Reto, garantizar derechos humanos de migrantes: Silva

Silvia Garduño / Agencia Reforma

Ciudad de México

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, reconoció que garantizar los derechos de las personas migrantes es uno de los principales retos para implementar la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
“Las personas migrantes y sujetas de protección internacional representan uno de los mayores retos en materia de derechos humanos, pues respetar y garantizar sus derechos implica superar el concepto limitado de ciudadanía”, afirmó el ministro.
“Las particulares circunstancias de estas personas implica poner en práctica una noción arraigada en torno a la titularidad universal de los derechos humanos”.
La SCJN presentó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, que pretende dotar de herramientas a quienes imparten justicia para identificar la norma que protege de manera más amplia los derechos de estas personas.
Durante la presentación del documento, Silva Meza resaltó que si bien el protocolo no tiene carácter vinculante, su contenido incluye normas o criterios jurisprudenciales que sí lo son.
Este instrumento, añadió, recupera y explica los principios generales que deben cumplirse en el ámbito jurisdiccional, tales como la igualdad y no discriminación, la no devolución, la unidad familiar, la no revictimización, el interés superior del niño, la gratuidad en los servicios y la presunción de inocencia.
Además, abundó, describe los criterios de aplicación de otros derechos necesarios para garantizar el acceso a la justicia a las personas migrantes y sujetas de protección internacional, tales como el acceso a la información, la asistencia legal, la defensa adecuada y gratuita, la asistencia consular y el derecho a un intérprete.
El ministro presidente resaltó que el fin de la elaboración del protocolo es continuar cumpliendo con la obligación de la Corte de implementar la reforma constitucional de los derechos humanos.
“La SCJN ha asumido una suerte de liderazgo, que en los hechos le encarga el Poder revisor de la Constitución y que le corresponde, como orientadora de la forma de entender el nuevo paradigma, no sólo para efectos del servicio público de administrar justicia como tribunal constitucional, sino para efectos del funcionamiento del nuevo modelo de Estado mexicano, orientado hoy por la Constitución hacia la máxima protección de los derechos, cuyo cumplimiento nos mandata”, puntualizó.