Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Guerrero en pedazos

Por más que las autoridades se empeñan en hablarnos de un país bonito con el bombardeo  millonario de anuncios televisivos y propaganda colorida en medios impresos, –mostrando el lado bondadoso de los gobernantes y los resultados halagadores de los programas federales–, para los ciudadanos y ciudadanas esta estrategia mediática no es más que la palabra hueca de un gobierno que le ha fallado a millones de mexicanos y mexicanas, que se encuentran sumidos en la pobreza y sometidos por la violencia impuesta por los poderes fácticos.
En nuestro estado, que ocupa el primer lugar en muertes maternas, donde se ubican los municipios más pobres del país y donde se extrae el 98% de goma de opio que se produce y se procesa en el país, pomposamente el presidente Felipe Calderón hizo la declaratoria formal de la cobertura universal de salud en Guerrero. También anunció que ampliaría a otras regiones la Operación Guerrero Seguro, “hasta que el estado recupere totalmente su seguridad”. Estos anuncios espectaculares, para la ciudadanía no tienen ninguna repercusión real o algún resultado tangible, son más bien mensajes efímeros y volátiles. Son palabras que no están soportadas con acciones pensadas desde los intereses de la sociedad y con la participación de la población agraviada. La realidad lacerante que viven las familias del campo y la ciudad hace trizas todos los discursos y promesas vertidas en escenarios construidos a modo. Las cifras alegres del gobierno es que existen 2 millones 379 mil personas aseguradas en Guerrero, que supuestamente garantizan a cualquier guerrerense sin distinción de su condición social y étnica el acceso a un médico, a medicinas y a instalaciones hospitalarias.
El gobierno del estado haciendo gala de su poder sin límites, se da el lujo de usar un helicóptero, –destinado para el traslado de la población indígena de La Montaña a los centros hospitalarios–, para hacer un video clip y mostrar la imagen del Acapulco paradisiaco. Las acciones humanitarias que han realizado con este helicóptero los gobiernos perredistas, primero fue apoyar a un político de Acapulco para romper un record Guinness y ahora, brindar todo el apoyo logístico a unos cantantes para volar varias horas por la bahía con el fin excelso de mostrar las bellezas de Acapulco.
Para los pueblos indígenas de La Montaña el derecho a la salud, no llega por ninguna vía; ni por tierra, ni por aire. Todo es desolación y trato discriminatorio. No es casual que la muerte materna y la desnutrición infantil formen parte de las estadísticas más escandalosas que muestran la cara oculta del otro Guerrero, que no se proyecta en los videoclips. El drama de la enfermedad obliga a que las familias salgan de su casa en la madrugada para caminar varias horas hasta la cabecera municipal donde hay clínica u hospital. Hacen fila desde las 4 de la mañana y esperan más de seis horas la llegada de un médico, que si cuentan con suerte los podrá atender dentro de su horario de trabajo, de lo contrario tendrán que esperarse para el siguiente día. Es muy común que en las clínicas y hospitales a la población indígena siempre se le trata con desprecio y el personal médico mestizo se empeña en hacer más sufrible la enfermedad a los indígenas, porque además de que no les brindan la atención adecuada ni les explican en su lengua las causas de su padecimiento, tampoco existen los servicios necesarios para que puedan realizar estudios de laboratorio, ni hay medicinas. Ante este mal trato, muchas familias prefieren permanecer postrados en el piso de tierra de su casa soportando los estragos de su enfermedad, a sufrir tratos discriminatorios, abusos y gastos onerosos.
La semana pasada el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU emitió sus observaciones finales al Estado mexicano. Dentro de las 26 recomendaciones que hizo expresó su gran preocupación por la situación que viven los pueblos indígenas de México. Comentó que en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación, conforme a cifras del PNUD del 2010, se muestra que el 93.9% de la población indígena está privada al menos de uno de estos derechos y el 64.2% al menos de tres. Por eso el Comité recomienda a las autoridades mexicanas tomar medidas para eliminar la discriminación estructural e histórica dentro del Estado a través de políticas de inclusión social que reduzcan los altos niveles de desigualdad y de extrema pobreza. Al Comité le preocupa que las cifras más elevadas de mortalidad materna e infantil se sigan dando entre la población indígena. Expresa también esta preocupación por la falta de servicios de salud adecuados y accesibles a las comunidades indígenas y por la insuficiencia de datos sobre los indicadores de salud y sobre las medidas adoptadas para mejorarlos.
Ante la persistencia de un sistema de justicia que además persigue y criminaliza a los defensores y defensoras indígenas, existen tratos discriminatorios que se traducen en la negación sistemática para tener un acceso adecuado al sistema de justicia estatal. En nuestro estado las autoridades de procurar justicia se han negado a cumplir con sus responsabilidades constitucionales y han abusado de sus funciones para hacer de la ley un bien que genera lucro y que es utilizado para saldar cuentas con personas y organizaciones que son estigmatizadas por su lucha social y su origen étnico.
En el municipio de Ayutla, se ha institucionalizado un patrón de persecución contra líderes de la Organización del Pueblos Indígena Me’Phaa (OPIM) y de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Hace más de tres años Raúl Hernández junto con otros tres compañeros de la OPIM fueron detenidos y encarcelados por el delito de homicidio. Raúl logró demostrar su inocencia en medio de un proceso judicial plagado de irregularidades que violaron sus derechos humanos al permanecer en la cárcel injustamente por más de dos años. Esto mismo sucedió con Álvaro Ramírez Concepción de la OFPM y Rafael Rodríguez Dircio de la OPIM.
Recientemente la Policía Ministerial de Ayutla detuvo al defensor del pueblo na savi Maximino García Catarino el 21 de enero, acusado de cometer un homicidio en la comunidad de Ocotlán. Maximino en lugar de recibir protección del Estado por ser beneficiario de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) fue detenido de manera arbitraria dentro de su domicilio. El 27 de enero el juez le dictó auto de formal prisión sin darle valor a las pruebas y testimonios presentados en tiempo y forma, donde se demuestra que Maximino en el día de los hechos se encontraba en la ciudad de Ayutla, cumpliendo con una encomienda de su organización de gestionar obras a favor de su comunidad.
Actualmente Maximino enfrenta un proceso penal injusto que lo llevó a interponer un recurso de apelación contra el auto de formal prisión dictado por el juez mixto de primera instancia. Su caso se encuentra en el Tribunal Superior de Justica, y en el transcurso de esta semana se espera que los magistrados emitan una resolución apegada a los principios de imparcialidad e independencia. Mientras tanto este martes una representación de Amnistía Internacional de Londres visitará a Maximino en la misma cárcel donde estuvo preso injustamente Raúl Hernández, declarado preso de conciencia por esta prestigiada organización.
Lamentablemente las autoridades federales y estatales no están en condiciones para entender y atender las observaciones y recomendaciones que emiten los organismos intergubernamentales como es el informe del Comité para Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU. También han hecho caso omiso a los llamados y planteamientos de representantes de organismos internacionales como el Consejo General de la Abogacía Española, del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, del representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, del representante de la Obra Episcopal Misereor de Alemania Eckhard Finsterer. Todos ellos se han entrevistado con Maximino y han expresado su preocupación por las motivaciones extrañas de su encarcelamiento. También han exhortado a las autoridades para que el proceso judicial lo resuelvan conforme a las pruebas de su inocencia que ha presentado la defensa. Un abogado del Consejo de la Abogacía Española dijo que cuando no se cumple con la aplicación de la justicia, algo grave está pasando en el país.
Es verdad que en nuestro estado se viven situaciones graves y muy lamentables. La violencia sigue cobrando más víctimas y lo patético es que las autoridades están rebasadas por la delincuencia organizada. El atentado contra el  director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Marciano Peñaloza; la ejecución del dirigente municipal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Atoyac, José Guadalupe Medina, así como los casos deleznables de las 10 decapitaciones acaecidas en Teloloapan, nos muestran cómo cada día y cada semana que transcurre, nuestro estado se despedaza, se hace añicos, porque las autoridades han permitido que los poderes fácticos impongan sus ley y tomen el  control de ciertos territorios.
La estrategia guerrerista del gobierno federal sigue alentando la violencia y se pone en alto riesgo la vida y la seguridad de los ciudadanos. Se ha dejado en el Ejército y en la operación Guerrero Seguro la solución de un problema estructural que hunde sus raíces en la corrupción y la impunidad que existe dentro de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el acceso a la justicia para una población mayoritariamente pobre.
La lucha por el poder de los precandidatos y sus grupos lo único que está haciendo es fortalecer un sistema antidemocrático, caciquil y corrupto. Porque el poder lo quieren para defender intereses facciosos y para proteger a quienes desde dentro del aparato gubernamental han desquiciado y despedazado a las instituciones. Con esta clase política enferma de codicia es imposible pensar que con ella nuestra sociedad podrá transitar a una etapa donde se respete la vida, la seguridad, el patrimonio y las libertades de una población política y culturalmente diversa.