Autorizó el Congreso a Aguirre pedir un préstamo de 865 millones para la reconstrucción

*Votaron a favor los 43 diputados que asistieron a la sesión realizada en la madrugada del viernes

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

La madrugada de ayer, 43 diputados aprobaron al gobernador Angel Aguirre Rivero solicitar prestado a los bancos 865 millones de pesos a pagar durante 20 años, dinero que utilizará en diversos programas asistenciales, infraestructura educativa, proyectos productivos y turísticos y para pago de intereses de la deuda pública.
Los diputados también le aprobaron al gobernador que entregue en garantía de pago de la deuda que se contraiga, las aportaciones federales.
Si bien los diputados le aprobaron al gobernador en lo general solicitar esa línea de crédito, hubo un intento de los diputados priistas, del grupo del ex gobernador René Juárez Cisneros, encabezados por Alicia Zamora Villalba y Arturo Bonilla Morales, en alianza con los diputados figueroístas Rubén Figueroa Smutny, Omar Jalil Flores Majul y Rodolfo Escobar, y la diputada perredista Abelina López Rodríguez, de modificar el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda.
El planteamiento que hizo en tribuna la diputada renejuarista Alicia Zamora Villalba, es que en el artículo cuarto del dictamen se negara al gobernador que utilizará los recursos de la línea de crédito para comprar uniformes escolares, porque era más urgente la comida, vivienda y dinero para proyectos productivos, y pidió que a eso se dirija todo.
Además, la diputada Alicia Zamora, en el mismo artículo cuarto del dictamen, pidió que se rechazara aprobarle al gobernador que los recursos los utilizará para construir más escuelas, porque lo que se necesita es la reparación de la infraestructura educativa.
Además, la diputada priista pidió al pleno que se especificara que la línea de crédito se apegará a la Ley de Deuda Pública, donde se señala a cuáles rubros deben designarse los recursos.
Cabe destacar que el senador priista René Juárez Cisneros fue designado por el gobernador como administrador estatal de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) destinados a Guerrero, y llamó la atención que uno de los cuadros políticos del ex gobernador se opusiera a que el gobierno del estado utilice recursos del empréstito para comprar uniformes escolares.
Pero para defender el dictamen subieron a tribuna los diputados Alejandro Arcos Catalán por parte de los aguirristas, además del perredista Germán Farías Silvestre y Alejandro Carabias Icaza, del PVEM.
Estos diputados coincidieron en que el artículo cuarto del dictamen es suficientemente claro al definir los rubros en los cuales el gobernador puede utilizar los recursos, lo cual está relacionado con la contingencia a causa de los meteoros Manuel e Ingrid que azotaron del 14 al 16 de septiembre en el estado y que dejó severos daños materiales y humanos.
Originalmente el gobernador solicitó desde el lunes 9, en que llevaron la iniciativa de decreto al Congreso local, que le aprobaran solicitar los 865 millones de pesos a los bancos para “inversión pública productiva”, pero por la contingencia le fue quitado ese concepto.
Cabe destacar que el dictamen que firmaron los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda la redactaron el ex oficial mayor del Congreso local y actualmente director jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José Luis Barroso Merlín, y el asesor financiero del gobernador, Francisco Abarca Escamilla.
Ambos funcionarios aguirristas se mantuvieron en el recinto hasta que su dictamen fue aprobado por los diputados.
En tanto, fue notorio que los diputados de todos los partidos se acercaban consultarlos o establecer pláticas amenas en tanto se le daba lectura.
Así que no le hicieron modificaciones sustanciales a la iniciativa original del gobernador, aunque fue necesario precisar en el artículo cuarto que esos recursos serán utilizados para atender los requerimientos de inversión que deriven de los daños provocados por la tormenta tropical Manuel.
Y quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo 4. El  Estado, podrá destinar los recursos del (los) crédito(s) que contrate, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, con base en la presente autorización, para inversiones públicas productivas, entre ellas, la aplicación y aportación de recursos directamente o en contraparte en acciones convenidas con los distintos órdenes de Gobierno, para atender las consecuencias derivadas del desastre natural ocasionado por la Tormenta Manuel”.
Además para la atención de obligaciones del gobierno del estado con instituciones de seguridad social; para garantizar la continuidad de programas sociales como Mejorando Nuestro Entorno, atención a Madres Solteras, Guerrero Uniformado y atención a Adultos Mayores.
Igualmente servirá para el refinanciamiento de los pagos por amortización de la deuda pública directa y para proyectos de infraestructura de instituciones educativas.
Asimismo, para “otras acciones prioritarias que estén consideradas como inversiones públicas productivas de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Número 616 de Deuda Pública del Estado de Guerrero”.
Se define que los recursos derivados del empréstito “se ejercerán con criterios de transparencia, austeridad y eficiencia del gasto, dadas las condiciones económicas que han traído como consecuencia la disminución de las participaciones federales para el estado de Guerrero, y del desastre natural provocado por la tormenta Manuel”.
Y que: “El o los créditos que contrate el estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario de Finanzas y Administración, con base en la presente autorización, deberán pagarse en su totalidad en el plazo que para ello se establezca en cada contrato de apertura de crédito que al efecto se celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 20 años, contados a partir de la fecha en que se ejerza la primera disposición del crédito de que se trate, en el entendido que los demás plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en cada contrato que al efecto se celebre para formalizar los créditos relacionados con la presente autorización”.
Prácticamente la exposición de motivos que envió el gobernador queda igual en el dictamen, que da a conocer que “en materia de intereses y amortizaciones del capital, a la fecha han pagado un total de 1 mil 138.4 millones de pesos, correspondiendo 380.9 millones de pesos en interés y 757.5 millones de pesos en amortizaciones”.
Indica el gobernador en el decreto que se transcribió al dictamen que, en lo que se refiere al periodo que le resta a la actual administración al 31 de octubre de 2015, los montos de pago que requiere el servicio de la deuda, son del orden de 1 mil 175 millones de pesos; 866 millones de pesos por amortizaciones; y 309.5 millones de pesos por pagos de interés.
El gobernador explica: “Ante los requerimientos y necesidades que tiene el pueblo de Guerrero, la disyuntiva que tiene la actual administración radica en afrontar los pagos por amortizaciones y los intereses correspondientes, para que al final del mandato de la actual administración quede como saldo únicamente la cantidad de 1 mil 200 millones de pesos como deuda, cifra menor en 1 mil 757 millones de pesos, lo que equivaldría a un 60 por ciento menos que la deuda recibida en abril de 2011.
Y también “en diluir los pagos a periodos posteriores, suavizando con ello la carga financiera del presente y del año próximo, aprovechando la aceptación de la comunidad financiera nacional sobre el manejo de la deuda y las bajas tasas de interés que se presentan actualmente, para refinanciar pagos y compromisos institucionales”.
Añade que la primera opción lleva a su gobierno al pago de la mayoría de las amortizaciones de capital; y en la segunda opción se mantiene el pago de los intereses y del capital amortizado, con un periodo de gracia de dos años, mediante una línea de crédito que las instituciones financieras abrirán para hacer frente a los pagos de las amortizaciones de capital que se presenten en los años 2013, 2014 y 2015; como también para enfrentar compromisos con instituciones de seguridad social.
Y explica: “Con esta última opción, al finalizar la presente administración la deuda pública estatal quedaría en 2 mil 250 millones de pesos, cifra que si se compara con el monto que se recibió el 1 de abril de 2011, que fue de 2 mil 957.8 millones de pesos, aun así se ubicará por debajo en 707.8 millones de pesos, cumpliendo con ello con el compromiso adquirido, de no incrementar el monto de la deuda estatal durante mi mandato”.
En la votación se aprobó por unanimidad en lo general por los 43 diputados presentes.