que el problema de las policías comunitarias es grave, complejo y delicado. Eso lo saben y entienden el gobernador, el Presidente y el resto de los mexicanos.
Sin embargo, ambos y ese resto resto necesitamos reconocer que el verdadero problema no son los policías comunitarios, en realidad ellos son la consecuencia de la incapacidad de los policías oficiales para combatir el crimen organizado y para garantizar la seguridad pública; sin duda, un problema mucho más grave, complejo y delicado.
Si me apuran el optimismo, aceptando que no está para bollos el horno, el fenómeno de las policías comunitarias podrían verse, como dicen los mercadólogos, más como una oportunidad que como un problema, siendo estas (como sin duda la mayoría lo son) producto de ciudadanos movilizados en una sociedad tradicionalmente apática, indolente y poco participativa, salvo las honrosas por escasísimas excepciones.
Nos urgen respuestas y soluciones a la violencia y la inseguridad, pero también nos urge reconstruir (refundar, reinventar, reparar) la confianza social en los cuerpos policiacos. ¿Por qué no aprovechar el impulso movilizador de esas comunidades (aunque nazca de la inconformidad y el temor) para intentarlo? Vale la pena. Claro, para hacerlo se requiere el compromiso, la participación, la voluntad y la buena fe del gobierno y la sociedad.
Por lo pronto, en la coyuntura de la detención de Nestora, el Presidente, el gobernador y casi todo el resto parecemos más preocupados y ocupados por los efectos que por las causas.

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