Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Agua, pobreza y corrupción política: combinación letal

Las carreteras rotas, las casas destruidas, las calles inundadas y el más de centenar de muertos que dejarán en Guerrero las lluvias no es sólo evidencia del poderío de la tormenta Manuel, sino también consecuencia de las contrahechuras que predominan y se mantienen en el ejercicio del poder político y económico del país y del estado, que distorsionan las prioridades e imponen una agenda de gobierno en la que apenas figura la gente de carne y hueso.
La Autopista del Sol, símbolo de las políticas desarrollistas a ultranza de los gobiernos priístas, no soportó la refriega del agua por causas que debiera ser posible establecer con fundamento técnico, pero que a simple vista parecen tener su origen en la mala calidad de la construcción, lo que a su vez denota la presencia de la corrupción.
Lo mismo puede decirse de las otras numerosas vías destruidas por las corrientes de agua, o de las inundaciones que sufrió la exclusiva Zona Diamante de Acapulco, donde la irresponsabilidad de las empresas constructoras y de los políticos que concedieron los permisos para edificar jugaron a ganarle a la naturaleza pantanosa del lugar con tal de crear una réplica de Miami y embolsarse las ganancias del negocio.
Sería abusivo generalizar y atribuir solamente a malas decisiones gubernamentales y a la corrupción el desastre que se abatió sobre Guerrero el fin de semana, pero resultaría irresponsable cerrar los ojos y dar por sentado que todo es culpa de las lluvias. Porque no es así.
El mismo gobernador Ángel Aguirre se vio impelido el miércoles a reconocer que los asentamientos irregulares situados en el delta del río de La Sabana tienen su origen en la “corrupción” y “negocios políticos”. No señaló responsables, ni parecía referirse más que a ese caso, pero esos negocios políticos y esa corrupción es la que causó el desastre en las amplias zonas que se inundaron el fin de semana en Acapulco, particularmente toda la franja próxima al aeropuerto desde Puerto Marqués, cuyo desarrollo impulsó, facilitó o encubrió el extinto gobernador Francisco Ruiz Massieu, impulsor también de la autopista en el sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Todos sabemos qué partidos y qué políticos han gobernado Acapulco y el estado, y el recuento debe empezar por el propio Aguirre, quien después de la tragedia del huracán Paulina en 1997 y durante su primera gestión como gobernador interino, igual que ahora hizo el compromiso público de impedir la expansión de asentamientos en zonas de riesgo. Pero ni él ni sus sucesores, ni los presidentes municipales del PRI y del PRD en el puerto, hicieron nada para evitar esa práctica de la que los políticos obtienen dividendos económicos y electorales. Al contrario, no por tomar la espada de la justicia puede Aguirre Rivero declararse ajeno a esa trama de poder y negocios que el domingo pasado se topó con la naturaleza.
A pesar de que los daños que sufrieron y el aislamiento y la incomunicación en que quedaron Acapulco y Chilpancingo han atraído la atención nacional e internacional, el drama mayor no será el del puerto ni el de la capital, sino el que se desarrolla todavía en las comunidades de La Montaña, la Costa Chica y la sierra. La tragedia de los desgajamientos ocurridos en La Pintada, en el municipio de Atoyac, es un ejemplo crudo de lo que paulatinamente aflorará en esas regiones que experimentan sus pérdidas en el abandono gubernamental.
El hecho mismo de que el alud en La Pintada haya sido conocido con un retraso de dos días refleja la otra tragedia de la pobreza y el menosprecio de las autoridades. Como suele suceder, fue la misma población la que acudió en auxilio de los hogares arrollados por el cerro, la que recogió algunos cadáveres y la que a final de cuentas tendrá que hallar por sus propios medios el consuelo a su desgracia. Todavía ayer, en una muestra de que fuera de la escenografía montada en Acapulco las autoridades se doblan ante la ruda adversidad, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, informó que el gobierno aún no podía ofrecer ayuda y rescatar a las 68 personas que el alud sepultó en La Pintada, por el riesgo de que la otra parte del cerro también se desgaje.
La historia de las aguas del 15 de septiembre apenas empieza. Manuel no solamente deja más pobre al estado. Dejará también un enojo social que tarde o temprano saldrá de entre los escombros, el lodo y el luto. No es para menos.

De eso hablamos: diputados pobres

Los 66 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acordaron ayer donar un mes de su sueldo y entregarlo a los damnificados de Ingrid y Manuel, lo que sumará unos 3 millones 425 mil pesos,  a razón de 51 mil 904 pesos por cada uno. Los diputados locales de Guerrero son más listos: acordaron donar solamente cinco días de su sueldo. Si se considera que el sueldo de los diputados locales es de unos 70 mil pesos, cinco días del salario de un diputado local equivalen más o menos a unos 12 mil 500 pesos, la quinta parte de lo que donarán sus homólogos capitalinos. Multiplicados por 46 diputados, se obtienen 575 mil pesos. Eso es lo que el Congreso decidió donar a los damnificados de su propio estado, el más golpeado por las lluvias.
Y no es por arrojar vinagre al gesto de los legisladores guerrerenses, pero vale la pena recordar que en su decisión hay una simulación adicional. Porque en la formalidad los diputados ganan unos 70 mil pesos mensuales, pero en la realidad reciben entre 350 mil y 400 mil pesos al mes (o más, quizás, pues este dato es relativamente viejo), porque se reparten entre ellos cuantiosos recursos que las fracciones partidistas se asignan sin el compromiso de comprobarlos ni rendir cuentas a nadie. Si la “donación” considerara estas sumas, el dinero recaudado ascendería a unos 50 mil pesos por diputado, y el total resultaría ser de aproximadamente 2 millones 300 mil pesos. Aun en este último caso, no se quedarían pobres, pues evidentemente ellos sí ya moderaron la indigencia.
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