Para “inversión pública productiva”, el crédito de 865 millones que pide Aguirre le autorice el Congreso

*El pleno de la Permanente envió a la Comisión de Hacienda la solicitud del gobernador para su dictaminación

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Ayer se dio a conocer al pleno del Congreso del estado el decreto por el cual el gobernador Angel Aguirre Rivero pide a los diputados que le aprueben la solicitud de una línea de crédito a la banca por 865 millones de pesos para utilizarlos en “inversión pública productiva”, colocando como garantía de pago las participaciones federales.
Como se dio a conocer en El Sur el pasado lunes, la Secretaría de Finazas y Administración realizó un análisis de la deuda pública con la finalidad de solicitar una línea de crédito a la banca para poder cubrir los pagos de programas asistencialistas como Pensión Guerrero y Madres Solteras, sin que eso significara endeudar al estado, como lo ofreció en campaña el gobernador Aguirre Rivero.
Este miércoles sesionó la Comisión Permanente, y el decreto del gobernador —que fue entregado el lunes a la Oficialía de Partes— fue turnado a la Comisión de Hacienda por el presidente de la Comisión Permanente, Antonio Gaspar Beltrán.
Cabe destacar que se conoció que funcionarios del gabinete económico del gobierno del estado ya cabildearon con el presidente de la Comisión de Hacienda, el priista oriundo de Ometepec, Eduardo Montaño Añorve; lo mismo hicieron con el coordinador parlamentario del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, y el coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, para que la línea de crédito sea aprobada la próxima semana, en que inicia el periodo ordinario de sesiones.
En su decreto el gobernador expone que desde que inició su administración ha mantenido una política estricta de pagos de la deuda pública, con un alto sentido de responsabilidad hacia los compromisos que se adquirieron por las administraciones anteriores.
Explica en el decreto que en materia de intereses y amortizaciones del capital, a la fecha el gobierno ha pagado un total de mil 138.4 millones de pesos, correspondiendo 380.9 millones de pesos a intereses y 757.5 millones de pesos a amortizaciones.
Que producto de la aplicación de su política en materia de deuda, el estado registra los menores montos de deuda por entidad federativa a nivel nacional: “un comparativo en términos nominales coloca a la entidad en el quinto lugar, después de Querétaro y Yucatán; sin embargo, si se observa la relación deuda vs presupuesto estatal, el estado de Guerrero se ubica en el segundo lugar, únicamente superado por el estado de Tlaxcala”.
Detalla que por el endeudamiento percápita que tiene el estado (2 mil 328.7 millones de pesos por persona) coloca a la entidad en el segundo lugar más bajo de endeudamiento a nivel nacional, superado únicamente por el estado de Tlaxcala.
Añade que adicionalmente, las empresas calificadoras que operan en el país han emitido dictámenes favorables a la calidad crediticia, por lo que la calificación actual es de A-(mex) por la empresa Fitch Ratings, A2 de Moodys, y BBB+ de Standard and Poor’s, y “en todos los casos las calificaciones otorgadas son de las mejores a nivel de entidades federativas”.
Luego indica el gobernador en el decreto que en lo que se refiere al periodo que le resta a la actual administración al 31 de octubre  de 2015, los montos de pago que requiere el servicio de la deuda son del orden de mil 175 millones de pesos; 866 millones de pesos por amortizaciones y 309.5 millones de pesos por pago de intereses.
Y que por tal política de pagos se enfrenta a situaciones imprevisibles que han derivado que los recursos transferidos por la federación y cuyo origen es el Fondo General de Participaciones, haya sufrido disminuciones respecto a los montos estimados.
Además, que el impacto de dicha disminución en las finanzas públicas del estado obliga a que su administración establezca medidas en el ejercicio de los recursos, con la premisa de no sacrificar los destinados a programas y acciones que benefician de forma directa a la población, pero que, por el complejo flujo de recursos, compromete el cumplimiento de las obligaciones institucionales de la entidad, con la probable aplicación de las cargas financieras respectivas.
Enseguida el gobernador explica: “Ante los requerimientos y necesidades que tiene el pueblo de Guerrero, la disyuntiva que tiene la actual administración radica en afrontar los pagos por amortizaciones y los intereses correspondientes, para que al final del mandato de la actual administración quede como saldo únicamente la cantidad de 1 mil 200 millones de pesos como deuda, cifra menor en 1 mil 757 millones de pesos, lo que equivaldría a un 60 por ciento menos que la deuda recibida en abril de 2011”.
Y tambien “en diluir los pagos a periodos posteriores, suavizando con ello la carga financiera del presente y del año próximo, aprovechando la aceptación de la comunidad financiera nacional sobre el manejo de la deuda y las bajas tasas de interés que se presentan actualmente, para refinanciar pagos y compromisos institucionales”.
Explica enseguida que en la primera opción lleva su gobierno al pago de la mayoría de las amortizaciones de capital; y en la segunda opción, se mantiene el pago de los intereses y del capital amortizado, con un periodo de gracia de dos años, mediante una línea de crédito que las instituciones financieras abrirán para hacer frente a los pagos de las amortizaciones de capital que se presenten en los años 2013, 2014 y 2015; como también para enfrentar compromisos con instituciones de seguridad social.
Dice que “con esta última opción, al finalizar la presente administración la deuda pública estatal quedaría en 2 mil 250 millones de pesos, cifra que si se compara con el monto que se recibió el 1 de abril de 2011, que fue de 2 mil 957.8 millones de pesos, aun así se ubicará por debajo en 707.8 millones de pesos, cumpliendo con ello con el compromiso adquirido, de no incrementar el monto de la deuda estatal durante mi mandato”.
Por lo anterior, el gobierno pide a los diputados le autoricen, por conducto del secretario de Finanzas y Administración, Jorge Salgado Leyva, para que gestione y contrate uno o varios créditos en moneda nacional, con la o las instituciones bancarias del sistema financiero mexicano, que ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a los aspectos jurídicos, financieros y de disponibilidad de los recursos, para ser destinados a “inversion pública productiva” hasta “por la cantidad de 865 millones de pesos, más accesorios financieros, impuestos y comisiones, hasta por un periodo de veinte años”.

Asuntos de trámite

En esta misma sesión se dio a conocer al pleno la iniciativa de Ley de Turismo para el Estado y los Municipios, presentada por la diputada del MC, Laura Arizmendi Campos, que fue turnada a la Comisión de Justicia.
Igualmente se turnó a comisiones, la iniciativa de Ley del Notariado del Estado.
Y al final se  clausuró el tercer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de la 60 Legislatura. El periodo ordinario de sesiones inicia mañana viernes.