Se reúnen con Aguirre en Casa Guerrero la OPIM y Tlachinollan; hablan sobre el caso de Inés Fernández

Redacción

Chilpancingo

Integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se reunieron ayer con el gobernador, Ángel Aguirre Rivero y funcionarios federales para dar seguimiento a los compromisos pactados tras la disculpa pública del Estado mexicano a la indígena Inés Fernández Ortega violada sexualmente por militares.
En un boletín de prensa difundido por la oficina de comunicación social del gobierno  del estado, destaca como uno de los resultados la liberación del líder mixteco, Maximino García Catarino quien estaba preso en Ayutla desde enero.
Se resalta en el boletín que en la reunión efectuada en la residencia oficial Casa Guerrero “y en atención a una de las demandas más sentidas por parte de la OPIM, se analizó la pronta liberación de Maximino García Catarino”.
Asimismo se agrega que “entre otros de los acuerdos que se tomaron en la reunión para reparar el daño a Inés Fernández Ortega y sus familiares, resaltó el compromiso del gobierno federal por cumplir en su totalidad el resolutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Dice que entre ellos está “garantizar que Inés y sus familiares tengan acceso un programa de seguridad social, becas de estudios para sus hijos con la cobertura de los costos que puedan derivarse hasta la conclusión de estudios superiores”.
Se menciona que habrá “las Caravanas de la salud para las comunidades marginadas de Costa Chica y en especial quienes pertenecen a la OPIM y la rehabilitación de caminos y carreteras a través de la SCT del gobierno Federal y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), por parte del gobierno del estado”.
Otro de los compromisos que se acordó, según se lee en el comunicado es “cumplir es la construcción de un centro comunitario de atención a mujeres víctimas de violencia que les dé asesoramiento jurídico o en su caso atención psicológica, para lo cual se establecerá un fideicomiso por 11 millones de pesos que se destinarán a la construcción y mantenimiento del mismo”.
Se resalta en el boletín que “en este punto, el mandatario estatal entregó un millón de pesos para la compra del terreno que albergará dichas instalaciones y el otro millón lo aportará el gobierno federal”.
Se informó también que “se implementan acciones de formación de servidores públicos del ámbito de la procuración e impartición de justicia, con perspectivas de género y derechos humanos con la finalidad de evitar que cualquier mexicana pase por lo que pasó la indígena me´phaa, Inés Fernández”.
Añade que se reiteró el compromiso por parte del gobierno federal para la promoción y la capacitación de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos como una medida para prevenir violaciones a las garantías individuales.
Se enlista en el boletín que participaron en la reunión el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Max Alberto Diener Sala; el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez y delegados federales de diversas dependencias a nivel federal como Salud, SCT, el presidente municipal de Ayutla, Armando García Rendón, así como integrantes de la OPIM encabezados por Obtilia Eugenio Manuel, y el director del centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.