La militarización pone en riesgo de una masacre a la Policía Comunitaria: CRAC de El Paraíso

*Afirma que con armamento artesanal y de bajo calibre bajaron los robos, asaltos, secuestros, asesinatos, violaciones, la presencia de sicarios, fraudes, producción y tráfico de enervantes en un 95 porciento

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso advirtió que ante la militarización y la política de represión del Estado, cada vez es más latente el riesgo de una masacre contra integrantes la Policía Comunitaria y sus comunidades.
Mediante un boletín de prensa, pide la solidaridad de los pueblos del mundo para detener el hostigamiento y la represión del Estado que puede derivar en la muerte de los dirigentes y activistas de las comunidades que decidieron garantizar su propia seguridad, luego de que no lo pudieron hacer las autoridades.
El documento menciona la represión que llevó a la detención de sus compañeros, de los cuales nueve continúan en arraigo, tres siguen encerrados en el penal de Las Cruces en Acapulco y la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García está en una cárcel de máxima seguridad en Tepic, Nayarit.
En el escrito subrayan que “la posibilidad de una masacre a nuestros grupos de policías comunitarias y a nuestras comunidades está cada vez más cerca. Sólo la denuncia y la solidaridad de los pueblos del mundo puede pararlo, y por lo tanto pedimos el concurso de su esfuerzo para que este proyecto de vida no sea pisoteado por el mal gobierno”.
Menciona que como pueblos pobres y en lucha, la CRAC siempre va a privilegiar la vida de sus integrantes y de cualquier ser humano.
Insiste en su demanda de libertad inmediata e incondicional de todos sus compañeros, pues el gobierno del estado sólo autorizó la liberación de 35 de los detenidos en un acuerdo político con parte de la dirigencia, el cese al acoso militar y policiaco a la CRAC-PC y la salida del Ejército y la Marina del territorio comunitario.
También exigen el castigo a las autoridades que ordenaron la liberación de “delincuentes” detenidos y sometidos a un proceso de “reeducación” bajo el sistema de seguridad y justicia comunitaria, y el establecimiento de una mesa de diálogo entre el gobierno federal, la sociedad civil organizada y la Policía Comunitaria.
Recuerda que la CRAC-PC de la Casa de Justicia de El Paraíso, ubicada en Ayutla de los Libres, se conformó para garantizar la seguridad de sus poblaciones ante el abandono de las instituciones gubernamentales y por esa razón fueron reprimidos desde su surgimiento.
Explica que la organización comunitaria tiene sustento jurídico en el artículo 39 de la constitución mexicana, en la ley estatal 701 y en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) de los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
No obstante, “en estos años nos hemos enfrentado tanto a la delincuencia organizada como al sistema de gobierno, tan solo en los últimos meses nuestra Casa de Justicia ha tenido un crecimiento exponencial en Ayutla, Tecoanapa,  Tixtla, Atlixtac, Olinalá, Huamuxtitlan, Alpoyeca y Cualac”.
Informa que El Paraíso tiene mil 200 integrantes entre comisarios, delegados, comisariados, consejeros, coordinadores, comandantes y policías comunitarios y en sus pueblos que los apoyan la población general es de alrededor de 12 mil personas.
Afirma que con armamento artesanal y de bajo calibre lograron bajar los robos, asaltos, secuestros, asesinatos, violaciones, la presencia de sicarios, fraudes, producción y tráfico de enervantes y el índice de delitos se redujo 95 por ciento.
Antes de la irrupción del Ejército a El Paraíso, recuerda, tenía en proceso de “reeducación” a “más de 90 peligrosos delincuentes, muchos de ellos relacionados con gobierno locales”, lo que provocó la molestia de distintas autoridades de los municipios y del estado.
El Estado “en un acto de guerra sin aviso desplegó un impresionante operativo policiaco y militar equipados con hummers con artillería, vehículos blindados, helicópteros de la Marina y la Fuerza Aérea, “rescataron a 45 de los peligrosos delincuentes”.
“Con violencia detuvieron a 40 policías comunitarios que resguardaban nuestra Casa de Justicia y a los delincuentes en diferentes regiones, así como al coordinador regional de nuestra CRAC-PC de El Paraíso, Bernardino García Francisco”, relata.
Poco después, el 21 de agosto, más un centenar de soldados armados y cortando cartucho detuvieron a la coordinadora regional del municipio de Olinalá, Nestora Salgado García, una figura emblemática del movimiento, acusada de secuestro y tortura por las detenciones que hizo en su carácter de autoridad comunitaria.
Fue llevada al penal de penal de máxima seguridad de El Rincón en Tepic, Nayarit, donde a la fecha no ha sido presentada ante ninguna autoridad, “sus familiares sólo han podido verla dos veces desde su detención”, por lo que denuncia que la coordinadora está “en calidad de secuestrada- desaparecida”.
Denuncia que las operaciones militares y policiacas siguen en el territorio comunitario y “aunque la Policía Comunitaria ha sido prudente, no va a aceptar vivir sitiados y amenazados ni con la constante violación a los derechos humanos, que ha protagonizado el Ejército”.
Expresa que, “todas las mesas de diálogo que le hemos propuesto al gobierno del estado y federal responden con prepotencia, engaño, farsa y más represión”, y recuerda que el 21 de agosto en 35 vehículos militares, policías federales, estatales y ministeriales, sitiaron y asaltaron al poblado de Tlatlauquitepec municipio de Atlixtac pasa sacar a los detenidos de la CRAC y se llevaron detenidas a las autoridades de la localidad.
Rememora que el 23 de agosto ingresaron en cuatrimotos y helicópteros en Quiahuitepec, municipio de Ayutla de los Libres para detener a 12 policías comunitarios y rescatar a las mujeres retenidas, mientras los representantes de la CRAC sostenían una mesa de negociación con funcionarios del gobierno del estado.
El 27 de agosto, en la marcha multitudinaria de la CRAC de Ayutla a Cruz Grande, soldados del Ejército golpearon a mujeres y niños que se encontraban en la manifestación, desarmaron a los comunitarios y detuvieron siete de ellos y a tres civiles.
A la fecha siguen detenidos los civiles Rafael García Guadalupe de Tepuente, José Leobardo Maximino de Chacalapa y Cano Morales Antonio de Chacalapa; así como las autoridades y comandantes comunitarios aprehendidos en Quiahuitepec, Bernardino García Francisco (sobreviviente de la masacre de El Charco),  Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Justo, Zeferino de Jesús Laureano, Carlos Neri Ramírez y Andrés Lázaro Basilio del Charquito.
Reiteraron su demanda al gobierno de respeto al sistema comunitario y urgieron una mesa de diálogo entre el gobierno federal, la sociedad civil organizada y nuestra institución comunitaria para resolver este conflicto.