Pide el Congreso local investigar a funcionarios federales por permisos en zonas de riesgo

*A la AGE le solicita indagar si hay responsabilidad de funcionarios estatales y municipales por autorizar la construcción de viviendas y comercios en áreas inundables de Acapulco

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó un acuerdo por el que solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal y a los órganos de control interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que investiguen y determinen si servidores públicos del gobierno federal incurrieron en responsabilidades en el otorgamiento de autorizaciones, concesiones y permisos federales en zonas inundables.
El Poder Legislativo solicitó a las dependencias federales que informen al estado si hay responsabilidad del gobierno federal en la construcción de unidades habitacionales y centros comerciales en zonas inundables del municipio de Acapulco, y en su caso “se apliquen las sanciones correspondientes”.
El punto de acuerdo fue presentado por el diputado del PVEM, Alejandro Carabias Icaza, y también exhorta al gobierno federal, estatal y municipal de Acapulco, para que a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), “se establezca y ejecute en coordinación, un plan de inversión de infraestructura hidráulica preventiva”.
Lo anterior para los sectores Diamante, Valle de la Sabana, Llano Largo y las zonas de asentamientos humanos en las inmediaciones del río de la Sabana y zona de humedales de la laguna de Tres Palos en Acapulco, “con el fin de prevenir futuras inundaciones”.
Los diputados también exhortaron al gobierno federal a que a través de la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la Semarnat, y a los gobiernos estatal y municipal de Acapulco, refrenden un convenio de colaboración para que “se actualice, concluya, apruebe y valide el anteproyecto de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio”.
Igualmente, el pleno del Congreso pidió a la Secretaría de Gobernación federal que tome conocimiento y dé seguimiento a las respuestas de las dependencias federales y se sancione de ser necesario a quienes incurrieron en irregularidades.
Aprobaron también un exhorto a la Auditoría General del Estado (AGE) para que conforme un grupo técnico especial para estudiar y determinar si derivado de las autorizaciones, licencias, permisos y cambios de uso de suelo que permitieron la construcción de unidades habitacionales y comerciales en zonas inundables, servidores públicos municipales y estatales incurrieron en responsabilidad por el incumplimiento o violación de disposiciones del Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez, su reglamento y normas complementarias o de la legislación estatal aplicable.
De esa manera afirmó el diputado Carabias Icaza que se podrá sancionar a los funcionarios públicos que cometieron faltas que recayeron en “detrimento de intereses públicos fundamentales”.
El exhorto también alcalizó a los integrantes de la Comisión de Protección Civil del Congreso local, a quienes les encomendaron revisar la actuación de las autoridades estatales y municipales.
Los diputados integrantes de la comisión tendrán que presentar un dictamen de la respuesta y atención de los gobiernos antes y durante la tormenta Manuel, pero sólo con la finalidad de que en su caso presenten una iniciativa de reformas y adiciones a la legislación para regular e instrumentar de mejor forma los términos en que “deban responder ante situaciones similares”.
También a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso los exhortaron para que revisen la legislación vigente referente a desarrollo urbano, y que de ser necesario presenten una iniciativa de reformas y adiciones para regular de mejor forma los términos en que los municipios no vuelvan a modificar los usos de suelo.
A la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable del Congreso local les pidieron revisar la situación que guardan los municipios de la entidad, “en relación a sus Ordenamientos Ecológicos Territoriales, así como la revisión de la Ley General de Cambio Climático, con el fin de establecer el grado de cumplimento del estado y los municipios de las disposiciones”.
Y acordaron crear una Comisión Especial Plural de diputados que le den seguimiento a cada uno de los puntos que aprobaron, para que sean los responsables de presentar periódicamente al pleno informes sobre los avances, que se mantendrá vigente hasta que se haya dado cumplimiento a cada uno de los resolutivos.
Por su parte, el diputado priista Héctor Astudillo Flores realizó en tribuna un recuento de la información que los medios de comunicación nacionales y estatales han hecho públicos referentes a los daños económicos, humanos y de infraestructura generados por la tormenta Manuel.
El Poder Legislativo local exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a que instruya al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a realizar una investigación sobre el actuar del Ministerio Público Federal José Virgilio Teutle Mendoza, adscrito a Coyuca de Catalán, y los dos agentes federales que lo acompañaban durante la? presunta entrada violenta a las instalaciones de la presa el “Gallo”.
El acuerdo fue presentado por la Comisión Especial encargada de coadyuvar y darle seguimiento al problema que se presenta en la presa “El Gallo”, entre habitantes del municipio de Cutzamala de Pinzón, las autoridades municipales y la empresa Mexicana de Hidroeléctrica (Mexhidro).
En tribuna el diputado Evencio Romero Sotelo explicó que el día 26 de septiembre el presidente municipal de Cutzamala, Isidro Duarte Cabrera, informó que un agente del Ministerio Público Federal de nombre José Virgilio Teutle Mendoza, junto con dos elementos de la Policía Ministerial Federal, “llegaron agresivamente escoltando al personal de la hidroeléctrica, apuntando de manera amenazante e intimidatoria a los campesinos y pescadores que se encontraban custodiando la entrada a estas instalaciones, a las cuales entraron por medio de la fuerza sin presentar alguna orden emitida por un juez federal, para sustraer de su interior documentos, grabaciones y computadoras”.
Y que estos policías amenazaron a las personas que tienen tomadas las instalaciones en exigencia de que la empresa Mexhidro sea sancionada con el resarcimiento del daño, que asciende a 60 millones de pesos, en las áreas de ganadería, agricultura y pesca, y a cumplir el pago del 30 por ciento del alumbrado público para el municipio.

Otras propuestas

En la sesión, el diputado Rodolfo Escobar Ávila presentó un exhorto al presidente Enrique Peña Nieto para que instruya al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que se apliquen correctamente los dispositivos jurídicos que regulan los límites de todos los tipos de embarcaciones, los permisos y concesiones que cumplan con la normativa aplicable, “para salvaguardar la integridad de las personas que visitan las playas de dicho municipio, siempre en busca de evitar futuros accidentes tan lamentables como los que han sucedido en el puerto”.
También se aprobó la creación de la Universidad Tecnológica de Acapulco, como organismo público descentralizado.