Entrega la autodefensa a los ministeriales que extorsionaban en Ayutla y se disculpa un funcionario de la Procuraduría

*Nos preocupa y nos da pena que gente de nuestra institución se vea implicada en este tipo de casos, ahora lo que prosigue es la investigación y la coordinación con los comandantes de la Policía Ciudadana para procesar a estos elementos y poder trabajar coordinadamente con el sistema ciudadano”, dice el titular del MP del distrito judicial de Allende. Niegan los hechos los acusados y acusan a los comerciantes gaseros de “ordeñar” los tanques

De la corresponsalía

Ayutla

El Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) entregó ayer al gobierno del estado a los dos policías ministeriales que capturó en flagrancia cuando cobraban cuota a comerciantes en Ayutla. Los acusados dijeron que son inocentes.
Ayer la autodefensa se reunió con sus consejeros, coordinadores, comandantes y policías ciudadanos en El Mesón, Ayutla, para entregar a los dos ministeriales, pero no llegó el fiscal regional José Vélez Zapata, nuevamente dejó plantados a los que se reunieron en la comunidad.
Los simpatizantes de la UPOEG esperaron por más de 7 horas la llegada del procurador de justicia Iñaki Blanco, porque según le dijeron al coordinador regional Ernesto Gallardo Grande y después al dirigente Bruno Plácido Valerio que no había garantía de seguridad para las autoridades estatales.
Alrededor de las 6:00 de la tarde llegó a El Mesón el coordinador de la Policía Ministerial de Ayutla, Redi Olea Trujillo, el titular del Distrito Judicial de Allende, adscrito en Ayutla, Samuel Hipólito Jiménez, el coordinador regional de la Policía Ministerial de Costa Chica, Wenceslao Elizalde y cinco agentes ministeriales para tramitar la entrega de los dos agentes retenidos por la autodefensa, Víctor Cuellar Ramírez y Alfredo Jiménez Obregón.
Entrevistado antes de que llegara la comisión del gobierno, el comandante regional Ernesto Gallardo Grande dijo que su dirigente Bruno Plácido habló con el fiscal, “pero no quiere venir porque según necesita la autorización del procurador, pero el compañero Bruno Plácido Valerio ya se contactó con Iñaki Blanco y se llegó al mismo acuerdo, de garantizar la seguridad y la entrega de los dos ministeriales, la única condición que puso el Eistema de Seguridad, es que vinieran por los detenidos a El Mesón y si hoy (ayer) no vienen, los detenidos serán trasladados a Ahuacachahue que queda a dos horas de camino y tendrán que subir si quieren a su gente”.

La asamblea

Al presentar a los dos presuntos delincuentes ante la asamblea, el comandante de esa organización, Filemón Francisco Santos aclaró a los agentes ministeriales que “por esta única ocasión serán entregados, pues de repetirse cualquier tipo de delito de las autoridades establecidas” quedarán bajo resguardo ciudadano y se les aplicará la ley comunitaria y se les reeducará como al resto de los detenidos.
En su intervención, el titular del distrito judicial de Allende, Samuel Hipólito Jiménez se comprometió a que los ministeriales corruptos recibirán el castigo que se merecen por la extorsión, conforme al proceso de ley con las pruebas presentadas y las declaraciones de los afectados para que rindan su declaración preparatoria, acto que se realizó de manera privada en una comunidad adjunta a El Mesón sin la presencia de medios, para evitar que se filtrara información.
“Nos preocupa y nos da pena que gente de nuestra institución se vea implicada en este tipo de casos, ahora lo que prosigue es la investigación y la coordinación con los comandantes de la Policía Ciudadana para procesar a estos elementos y poder trabajar coordinadamente con el sistema ciudadano, para brindar mejor seguridad y procuración (de justicia) en el municipio, ya con dos organismos”, expresó Hipólito Jiménez.
El coordinador regional de la Policía Ministerial en Costa Chica, Wenceslao Elizalde dijo que como el delito de sus subordinados se cometió en Ayutla, el caso iniciará en el Ministerio Público del fuero Común, pero no contestó si serán suspendidos de sus actividades como agentes policíacos, sólo que el procurador del estado le ordenó aclarar el caso y que de ser culpables Víctor Cuellar Ramirez y Alfredo Jiménez Obregón serán procesados y tendrán que pagar por la extorsión a los comerciantes.
El coordinador de la Policía Ministerial en Ayutla, Radi Olea Trujillo aseguró que a un mes de su llegada apenas se está coordinando para acabar con la delincuencia en el municipio y que es la primera vez que personal a su cargo delinque.
Agregó, “ya quedé de acuerdo con Gallardo Grande de hacer un trabajo coordinado para acabar con este tipo de injusticia, primero con los delincuentes menores, después con la delincuencia organizada y ahora con  miembros del Ministerio Público”.
Antes de que las autoridades se llevaran a los detenidos, los asistentes a la asamblea dieron la oportunidad de que los agentes hablaran de los hechos del pasado lunes cuando fueron detenidos cobrando cuota.
Víctor Cuellar dijo que había ido a comprar a la tienda Aurrera y que cuando salió se encontró con los tres comerciantes en el estacionamiento de la tienda a quienes acusó de que “ordeñan” los tanques de gas y que la gente ya se había quejado y que los mismos chóferes fueron los que ofrecieron pagar 500 pesos para dejar de ser hostigados por los policías ministeriales.
El otro agente Alfredo Jiménez dijo “a nosotros nos pusieron un cuatro, porque aquellos son los delincuentes, se roban el gas y engañan a la gente, ellos sí están robando, yo llegué hace un año y me coordiné con el comandante de ruta del Sistema de Seguridad Ciudadano, Esteban Ramos para trabajar por el bien de la gente, no sé por qué me hacen esto”.
Molestó a los asistentes que los presentados estaban sin esposas, y expresaban a gritos que si el delito lo hubiera cometido un ciudadano lo hubieran golpeado “y miralos van bien tranquilitos los cabrones”.
Al final del acto, Gallardo Grande recordó que en Tierra Colorada capturaron ayer a dos extorsionadores que cobraban cuota y que quedaron bajo el resguardo de la Policía Ciudadana.
Dijo que llevarán el mismo proceso de entrega al gobierno del estado, y se retiró para estar en la declaratoria de los dos agentes ministeriales y los tres comerciantes afectados de extorsión.