Dan en Guatemala más de 7 mil años de cárcel a autores de matanza de mujeres y niños en 1982

DPA

Ciudad de Guatemala

Cinco ex colaboradores de los militares en operativos contrainsurgentes en 1982, durante el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt, fueron condenados ayer por una jueza a una pena de 7 mil 710 años de prisión por una matanza de 256 indígenas, en su mayoría mujeres y niños.
El Tribunal de Mayor riesgo A, a cargo de la jueza Jazmín Barrios, dictó la sentencia durante una audiencia en la que familiares de las víctimas lloraron y se abrazaron al escuchar el veredicto.
Entre los medios de prueba se tomó en cuenta el testimonio de 28 personas que expusieron que las víctimas fueron quemadas y que el fuego duró dos días en extinguirse, señalando que antes de matar a las mujeres, las violaron.
Cuatro de los condenados eran colaboradores del ejército bajo la figura de “patrulleros civiles”, en tanto el quinto era un “comisionado militar”.
Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron organizadas por el ejército como parte de su estrategia contrainsurgente y consistía en reclutar a los hombres dentro de las comunidades, a los que dotaba de armas para ser usadas contra columnas guerrilleras o supuestos colaboradores de los rebeldes.
Si un poblador se negaba a integrarse a las PAC, rápidamente era considerado “simpatizante” de la guerrilla o miembro de ésta.
Organizaciones humanitarias calculan que las PAC en los años 80 estuvieron integradas hasta por 1 millón de campesinos indígenas, en el campo. Muchos de ellos cometían abusos y atrocidades amparados por el poder que les otorgaba el sistema militarizado de gobierno.
Los “comisionados militares” eran personajes más selectivos que el ejército nombraba en el campo, como colaboradores en misiones sociales y de inteligencia.
Los condenados son los ex patrulleros civiles Eusebio Grave, Julián y Mario Acoj, y Santos Rosales, y el ex comisionado militar Lucas Tecú, quienes fueron capturados en agosto del año pasado.
El Ministerio Público (MP) logró probar ante el tribunal que los cinco condenados formaban parte de una unidad militar que el 18 de julio de 1982 ingresó a la comunidad de Plan de Sánchez, en el municipio de Rabinal, en el departamento norteño de Baja Verapaz, y asesinó a al menos 256 habitantes, la mayoría mujeres y niños.