PRD, PRI, PVEM y MC apoyan a Aguirre para modificar la ley de derechos indígenas

*Están en contra de la “justicia por propia mano”, de “tribunales paralelos” y de los “abusos” de las policías comunitarias, dicen

*Evade el gobernador aclarar por qué pretende modificala. “Es una polémica que yo todavía no la tengo clara”, dice

*El gobierno rechaza el tribunal popular pero no cambia sus instituciones sin credibilidad, se queja Bruno Plácido

Apoyan a Aguirre los partidos en el Congreso para modificar la ley de derechos indígenas

*PRD y PRI, en contra de “tribunales paralelos”. En la comparecencia los funcionarios estatales hablaron de la necesidad de revisarla, revela Álvarez Angli, del PVEM. El MC habla de “abusos” de la Policía Comunitaria. Son indicaciones de Peña Nieto a Aguirre, afirma Salazar Marchán, del PT

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Los coordinadores de las fracciones en el Congreso local coincidieron en que es necesario revisar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, como se los pidió el gobierno del estado, porque consideraron que es “una ley incompleta”.
Dijeron que se debe precisar en la ley la inexistencia legal de tribunales ciudadanos.
Comentaron también que en la Comisión de Gobierno ya habían platicado sobre la necesidad de revisar o reformar la Ley 701, a partir de conatos de enfrentamientos que hubo entre policías municipales y en otras ocasiones con militares y policías comunitarias, pero que esta vez tratarían de manera formal el tema.
El coordinador de la bancada del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, dijo que en la comparecencia del gabinete de seguridad, no hubo una solicitud puntual del secretario de Gobier-no, Jesús Martínez Garnelo, de revisar la ley como lo hizo el domingo el gobierno del estado.
El coordinador de la bancada más grande en el Congreso local afirmó que sí es necesario “mejorar la Ley 701” y afirmó que deberá quedar claro en la legislación que no se puede permitir que “los ciudadanos sigan haciendo justicia por su propia mano”, lo que lleva al planteamiento del gobernador Ángel Aguirre de que po-drán detener a quienes cometan ilícitos pero de inmediato ponerlos a disposición de las dependencias estatales.
Se buscó al coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza, pero no atendió las llamadas, y el priista Héctor Astudillo Flores afirmó que el llamado del gobernador es entendible por los problemas que ha generado el que en la ley no estén reguladas las policías comunitarias, “la efervescencia y la cantidad de grupos que se han querido acomodar en el texto de la ley de derechos indígenas”.
Astudillo Flores afirmó que la Ley 701 menciona la existencia de la Policía Comunitaria, “pero no hay un capitulo que la desglose”, y consideró que la “revisión” va en el sentido de ampliarla.
Y que el cambio solicitado por el gobierno estatal, seguido de la solicitud de revisar o modificar la ley que los ampara, es porque los policías comunitarios “se salieron de las zonas indígenas”.
Después afirmó que el PRI y él de manera particular está “rotundamente en contra de los tribunales paralelos”, por lo que consideró que la Policía Comunitaria no debería impartir justicia.
El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Mario Ramos del Carmen, afirmó que la revisión es obigada por los “abusos” que ha cometido ?la Policía Comunitaria.
El coordinador de la bancada de cinco diputados consideró que hay “muchos problemas” que se deben prever en la ley, como el tipo de armamento que podrán utilizar y las demarcaciones en las que podrán portarlas, también qué delitos podrán ser “atendidos” por las policías comunitarias.
Arturo Álvarez Angli, del PVEM, dijo que en la comparecencia del miércoles pasado los funcionarios estatales hablaron de la necesidad de revisar la Ley 701 “y es una opinión compartida por la mayoría de los diputados”.
Álvarez Angli afirmó que varias veces habían platicado en la Comisión de Gobierno una posible revisión de esa ley, pero que no se había iniciado.
Afirmó que todas las leyes deben ser revisadas, y en el caso de la 701 consideró que requiere mayor precisión porque “se usa a conveniencia”,
El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Jorge Salazar Marchán, consideró también que la ley 701 está incompleta, porque  es enunciativa y “fue creada para justificar la existencia de la CRAC, que no encajó porque es un modelo de seguridad y justicia completo”.
Pero consideró que “la arremetida del gobierno estatal contra la CRAC es por un llamado de la federación” y que las acciones del gobernador son a partir de indicaciones que recibió del presidente Enrique Peña Nieto.

Evade el gobernador aclarar por qué pretende modificar la ley indígena

*Esa “es una polémica que yo todavía no la tengo clara”, dice

El gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo ayer que no sabía de los policías ministeriales detenidos en Ayutla por la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) mientras cobraban cuota, que no sabía de la captura del presunto líder del grupo delictivo Los Rojos, y que no tenía clara la polémica que se generó cuando su gobierno pidió el domingo pasado al Congreso revisar Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena.
Se excusó para hablar de esos temas con el argumento de que acababa de llegar del Distrito Federal, pero dijo que tendría una reunión con mandos militares y policiacos que integran el grupo Coordinación Guerrero, donde se le informaría de esos asuntos.
El gobernador y el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, inauguraron ayer las instalaciones del nuevo polideportivo de la colonia Jardín, ubicado en el lugar donde estaba el Cici.
En declaraciones después de la inauguración de las nuevas instalaciones, al gobernador se le preguntó sobre la captura del presunto líder del grupo delictivo de Los Rojos, Leonor Nava Romero El Tigre y dijo “pues no lo tengo, la verdad, confirmado”.
“Voy a tener una reunión ahora mismo del grupo de Coordinación Guerrero y seguramente, si se produjo esa detención, ahí me habrán de dar cuenta”, expresó.
Cuando se le preguntó sobre los dos policías ministeriales detenidos por la Policía Ciudadana de la UPOEG en Ayutla mientras cobraban cuota en la tienda Bodega Aurrerá, el gobernador reiteró que no sabía del tema, “tampoco tengo información, vengo llegando de la ciudad de México, ayer estuve allá como ustedes saben”.
También se le preguntó por qué su interés de modificar la Ley 701, y Aguirre Rivero dijo que esa “es una polémica que yo todavía no la tengo clara”.
Luego se refirió al boletín publicado por el gobierno del estado, en el que señala que el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que no hay la intención de modificarla “pero sí de impulsar una nueva ley reglamentaria complementaria de esa norma para fortalecerla”.
Aguirre dijo que no había hablado con Martínez Garnelo del tema, “ese tema no lo hemos tocado, lo vamos a tocar hoy”, y que lo abordaría en la reunión del grupo Coordinación Guerrero.
Del desarme de los dos policías ministeriales en Ayutla al momento de cobrar cuota, el gobernador dijo que esa información la conoció por los medios de comunicación y que prefería no opinar del tema.
“Voy a ver cuál sea la situación para no dar un traspiés desde el punto de vista periodístico”, dijo.
Sobre los señalamientos de la Policía Ciudadana, de que al replegarse a sus cuarteles por el hostigamiento del Ejercito volvió la inseguridad a sus comunidades, el gobernador dijo que “en todas parte se presentan delitos, no solamente en Guerrero, es un problema de carácter nacional pero que no estamos rehusando atenderlo”.
Sobre la intención de la UPOEG de que la integración de la Policía Ciudadana a la Policía Rural propuesta por el gobierno del estado se someta a consulta en las comunidades, el gobernador dijo que está abierto a que la ley se someta a una consulta popular, pero pidió a la UPOEG “propuestas concretas y específicas”, y a los diputados les dijo que valoren las propuestas, “pero lo más importante es que nadie puede estar fuera de la reglamentación, esa es una convicción que he tomado y en la que me acompañan la mayoría de los presidentes municipales. Nada fuera de la ley”.
Al anochecer, mediante un escueto boletín de prensa se informó que en la reunión del grupo Coordinación Guerrero “se analizaron los avances de la Operación Guerrero Seguro, las acciones de protección para garantizar el retorno de los desplazados a sus comunidades, y el reforzamiento de la vigilancia en las escuelas”.
Asimismo acordaron “el reforzamiento de las pruebas de control de confianza a los miembros de los cuerpos de seguridad estatal y municipales”.
En la reunión también “se evaluó la operación de los comedores comunitarios” que instaló el Ejército en comunidades de La Montaña y Costa Chica como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. (Daniel Velázquez).

El gobierno rechaza el tribunal popular pero no cambia sus instituciones sin credibilidad, se queja Bruno Plácido

*Los mil efectivos del Ejército que llegaron a Chilpancingo el lunes se trasladaron a la Costa Chica en la zona de influencia de la UPOEG, trasciende

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio se quejó de que el gobierno del estado rechace el tribunal popular que comenzó la Policía Comunitaria hace 18 años y retomó el Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC), pero no habla de cambiar las instituciones de seguridad y justicia que carecen de credibilidad ante la población.
Por ejemplo, recordó que la UPOEG ha entregado a muchos detenidos que liberó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a pesar de que estaba comprobado que eran criminales, “no cumplen con su papel, sólo dicen no al tribunal popular, pero no hablan de cambiar el sistema penitenciario ni de administración y procuración de justicia”.
Exigió que las instituciones de seguridad y justicia piensen en mecanismos para recuperar la confianza de la población, porque en una asamblea en Ayutla estaban por definir si entregaban a los dos policías ministeriales detenidos el lunes en flagrancia, extorsionando a comerciantes.
El dirigente fue entrevistado en el Congreso local, donde se supo que los cerca de mil soldados que llegaron el lunes a Chilpancingo se trasladaron a la región Costa Chica, zona de influencia de la UPOEG y que podrían liberar a los retenidos que la Policía Ciudadana tiene en El Mesón.
Plácido Valerio reveló que la población no estaba dispuesta a más atropellos y se había organizado para evitar que los soldados se llevaran a sus detenidos o pretendiera quitarles sus armas, pero a las 9 de la noche no se había reportado ningún percance.
Sobre los ministeriales detenidos en Ayutla de los libres, detenidos porque estaban cobrando cuotas de 500 pesos a los comerciantes del mercado municipal y a otras personas, indicó que en asamblea se iba a determinar si los entregaban a las autoridades.
También señaló que en Marquelia hay otra célula de extorsionadores, pero se reservó los datos para evitar que los acusen de vincular a funcionarios con la delincuencia organizada.
Aclaró que su organización está en un proceso de mediación con las autoridades estatales y por esa razón revisaban si entregarían a los dos ministeriales, sólo si recibían garantías de que serán  juzgados con imparcialidad, pues, “a la PGJE hemos entregado a muchos pero los liberan”.
Recordó que cuando comenzaron como autodefensa entregaron a 54 personas ligadas al crimen organizado, entre ellas  al director de Seguridad Pública de Tierra Colorada, pero liberaron a más de la mitad, “con pruebas y con todo, aún así los liberaron. Entonces vemos que el estado opera en favor de la delincuencia sobre los ciudadanos”.
Aclaró que no confía, pero que será tolerante con las instituciones, “para que se den cuenta que somos personas de diálogo, pero no vamos permitir que en nuestra zona se incruste gente para utilizarnos, para confrontarnos ni para convertirnos en víctimas porque de eso la gente está harta”.
Reiteró que la gente está dispuesta a defender con todo sus derechos como ciudadanos.
En otro tema se negó a precisar el número de detenidos que tienen en El Mesón, pero aseguró que que están ahí por delitos menores.
Asimismo adelantó que están en proceso de resolver un secuestro en Tecoanapa, donde hasta hace dos días los criminales pedían 150 mil pesos de rescate. Destacó que, como organización, están obligados a garantizar seguridad en la Costa Chica desde Tierra Colorada, “no cuidamos todos, no sólo a los que tienen más, por eso hay mucha solidaridad en este movimiento”.
De las instituciones de seguridad y justicia insistió en que todos han perdido la confianza, “ellos tienen que trabajar un proceso para recuperar la confianza de los ciudadanos. Tienen que trabajar un proyecto que le dé confianza a la gente”. Estimó que van a entregar a sus detenidos para darles otra oportunidad.
De la petición del gobernador Ángel Aguirre Rivero a los diputados para que modifique la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena, señaló que los únicos que deben debatir o ceder son las comunidades.
Consideró que así como está, la Ley 701 está limitada y si se va a reformar debe ser para incrementar los derechos de los pueblos originarios, no para reducirlos.