Presentan queja ante la Codehum los reporteros golpeados por policías en Palacio de Gobierno

*Los acompañan colegas de diversos medios. “Tenemos que buscar castigo para quienes cometieron abuso de la fuerza pública”, dice el visitador Hipólito Lugo, quien los atiende

Chilpancingo

Los reporteros que fueron agredidos el jueves cuando cubrían una protesta y el posterior desalojo de militantes del Partido del Trabajo (PT) del edificio Centro del Palacio de Gobierno por policías estatales presentaron ayer una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Los periodistas Palmira Anarsis Pacheco Pólito de El Sur, Jonathan Obed Lugo Cuevas, de Novedades y Jesús Eduardo Guerrero Ramírez de La Jornada, fueron recibidos a las 10:30 de la mañana por el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, a quien demandaron que se realice una investigación del caso, castigo a los uniformados agresores y a quien les dio la orden.
Ante la falta de garantías en su labor periodística solicitaron al funcionario del organismo las medidas cautelares correspondientes.
Los agredidos acudieron a las instalaciones de la Codehum acompañados por más de una veintena de reporteros locales, corresponsales de medios nacionales y en general, de trabajadores de diferentes medios de comunicación, quienes se solidarizaron con ellos y condenaron la actitud de la policía que utilizó escudos y toletes no sólo en contra de los manifestantes, sino en contra de los reporteros que cubrían la protesta.
“Nosotros denunciamos este hecho como un intento de impedir nuestra labor, un ataque a la libertad de expresión, y también como un ataque al derecho a la información, porque los compañeros estaban allí precisamente para informar a la sociedad de ese hecho”, expresó la editora de El Sur, Maribel Gutiérrez.
La reportera Anarsis Pacheco, una de las agredidas, exigió castigo para el jefe policiaco que estuvo al frente del operativo que desalojó a los manifestantes del PT y que después arremetió en contra de los periodistas.
En este caso, los reporteros ubicaron al teniente con licencia del Ejército mexicano y coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Elizalde Zámano como el que encabezó el citado operativo.
Pacheco Pólito denunció que con el desalojo de los manifestantes y la agresión a los reporteros se puso en evidencia que los policías “no están trabajando adecuadamente, están realizando los operativos sin tener la capacitación adecuada para ello”, y narró que a ella los policías la atacaron con el escudo por la espalda, cuando se retiraba.
Explicó, “yo mido 1.52 de estatura y como es posible que un policía con todo su equipo y preparado para éste tipo de ataques me agreda”.
También dijo que hubo mujeres y niños de los manifestantes agredidos por los policías, entre ellas una mujer embarazada.
Narró que cuando estaba tirada en el piso uno de los agentes la pateó en la rodilla y que otro uniformado estaba a punto de pisarla en la cabeza, cuando fue auxiliada por Jonathan Cuevas, Jesús Eduardo Guerrero y Lenin Ocampo, “si no hubieran intervenido los compañeros no hubiera salido ilesa”, contó la reportera, aunque manifestó que su equipo sí resultó dañado.
Demandó que se realice una investigación del caso, que haya castigo para los policías agresores y para quien estaba al mando del operativo.
A su vez Jesús Eduardo Guerrero, otro de los agredidos, reprobó la actitud que asumieron los  policías  antimotines, pues dijo que observó que en su intervención violenta los policías golpearon en el vientre a una mujer embarazada poniendo en riesgo a su bebé, “eso es lamentable”.
Mientras tanto, Jonathan Cuevas dijo que vio cuando un policía aventó con su escudo por la espalda a Anarsis Pacheco arrojándola al suelo, “y nosotros corrimos para ayudarla para que no la fueran a aplastar”, agregó que en el intento de auxiliar a la reportera de El Sur fue golpeado en el brazo, “por eso no nos parece justa su actuación”.
El reportero de Novedades denunció que en este hecho también se impidió el derecho a la libertad de información, porque durante el desalojo y la agresión a los reporteros fueron cerrados los accesos al Palacio de Gobierno para impedir que otros periodistas entraran a auxiliar a sus compañeros y a cubrir el incidente.
“Varios compañeros llegaron después y no se les permitió la entrada, incluso afuera comenzaron a llegar más policías”, dijo.
También intervino el reportero g?afico de El Sur, Éric Chavelas Hernández, quien denunció que el gobierno del estado incurrió en omisión puesto que en el boletín que envió de los hechos no mencionó para nada la agresión que sufrieron los reporteros, y “mintió” porque dijo en este comunicado de prensa que la fuerza pública actuó porque hubo destrozos.
En este sentido, la editora Maribel Gutiérrez dijo que lo que hizo el gobierno del estado con su boletín no fue una autodefensa sino que pretendió el encubrimiento de estos hechos de violencia, “que son indignantes, pues hay que ver a la compañera como está tirada en el piso tratando de protegerse de los policías”.
Dijo que el boletín que mandó el gobierno del estado “indigna” porque allí se ve la actitud “negligente y desinteresada” del gobierno, pues citó que incluso en un primer comunicado se confundió a Genaro Vázquez Solís, -ex alcalde de San Luís Acatlán- con Genaro Vázquez Flores, el dirigente que encabezó la protesta del PT el jueves en el Palacio de Gobierno.
Añadió que por eso el caso preocupa, “porque nos parece que fue una agresión directa, pues la compañera Anarsis ya se replegaba cuando fue agredida y los otros compañeros solo trataron de defenderla. Ella no fue a meterse a una trifulca y allí la agredieron, fue un ataque directo a ella el que hicieron los policías, y con ello fue un ataque directo a nuestra labor”.
A su vez, la reportera de La Jornada Guerrero, Citlal Giles denunció que no es la primera vez que ocurre una agresión a los reporteros, pues es frecuente el hostigamiento de los escoltas del gobernador Ángel Aguirre Rivero como de sus funcionarios, “quienes empujan, golpea y jalonean a las compañeras”.
El secretario de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Salomón Cruz Gallardo denunció que, efectivamente, en el gobierno de Ángel Aguirre son comunes las agresiones del personal de seguridad a los trabajadores de los medios de comunicación.
Mientras tanto, el visitador general de la Codehum reconoció la solidaridad de los reporteros para con sus compañeros agredidos porque dijo que “no debemos perder la capacidad de indignación ante actos como éste, que son lesivos y violatorios a los derechos humanos”.
Aseguró que el organismo estará atento a la petición de los periodistas para evitar que actos como éste se repitan, “tenemos que evitar la impunidad y buscar castigo para quienes cometieron abuso de la fuerza pública”.
Reconoció que los periodistas son personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y que como consecuencia “este hecho debe ser motivo de castigo” por lo que anunció que la Codehum integrará un expediente, para ello pidió a los reporteros agredidos presentar la queja por escrito.

Pide la Codehum al gobierno proteger a reporteros golpeados y combatir violencia contra periodistas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) demandó ayer al gobierno del estado medidas cautelares para tres reporteros que el jueves fueron agredidos por policías antimotines estatales cuando cubrían una protesta y el posterior desalojo de militantes del Partido del Trabajo (PT) en el Palacio de Gobierno.
Dichas medidas consisten en que se giren instrucciones ante quien corresponda, “con el fin de que se adopten las medidas que sean necesarias y efectivas para evitar los daños a la integridad personal de Palmira Anarsis Pacheco Pólito, Jonathan Obed Lugo Cuevas y Jesús Eduardo Guerrero Ramírez, así como de todos aquellos comunicadores o periodistas mediante estrategias eficaces e integrales para la prevención de agresiones a éstos y proteger su integridad física”.
Asimismo demandó adoptar las medidas administrativas “más eficaces para combatir la violencia contra los periodistas y el personal de los medios de comunicación, a fin de proporcionarles mayores garantías y velar por su seguridad en el desempeño de sus deberes profesionales”.
La Codehum dio un plazo de tres días hábiles al gobierno del estado para que informe al organismo de la recepción del documento, sobre la aceptación, y en su caso cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas.
Dichas medidas cautelares fueron emitidas al secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo después de que un grupo de periodistas de esta capital se presentaron ante el organismo a presentar una queja contra policías antimotines que la tarde del jueves los golpearon cuando realizaban su labor.
“En relación con el caso aquí planteado, es oportuno señalar que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al igual que el similar 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue firmado por nuestro país el 23 de marzo de 1981, hace énfasis en que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, derecho que comprende el no ser molestado a causa de sus opiniones, así como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, función que argumentan los quejosos realizaban en el Palacio de Gobierno del estado en esta ciudad, al momento en que refieren fueron agredidos”, dice el documento. Recuerda que relacionado con la actividad periodística, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en materia de El Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, subraya que el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática, que el ejercicio efectivo de estos derechos es un importante indicador del grado de protección de otros derechos humanos y libertades y están relacionados entre sí.
El organismo explica en su documento que las medidas “se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo, como lo considera la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin que con ello se esté prejuzgando sobre el fondo del asunto, pues en su caso, tal análisis será motivo de la resolución definitiva que se emita al concluirse la investigación”.

Exige el PT una explicación al gobernador por el desalojo en el Palacio de Gobierno

*La represión es consecuencia de “una desatención generalizada”, dice el diputado Jorge Salazar. Tienen lesiones nueve petistas, entre ellos Ciria Petatán, quien se encuentra en su sexto mes de embarazo y recibió un golpe en el vientre, por lo que está hospitalizada, informa

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El diputado local del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero, Jorge Salazar Marchán y el comisionado de la Coordinación Estatal de ese partido, Genaro Vázquez Flores, demandaron ayer al gobernador Ángel Aguirre Rivero una explicación de la violencia contra sus militantes el jueves en el Palacio de Gobierno.
Los dirigentes denunciaron en conferencia de prensa que lo que ocurrió ese día no fue un desalojo sino una agresión directa de los policías antimotines, y que  la represión ya estaba predispuesta, puesto que con anticipación el gobierno estatal solicitó la presencia del notario público número uno, Emilio Ortiz Uribe y de un agente del Ministerio Público.
Vázquez Flores denunció que los policías antimotines alcanzaron a los manifestantes cuando se retiraban del vestíbulo del edificio Centro del Palacio de Gobierno, mientras él y una comisión de cinco dirigentes del PT se encontraban reunidos con el secretario particular del gobernador, Everardo García Mondragón.
Acompañados por dirigentes y militantes del PT, Salazar Marchán y Vázquez Solís ofrecieron una conferencia de prensa la mañana de ayer en la que el segundo, quien encabezó la protesta el jueves en el edificio Centro del Palacio de Gobierno,  denunció que ese día acudieron a manifestarse al despacho del gobernador Ángel Aguirre Rivero porque llevan todo lo que va del año solicitando una audiencia con él, sin que hayan tenido respuesta.
Dijo que la intención es que les resuelva un pliego de demandas que tiene que ver con la construcción y remodelación de escuelas, créditos para la adquisición de terrenos, proyectos productivos y material para el mejoramiento de vivienda.
Dijo que siempre los ha atendido el subsecretario de Enlace con las Organizaciones Sociales, Demetrio Saldívar Gómez pero este funcionario no resuelve nada y solamente ha servido para prolongar la solución de sus demandas, y que debido a ello el jueves decidieron acudir directamente a la Secretaría particular del gobernador.
Explicó que allí convinieron que los atendería el secretario particular del gobernador, pero que éste les condicionó que el resto de los manifestantes abandonaran el vestíbulo, lo que aceptaron, pero en ese momento comenzaron a llegar por una entrada alterna los policías antimotines.
Informó que los militantes del PT ya se retiraban y que se encontraban en el vestíbulo del edificio, en la planta baja, cuando fueron alcanzados por los policías quienes comenzaron a hostigarlos, después a empujarlos y luego los golpearon.
Denunció que en la agresión fueron golpeados 9 militantes petistas, entre ellos la señora Ciria Petatán, quien se encuentra en su sexto mes de embarazo y recibió un golpe en el vientre por lo que está siendo atendida en el hospital.
“No entendemos por qué se actuó en contra de nuestros compañeros con tanta saña, reprobamos esa actitud”, dijo y rechazó que sus compañeros hayan causado daños en el interior de las oficinas, por lo que demandó que el dictamen que emita el notario Ortiz Uribe sea imparcial y se apegue a la verdad.
Adelantó que en las próximas horas van a presentarse a la Comisión Estatal de Defensa de los derechos Humanos (Codehum) a presentar una queja y que valorarían si presentan una demanda penal ante el Ministerio Público en contra de los policías que los agredieron.
Manifestó que “es indigno de un gobierno que se dice democrático golpee a los ciudadanos de esa manera, en vez de resolverles sus demandas”.
Añadió que a pesar de que el PT formó parte de la alianza que llevó al gobernador Aguirre Rivero a la gubernatura, “hoy vemos que ha cambiado mucho, vemos a un gobernador con rencor, represor, resentido con nosotros y no sabemos por qué”.
Agregó que por eso están exigiendo una explicación directamente del gobernador, “queremos que nos diga la razón por la que actuó así”.
A su vez el diputado Salazar Marchán dijo que la represión del jueves en contra de sus compañeros de partido es consecuencia de “una desatención generalizada” y responsabilizó al subsecretario de Enlace con las Organizaciones Sociales, Demetrio Saldívar, a quien calificó como un funcionario “nini” por que dijo que no atiende ni resuelve nada en su oficina.
Añadió que los miembros de su partido, a pesar de la represión del jueves, no van a renunciar a su derecho de manifestación y de gestión, y advirtió al gobierno del estado que criminalizar la lucha social pone al estado en una grave “vulnerabilidad”.
Advirtió que el caso de la represión lo va a llevar a la Cámara de Diputados federal a través de los diputados federales del PT pues dijo que en el Congreso local, “la correlación de fuerzas es evidente a favor del gobernador”.

Condenan organizaciones la agresión de policías a reporteros; exigen la reparación de los daños

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Comité de Base Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa condenaron ayer la agresión que sufrieron reporteros de diferentes medios de comunicación el jueves por policías antimotines en el Palacio de Gobierno.
Ante los golpes que sufrieron Anarsis Pacheco Pólito de El Sur, Jesús Eduardo Guerrero Ramírez de La Jornada y Jonathan Cuevas de Novedades, esas organizaciones demandaron, “respeto irrestricto a la labor de todos los trabajadores de los medios de comunicación, así como castigo a los responsables de la agresión y reparación del daño ocasionado tanto a los reporteros como a los manifestantes”.
Exigieron que todos los policías porten en un lugar visible los datos que hagan posible su identificación así como el pleno respeto a los Derechos Humanos y la solución de las demandas de los manifestantes que fueron desalojados del Palacio de Gobierno el jueves.
“Desgraciadamente en regímenes autoritarios disfrazados de demócratas la conculcación de nuestros derechos son el pan de cada día, los derechos humanos como el de la libertad de expresión y el derecho a la información no se cumplen y se trata de inhibir la labor de los reporteros y fotógrafos de los diferentes medios de comunicación como sucedió el día de ayer” (el jueves), dice el comunicado de las cuatro organizaciones.
Luego exponen que la reportera de El Sur Anarsis Pacheco Pólito “fue víctima directa de policías antimotines del estado cuando cubría una manifestación de mujeres y niños del PT que en su legítimo derecho exigen el cumplimiento de promesas y derechos humanos incumplidos como la construcción de una escuela y ayuda para vivienda en las oficinas del gobernador Ángel Aguirre Rivero en el Palacio de Gobierno”.
Agregan, “igualmente nos indigna que la población se vea obligada a manifestarse para lograr la satisfacción de sus derechos humanos  consagrados en el artículo primero constitucional orillándolos a realizar actividades de presión política que, en ocasiones afecta a otros sectores de la población, sirviendo esto de pretexto para reprimir las manifestaciones alegando la famosa afectación a terceros”.
Expresan que es igualmente preocupante que según la versión de testigos quien iba al mando del operativo es un  “mando de la Marina Armada, que en la insignia del uniforme lleva dos estrellas, pero le quitó la inscripción de su nombre con el que se debe identificar públicamente”.
Expresan que aunque esto no es nuevo, “dicha práctica nos indica que nada ha cambiado pues persiste la clara intención de mantener el marco de impunidad protegiendo a los violadores de derechos humanos”.
Fue una violación a la libertad de expresión, dice Morena

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), César Núñez Ramos expresó su solidaridad hacia los reporteros que fueron golpeados por policías antimotines el jueves en el Palacio de Gobierno.
Núñez Ramos dijo que es una violación al derecho constitucional de la libertad de expresión y demandó al gobierno del estado que sancione a los responsables de las agresiones y que a los periodistas les garantice que puedan realizar su trabajo con respeto a su integridad física.
En otro tema, convocó a los ciudadanos a participar en las asambleas informativas que llevará a cabo este domingo en las plazas del país sobre la reforma energética propuesta por el presidente de la República Enrique Peña Nieto. (Daniel Velázquez).