Ya prescribieron los delitos de responsables de las inundaciones, dice asociación civil

*Desde el paso del huracán Paulina se debió poner atención en la autorización para edificaciones en la zona de humedales, indica México Unido por sus Playas. Propone que ciudadanos exijan castigo a funcionarios por la vía civil

Mariana Labastida

Integrantes de la Asociación Civil México Unido por sus Playas denunciaron que los delitos penales y judiciales contra los responsables de las inundaciones en la zona Diamante ya prescribieron, por lo que exigieron a los autoridades que se sancione con penas más severas el cambio de uso de suelo cuando se contravenga con las leyes de protección ambiental.
También hicieron un llamado a los ciudadanos a exigir por la vía civil castigo a los responsables de las inundaciones y no permitir que se afecte a los ecosistemas.
El director general de la asociación civil, integrada por profesionistas y ambientalistas, Rafael Vázquez Covarrubias, expuso que desde el paso del huracán Paulina, que causó inundaciones en las unidades habitacionales Luis Donaldo Colosio y Rinconada, que ya estaban construidas, se debió poner atención en la autorización para edificaciones en la zona de humedales del Acapulco Diamante.
Vázquez Covarrubias manifestó que debido al tiempo que ha pasado desde que se expidieron los permisos de construcción jurídicamente ya prescribieron los delitos por los que se podría señalar a los responsables, tanto autoridades como inmobiliarias que no respetaron las leyes de protección ambiental.
El investigador, con maestría en delito ambientales, manifestó que en las construcciones en los poblados de La Poza, Llano Largo, Puerto Marqués, Parque Ecológico y Barra Vieja hay responsabilidad del gobierno federal, estatal y municipal, que autorizaron los cambios de uso de suelo sin considerar las reglamentaciones en protección ambiental.
Asimismo responsabilizó a regidores y notarios por la expedición de escrituras pasando por alto las colindancias con zonas federal o lagunar, además de ejidatarios y comisarios por no considerar que era zona de humedales.
Vázquez Covarrubias recordó que existe un decreto destino de la laguna Negra de Puerto Marqués, donde la federación entregó al estado la protección de la misma y en el texto se prohíbe la construcción de inmuebles en las inmediaciones de la misma, lo cual se ha hecho e incluso no se a respetado el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se estipula la protección a las áreas consideradas como humedales.
Enfatizó que incluso en caso de un tsunami las afectaciones serían superiores a las previstas, debido a que no se respetó el entorno ecológico de la zona Diamante, por ello como representante de la asociación México Unidos por sus Playas exigió a las autoridades que se tipifique como delito el cambio de uso de suelo sin sustento para salvaguardar los ecosistemas.
De parte de México Unidos por sus Playas se entregó a la Octava Región Naval una síntesis de una investigación realizada en la zona de humedales de Diamante, donde se indica que el crecimiento es por no respetar los Programas de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, sustentados en la Ley General de Equilibrio  Ecológico y la Protección Ambiental.
Indican los ambientalistas que de acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero, en su fracción sexta se indica que se deben considerar zonas destinadas a la conservación “aquellas cuyo subsuelo se hayan visto afectado por fenómenos naturales o por explotaciones de cualquier género, que representan riesgos urbanos permanente o eventuales para los asentamientos humanos”, como “es el caso de la zona Diamante, donde desde hace más de 18 años se han presentado inundaciones”.
El delegado en Guerrero de la asociación civil, Ángel Vargas Patillo, indicó que hay una omisión de diferentes actores que participaron en la construcción de inmuebles en la zona, que derivado de las recientes inundaciones han causado una afectación directa al patrimonio de cada familia, debido a la devaluación de las propiedades que ya se da.
Agregó que los actos de mitigación de los daños ocasionados por las inundaciones que pretenden realizar las instituciones que otorgaron créditos para la compra de las viviendas, sin evaluar el riesgo que representa la construcción en la zona de humedales, sólo son un engaño, cuando llaman a los propietarios a que paguen solo el 10 por ciento de su mensualidad y el resto se traspasará al final de sus pagos para liquidar, más no es una bonificación directa.
Los ambientalistas consideraron que las recientes inundaciones provocadas por la tormenta tropical Manuel es una segunda oportunidad para que se respeten las leyes ambientales y evitar daños mayores, así también que los ciudadanos sean más participativos en cuanto a no permitir construcciones donde haya una daño ambiental.
Convocaron a los ciudadanos a ser partícipes también en sancionar de manera civil a los responsables que determinen las autoridades en las investigaciones que anunciaron que se harán, debido a que de manera penal el procedimiento ya prescribió, más no por la vía civil.