Arraigan por 20 días más a cinco policías comunitarios y dan formal prisión a los cinco de la UPOEG

Arraigan por 20 días más a los cinco policías comunitarios  detenidos de la casa El Paraíso

*El plazo venció el sábado también para 22 “presentados” y ese mismo día amplían el término porque la PGJE justifica que “necesita más tiempo para perfeccionar la investigación y consignarlos”

Carlos Moreno A.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), solicitó en el Juzgado Sexto de lo Penal 20 días más de arraigo para los cinco policías comunitarios detenidos el pasado 21 de agosto en la Casa de Justicia de El Paraíso, entre ellos el coordinador de la Policía Comunitaria en Ayutla, Bernardino García Francisco.
La solicitud de ampliación de término incluye también a las 33 personas “presentadas” y que continúan en el hotel Royalti en la avenida Farallón, esperando que se resuelva su situación legal.
En cuanto a los otros policías ciudadanos detenidos, los cuatro comunitarios de Quiahuitepec, municipio de Ayutla, arrestados el 23 de agosto pasado, el juzgado Segundo de lo Penal dictó su libertad desde la semana pasada, y en el penal de Las Cruces continúan tres policías comunitarios que fueron aprehendidos el 27 de agosto en la carretera a Ayutla.
Consultado en el juzgado Sexto de lo Penal, el juez Víctor Alejandro Arellano Justo confirmó que la Procuraduría del estado solicitó una ampliación de término de 20 días más, para el arraigado de los cinco policías comunitarios.
Arellano Justo dijo que el plazo venció el sábado y que ese mismo día amplió el término porque la PGJE justificó que “necesita más tiempo para perfeccionar la investigación y consignarlos”, después de ese plazo se definirá si se gira orden de aprehensión o libertad para algunos de los implicados.
Al respecto, una fuente de la PGJE precisó que los cinco policías comunitarios y los 33 personas “presentadas”, que son aquellos que estaban en proceso de reeducación con la CRAC, “tienen más elementos en contra de ellos”, pero no se precisó cuáles eran esas acusaciones, aunque se supo que algunos tenían ya órdenes de aprehensión por lesiones.
Como se publicó en su oportunidad, en un principio fueron detenidos 13 policías comunitarios el 21 de agosto en la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, pero el 9 de septiembre fueron liberados ocho de ellos, que estaban arraigados en el hotel Royalti en la avenida Farallón, todos relacionados con la averiguación previa TAB/FRZA/018/2013.
Ese mismo día también fueron liberados otros cuatro policías comunitarios detenidos en la comunidad de Tlatlauquitepec.
Así, los cuatro policías comunitarios que son de Quiahuitepec, municipio de Ayutla detenidos el 23 de agosto, fueron puestos en libertad desde la semana pasada.
El secretario de acuerdos del juzgado, Martín Quijano, informó que el Ministerio Público de la Procuraduría del estado, solicitó la libertad de estos policías, “debido a que no hubo elementos suficientes para mantenerlos arraigados y consignarlos”.
Los policías comunitarios fueron puestos en libertad una semana antes de que venciera el término de 30 días, que fue ayer.
La fuente de la PGJE informó que esta decisión del MP fue “aprovechada por la Procuraduría para dejarlos libres y no hubiera medios de comunicación, pues todos estaban con la contingencia (tormenta Manuel)”.
Los policías comunitarios son Aurelio Jiménez Hipólita, Artemio Cándido Basilea, Maurilio Morales Jiménez, Ángel Jiménez de los Santos. En el juzgado no se pudo corroborar si también fueron puestas en libertad a las siete mujeres rescatadas en el municipio de Ayutla, comunidad Quiahuitepec que estaba arraigadas en el hotel.
También en el penal de Las Cruces continúan presos tres policías comunitarios: Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, y Antonio Cano Morales,
acusados de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Área, ataques a las vías de comunicación y medios de transporte y motín” bajo la causa penal 54/2013.
Estos policías comunitarios fueron detenidos el 27 de agosto junto con otros siete (que fueron liberados 11 días después tras el pago de una fianza de 15 mil pesos cada uno), en la carretera a Ayutla, donde protestaban para exigir la liberación de sus compañeros detenidos y de la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García.

Formal prisión a los cinco policías de  la UPOEG que perseguían a secuestradores

Carlos Moreno A.

El juzgado Quinto de lo Penal dictó ayer formal prisión a los cinco policías ciudadanos detenidos cuando perseguían a unos secuestradores rumbo a Marquelia, y los acusó del delito de robo de vehículo, en calidad de posesión.
Los policías ciudadanos rindieron su declaración preparatoria desde el pasado lunes que ingresaron al penal, en donde reconocieron que sí viajaban en el automóvil (un Jetta rojo reportado por robo desde 2012), pero desconocían que fuera robado, aunque no precisaron cómo lo obtuvieron, se informó en el juzgado.
Los acusados, Alfredo Garzón Morales, Gabriel Tornés Onofre, Vicente Gerardo Telésforo, Lisandro Solano Ramírez y Macario Solano Ramírez, se encuentran presos en el penal de Las Cruces, acusados el delito de robo de vehículo, en calidad de posesión, bajo la causa penal 176/2013-2.
Como se publicó aquí, los cinco policías del Sistema de Seguridad Ciudadana de la UPOEG fueron detenidos y desarmados por soldados del Ejército el pasado viernes 13, cuando circulaban por la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, y se dirigían a Marquelia a brindar apoyo para dar con Yesenia Vargas Suástegui de 25 años, que estaba secuestrada.
Además, a los cinco indiciados se les instruye otra causa penal de fuero federal por la portación de seis escopetas calibre 12 y rifles calibre 22, así como cartuchos de distintos calibres, por la cual el juez federal ya les dictó la formal prisión.

Es una provocación, dice el promotor Gonzalo Torres

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Gonzalo Torres Valencia, calificó como una provocación a esta organización la consignación ante el juez quinto de lo penal de cinco policías ciudadanos que forman parte del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC).
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) consignó a los policías ciudadanos ante el juez después de que fueron detenidos por el Ejército el viernes antepasado, cuando circulaban a bordo de un vehículo robado y con armas.
Para el promotor de la UPOEG la detención y consignación ante las autoridades judiciales de los policías ciudadanos son “destellos de una situación de franco desafío” por parte del gobierno federal y el estatal.
Torres Valencia defendió que los consignados “son de nuestra gente”, y agregó: “Estamos en trámite para conseguir su liberación. Así es la justicia”.
En entrevista telefónica indicó que el vehículo con el que los integrantes del SSC fueron detenidos “es de los que le hemos quitado a la maña”.
Señaló que debido a que el gobierno del estado no les proporciona los elementos necesarios para garantizar la seguridad en los municipios y comunidades en los que opera el SSC, han tenido que emplear los vehículos e incluso las armas que han decomisado a la delincuencia organizada que tenía sometidos a muchos de los pueblos de las regiones Centro y Costa Chica.
Y denunció que ninguno de los tres niveles de gobierno ha “hecho nada, por ejemplo para rescatar a las personas secuestradas” o evitar las extorsiones y asesinatos en las  zonas en las que operan los policías ciudadanos.
Mencionó que como organización están “buscando la forma para pagar la fianza” y así conseguir que los policías ciudadanos enfrenten su  juicio en libertad. (Fernando Hernández / Chilpancingo).