No se cumple la sentencia internacional en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo

*Ayer se hicieron tres años desde que la Coidh notificó al Estado mexicano y “siguen incumplidas en aspectos medulares”, señala Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, denunció que “persiste el incumplimiento” de los fallos?de la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos (Coidh) en favor de las indígenas violadas por soldados del Ejército, Inés Fernán-dez Ortega y Valentina Rosendo Cantú después de?tres años de su notificación.
En un comunicado enviado la tarde de ayer, el organismo manifestó que siguen pendientes la reparación del daño , así como la justicia?y la reforma al fuero militar.
Ayer se cumplieron tres años de que la?Coidh notificó las?sentencias dictadas contra el Estado mexicano, “tras un?largo proceso acompañado por la Organización?del Pueblo Indígena Me’phaa?(OPIM), el?Centro por la Justicia y el Derecho Internacional??(Cejil)?y Tlachinollan”.
Sin embargo, el organismo guerrerense denunció que a pesar de que han trascurrido 36 meses?a partir de que los fallos?se hicieron públicos y más de 11 años desde que los?hechos ocurrieron, “las sentencias siguen incumplidas en aspectos medulares”.
Tlachinollan agregó, en ambas sentencias la Coidh reconoció lo que el Estado negó durante más diez años; que en?diferentes circunstancias durante el año 2002, a cuando Inés tenía 25 años y Valentina 17 fueron víctimas de violaciones graves de derechos humanos?cometidas por?soldados del Ejército “en un?contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia?institucional castrense”.
El organismo insistió en que a tres años de la emisión de las sentencias, con medidas provisionales y el?desgaste de buscar justicia por más de una década, las dos mujeres mantienen “la expectativa de acceder a la justicia que les ha sido?negada durante años”, pero también con el compromiso de que se impongan medidas que aseguren que hechos como los que ellas vivieron nunca más?se repitan en el país.
Tlachinollan denunció que las instituciones “no han estado a la altura de la?determinación de ambas mujeres me’phaa”, pues el cumplimiento de las sentencias en?sus extremos?más concretos y relevantes aún no se materializa.
Recordó que la Secretaría de Gobernación, responsable de la adopción de esta?medida, ha afirmado públicamente que ya ha sido creado un fideicomiso para cumplir la sentencia, “sin embargo, dicho?mecanismo no ha sido presentado a ambas mujeres, ni se ha?informado oficialmente sobre la publicación en el Diario Oficial de la?Federación sobre su creación”.
Agrega que ?en cuanto a las medidas de reparación comunitarias, la?creación y operación del albergue para estudiantes y el Centro Comunitario para?las Mujeres Me’phaa en Ayutla, ordenados por la Corte Interamericana,?en el caso Inés Fernández, “corre el peligro de desvirtuarse si no se priorizan?mecanismos de rendición de cuentas por?parte del estado de Guerrero y si no se?aseguran mecanismos comunitarios de operación participativa”.
Respecto a la investigación de los hechos y la?presentación de los responsables ante la justicia, Tlachinollan informó que las?averiguaciones previas se encuentran en la?Fiscalía Especializada en?Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General?de la República (PGR), “siendo impostergable la?consignación simultánea de ambos?expedientes ante la justicia civil federal”.
Expresa que en cuanto a?la reforma al Código de Justicia Militar ordenada en ambas sentencias continúa?sin materializarse, “si bien el Senado ha realizado diversas audiencias públicas?sobre el tema en fecha reciente, las discusiones del Senado en torno a este tema?cobran mayor relevancia ante la inminente evaluación por parte del Consejo de?Derechos?Humanos a México el próximo 23 de octubre de 2013, examen en cuyo?marco se ha enfatizado la necesidad de acotar el fuero militar”.
Agrega, “al margen de lo anterior, resulta fundamental recordar?que actualmente se encuentra registrado en la Suprema Corte de Justicia de la?Nación el expediente Varios 1396/2012,?relativo a la determinación de las?obligaciones que le imponen al Poder Judicial de la Federación las sentencias?dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en?los casos de Inés?Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, bajo la ponencia del Ministro?Alberto Pérez Dayán”.
Explica que la tramitación de dicho expediente ofrece a la Suprema?Corte de Justicia de la Nación la oportunidad de definir cómo debe impartirse?justicia con perspectiva de género y etnicidad. “No obstante, en dos ocasiones?ha sido retirado de?la lista oficial cuando se encontraba próximo a ser?discutido”, manifestó el organismo.
Concluyó que en estas circunstancias las sentencias de la Corte Interamericana?“distan de ser cabalmente cumplidas en México, pese a la incansable lucha” de?Inés Fernández y Valentina?Rosendo.