Demuestra el informe que hubo “amarres” para exonerar al gobernador: Redgroac

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández, declaró que al no mencionarse responsables ni sanciones en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre el caso de la normal de Ayotzinapa, se evidencia que hubo “amarres previos para exonerar al gobernador Ángel Aguirre Rivero”.
Mientras tanto, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que el informe preliminar viene a terminar con el intento del gobierno de falsear los hechos para garantizar la impunidad y que para ese organismo, “es el primer reconocimiento oficial de la verdad histórica”, puesto que confirma que los estudiantes son los que dicen la verdad en cuanto a lo que pasó el 12 de diciembre.
Consultado con respecto a los resultados de la investigación que hizo la CNDH sobre el desalojo que provocó la muerte a dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa y tres más resultaron lesionados, Olivares Hernández, dijo que la CNDH “no dijo nada nuevo, ya sabíamos que en el lugar estuvieron policías federales, preventivos estatales y ministeriales y que fueron éstos los que dispararon”, dijo Olivares Hernández.
Sin embargo agregó que en la recomendación, “no vemos que tenga (la CNDH) la intención de pedir la aplicación de las sanciones a los responsables materiales e intelectuales”, puesto que agregó que no se dice nada del gobernador Ángel Aguirre, ni del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; como tampoco del secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez.
“Nos preocupa, también, que para la elaboración no se hizo ningún contacto con los familiares de las víctimas, con los detenidos, ni con los torturados”, denunció y añadió que “eso nos preocupa, porque evidencia que hubo amarres previos para exonerar al gobernador Ángel Aguirre”.
En opinión del secretario técnico de la Redgroac, la CNDH debió partir desde el momento en que el gobernador canceló las audiencias a los estudiantes, porque con ello estaba generando las condiciones para la desaparición de la normal y los obligó a radicalizar sus acciones de protesta.
También lamentó que los grupos del PRD estén más preocupados en la búsqueda de espacios públicos, y que por eso buscan congraciarse con el gobernador denunciando que hay fuerzas oscuras que quieren desestabilizarlo, cuando son ellos esas fuerzas oscuras que buscan que no se haga justicia en Guerrero.
Por su parte, el director de Tlachinollan, Abel Barrera, dijo que el informe de la CNDH implica el reconocimiento oficial sobre la verdad histórica, porque confirma lo que venían manifestando los estudiantes, sobre el uso excesivo de la fuerza pública.
También añadió que queda evidenciado que las autoridades estatales y federales no hablaron con la verdad sobre esos hechos, y que, por tanto actuaron con dolo y que trataron de actuar de manera conspirativa para tratar de ocultar que actuaron con excesiva fuerza pública y violentaron gravemente los derechos humanos.
Dijo que las autoridades se empeñaban en falsear los hechos para mantener en la impunidad a los responsables.
Por la noche, Tlachinollan envió un comunicado en el que agrega que el ombudsman nacional exhibió la falta de cooperación de las autoridades y su deliberado intento por ocultar los hechos.
Asimismo, llamó a al ombudsman nacional para que continúe sus investigaciones hasta la emisión de un informe final, en el que deberá profundizar el trabajo pericial mediante la reconstrucción de los hechos, “analizar lo ocurrido a partir de los más altos estándares de protección a los derechos humanos, y recomendar medidas que garanticen la no repetición de los hechos, como lo solicitaran hace unos días más de 100 organizaciones civiles nacionales e internacionales”.
El organismo destacó que es de esperarse que la primera ocasión en que se ejerce la nueva facultad de investigación de la CNDH en casos graves, siente un precedente novedoso y convincente sobre la incorporación en dicha pesquisa del derecho internacional de los derechos humanos y de mecanismos que garanticen la más amplia participación de las víctimas.
Exigió que las investigaciones iniciadas en el ámbito ministerial se presenten a la brevedad ante las autoridades judiciales, para que los responsables materiales e intelectuales sean penalmente sancionados conforme a derecho, “recordando que la propia CNDH señala en su informe preliminar que debe permitirse a las víctimas y sus representantes intervenir y participar en las indagatorias, y que su seguridad debe garantizarse, pues como el propio ombudsman reitera, éstas y sus familiares cuentan con medidas cautelares”.
Concluyó que dada la gravedad de los hechos documentados, es urgente el deslinde de las responsabilidades políticas que indudablemente surgen de los hechos, tanto como la atención a las causas estructurales que motivaron el conflicto.
Asimismo, advierte que en coordinación con los normalistas de Ayotzinapa, Tlachinollan continuará impulsando acciones para que los hechos no queden en la impunidad.