Remueven al presidente del Tribunal que embargó una cuenta de la alcaldía de Pilcaya

*Lo hizo por órdenes de un juez federal que amparó a 47 ex trabajadores del ayuntamiento, explica Rogelio Jiménez Urióstegui. Dice que la alcaldesa panista Sandra Velázquez no acudió a dos reuniones de conciliación y que otros 20 ayuntamientos están en esa situación

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El ex presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) del gobierno del estado, Rogelio Jiménez Urióstegui, aseguró ayer que no hubo nada irregular en el embargo de los recursos del Ayuntamiento de Pilcaya, que ejecutó por un laudo laboral, pues explicó que lo hizo en acatamiento a la orden de un juez federal que concedió un amparo a los 47 trabajadores que ganaron la demanda.
Incluso adelantó que otros 20 ayuntamientos correrán la misma suerte en los próximos días, porque igual que el Ayuntamiento de Pilcaya, “no se defendieron debidamente y ahora están responsabilizando al Tribunal, cuando allí no se pueden hacer milagros”, dijo entrevistado vía telefónica.
Jiménez Urióstegui fue removido el miércoles de la presidencia del TCyA, y en su lugar fue designado quien se desempeñaba como subsecretario del Trabajo del gobierno estatal, Bernardo Ortega León, quien ayer aún no se presentaba en sus oficias ubicadas en el edificio Vicente Guerrero, en el Centro de la Ciudad.
El ahora ex presidente del TCyA fue cambiado un día después de que la presidenta municipal panista de Pilcaya, Sandra Velázquez Lara, denunció que ese tribunal le embargó 18 millones de pesos del presupuesto etiquetado del Ramo 33.
Sin embargo el ex funcionario dijo que no cree que el gobernador Ángel Aguirre Rivero haya decidido su cambio por ese caso, aunque informó que desconoce los motivos por los que fue cambiado, “eso solamente debe saberlo el gobernador”.
Entrevistado vía telefónica, Rogelio Jiménez aseguró que el embargo que aplicó a las finanzas del Ayuntamiento de Pilcaya fue en cumplimiento a la ley, pues los trabajadores que ganaron el laudo laboral por 18 millones de pesos recurrieron a un amparo y un juez federal le ordenó ejecutar dicho embargo.
Aclaró que según la alcaldesa, el TCyA actuó de manera irregular porque embargó recursos del Ramo 33 y éstos son inembargables, “pero no dice que el recurso que se embargó fue de una cuenta bancaria, y cuando los recursos se depositan a una cuenta de inmediato pierden la etiqueta que traen”, explicó.
Además reveló que el Ayuntamiento no asumió ninguna defensa, y agregó que pretendía que el Tribunal “hiciera milagros” para defenderla.
El ex funcionario confirmó que el embargo que aplicó el TCyA fue de 18 millones de pesos, pero que en la cuenta apenas había aproximadamente 3 millones, pero dijo que el problema es que a esa misma cuenta le van a seguir depositando las partidas presupuestales y que de inmediato el recurso quedará incautado.
Jiménez Urióstegui explicó que por la falta de una defensa adecuada, cuando el TCyA va a embargar a los ayuntamientos, éstos solicitan al organismo la aplicación de la Ley 248, que establece que los bienes son inembargables, por lo que en su calidad de presidente del tribunal ordena la suspensión del embargo.
Sin embargo los abogados de los trabajadores recurren al amparo, argumentando que la Ley 248 no aplica para los ayuntamientos, sino para el Ejecutivo estatal, y dijo que, efectivamente, la ley que aplica para los ayuntamientos es la 51.
Dijo que fue lo que ocurrió en el caso de Pilcaya, “yo no actué por capricho, sino porque me lo ordenó un juez, y si hubiera desacatado esa orden, el perjudicado legalmente hubiera sido yo”.
El ex funcionario se quejó de que “si no quieren que el Tribunal cumpla con sus funciones, entonces mejor que desaparezca. Yo tenía que acatar la ley, si no yo hubiera pagado las consecuencias”, insistió.
Aclaró que comprende que la presidenta municipal esté preocupada porque su ayuntamiento está colapsado económicamente, “pero no hizo nada por defenderse, la llamamos a conciliar dos veces y no acudió”, aseguró el ex funcionario.
Incluso, adelantó que por la falta de una defensa adecuada y porque los trabajadores que ganaron laudos recurrieron al amparo de la justicia federal, otros 20 ayuntamientos sufrirán embargos en los próximos días por un monto aproximado de 300 millones de pesos.
De los que recordó que se encuentran en la lista mencionó a Cochoapa el Grande, Ayutla, Tecpan y Cutzamala.
“En estos ayuntamientos va a reventar el cuete a fuerzas en los próximos días”, dijo, e insistió en que los abogados de los ayuntamientos no asumieron una defensa consistente para evitar esos embargos.
En cuando a su remoción de la presidencia del Tribunal, dijo que a las seis de la mañana del miércoles le llamó el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, para informarle de su remoción y que convinieron que la entrega-recepción se realizaría a las 13 horas del mismo miércoles, pero que a esa hora no llegó nadie.
Agregó que en ese momento recibió una llamada telefónica de que su esposa había sufrido un accidente, por lo que se tuvo que trasladarse de urgencia a Acapulco.
El ex funcionario dijo que hasta ayer jueves no había firmado ninguna renuncia porque analizaba la posibilidad de defenderse, pues aclaró que “creo que merezco una explicación con respecto a las causas por las que fui removido”.