FARP: “fuerzas oscuras” crean un clima de intimidación en su afán de controlar el estado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El atentado que sufrió el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría del estado, Marciano Peñaloza Agama, revela que el caso Ayotzinapa está afectando demasiados intereses y al sacarlo de la jugada se advierte que “serán castigados sólo funcionarios y agentes de campo de tercera y cuarta categoría”, señala en un comunicado el grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).
El mensaje, con fecha 19 de marzo y enviado a los medios de comunicación ayer, añade que “se puede apreciar que no existen líneas de investigación hacia estructuras federales de seguridad, ni hacia grupos de la delincuencia organizada coludidos con estructuras de gobierno municipales, estatales y federales”, y todo lo anterior “exhibe que existe una lucha por el poder, por el control político y económico de Guerrero”.
El grupo armado manifiesta que tanto el desalojo de estudiantes del 12 de diciembre, la desaparición forzada de los dos ecologistas de Petatlán Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle y el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su chofer Érick Estrada, “mandan un mensaje claro de intimidación para frenar las aspiraciones de un precandidato”, al que no se refieren.
También engloba en este contexto “la extraña muerte del preso político en Iguala y que era originario de la región de la Tierra Caliente; la aprehensión y posterior liberación del hermano de una dirigente perredista de Acapulco con toda la intención de intimidar, la trama jurídica organizada para frenar de golpe las aspiraciones de una dirigente social de Atoyac, la total impunidad con que actúa y ejerce la política el alcalde de Ahuacuotzingo, el asesinato del dirigente de Morena en Cacalutla y el mensaje que se envía a través del secuestro exprés de Víctor Aguirre Alcaide, así como lo sucedido al funcionario de la Procuraduría que establece un parámetro del grado de descomposición de las corporaciones de seguridad”.
Y luego, sobre el caso del desalojo violento de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, donde murieron a tiros Alexis Ayala Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, las FARP expresan que la lección que deja es que existe un grupo de poder que “intentó dar un uso faccioso de tan deleznable acto para cumplir sus fines particulares”.
Afirma que “afortunadamente la dirigencia estudiantil y las organizaciones que los acompañan demostraron tener la capacidad de plantear propuestas adecuadas para sortear este embrollo de pretender utilizar su justa lucha y demandas”, y “no se prestaron a los juegos de los grupos de poder”.
Agrega que el atentado sufrido por el funcionario, que llevaba el caso de Ayotzinapa, “saca a relucir que se está afectando demasiados intereses, por lo que permite perfilar que para efectos de solución del caso serán castigados funcionarios y agentes  de campo de tercera y cuarta categoría, “pero no los de segunda y primera”.
“Habría que ver si dentro de la investigación se contempla que algunos agresores que estaban situados en los cerros aledaños a la autopista portaban armas de calibre 7.62, .40 y 308 milímetros (usadas probablemente por armas AK-47, pistola Beretta de la Policía Federal y arma larga de cerrojo con mira telescópica para disparos de más de 50 metros respectivamente)”, sugieren las FARP.
Para las FARP los disparos “fatales” surgieron de los cerros aledaños, “que estaban dirigidos a ocasionar bajas a cuadros estudiantiles de cierta importancia dentro del movimiento estudiantil previamente seleccionados”.
Y agrega que los detenidos o inculpados hasta la fecha “no necesariamente son los autores materiales y menos los autores intelectuales de tan cobarde acción”.
Manifiesta que lo anterior se enmarca en la lucha por las candidaturas en los principales partidos, “de tal manera que los grupos a través de sus personeros y representantes usan toda clase de métodos y prácticas legales e ilegales, violentas y mediáticas que toman forma en ejecuciones, desapariciones, sobornos, amenazas, coerciones, cooptación  a través de medios económicos o amenazas de muerte, la calumnia y difamación como método de debate político y la compra descarada de conciencias de dirigentes  y votantes”.