Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

*Petróleo, Cárdenas y López Obrador

El tono triunfalista con el que el presidente Enrique Peña Nieto promueve en el extranjero las reformas que presentó en el Congreso dista mucho de reflejar los cuestionamientos y el rechazo social que rodea sus iniciativas. El sábado exaltó en Bali, Indonesia –donde se desarrolla la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico–, las presuntas bondades de la reforma hacendaria y presumió su intención de poner en marcha una pensión universal y un seguro de desempleo. Pero su exposición ocultó la creciente oposición de partidos, incluso del PRI, y sectores como el de los empresarios, usualmente afines a su gobierno, que anticipan efectos contraproducentes en medidas como la aplicación del IVA a las colegiaturas y a la compra de viviendas.
Tampoco fue objetivo Peña Nieto al referirse al Pacto por México, al cual definió como “un extenso acuerdo entre los tres principales partidos políticos” para respaldar sus reformas, de las cuales mencionó la educativa, la de telecomunicaciones y la de competencia. De haber sido congruente con los hechos, habría tenido que describir la férrea movilización del PAN contra la reforma hacendaria, y la del PRD contra la reforma energética. Si ambos partidos firmantes del Pacto por México mantienen estas posiciones, entonces existe una fractura en ese acuerdo y las reformas carecen de consenso político, ya no digamos social.
Con la misma actitud, que navega entre la arrogancia y la indiferencia, respondió Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador, quien lo había emplazado a someter la reforma energética a una consulta pública. En una carta de respuesta al Movimiento de Regeneración Nacional, emitida la noche del viernes pasado, el secretario particular del presidente, Erwin Lino Zárate, se desentiende de la demanda lopezobradorista y afirma que es competencia del Congreso decidir sobre el tema. Pero aprovecha la ocasión para reiterar las muletillas de la publicidad oficial, según la cual la reforma petrolera “garantiza en todo momento la estricta rectoría del Estado mexicano y la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos”, exactamente lo contrario de lo que hay detrás de la iniciativa peñanietista. La respuesta de Los Pinos contiene hasta las demagógicas promesas de que con la reforma bajará el precio de la luz y del gas y se generarán cientos de miles de empleos.
Es previsible que, con la supresión del IVA a las colegiaturas y a las medicinas y alimentos, la reforma hacendaria sea aprobada por la mayoría del PRI y sus aliados en la Cámara de Diputados. También es previsible que con esa mayoría, y el apoyo del PAN, sea aprobada la reforma energética, con la modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales para autorizar el ingreso de las empresas privadas a la explotación del petróleo y el traslado de las ganancias a esas empresas. No se percibe en el gobierno ni en Peña Nieto la menor sensibilidad ante el rechazo social generalizado a la reforma de la Constitución para revertir la expropiación petrolera. Esa oposición está abundantemente documentada en las encuestas de siempre y en las que se han realizado en meses recientes, pero en lugar de atender ese clamor, el gobierno de Peña Nieto se ha propuesto ahogarlo con la publicidad gubernamental en la televisión y en la radio, que manipula la información y la historia, de la misma manera que se propone aplastar a la oposición de izquierda en el Congreso.
Al contrario de lo que suele decir Peña Nieto, de ser aprobada la reforma petrolera en los términos propuestos, estará fincada en un gran desacuerdo nacional y supondrá una regresión a la época porfirista de entrega del patrimonio nacional al extranjero. Cuauhtémoc Cárdenas ha proporcionado argumentos irrefutables que exhiben el carácter privatizador de la iniciativa del gobierno. ‘‘Estamos ante la gravísima perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938, ahora con otros nombres, vuelvan a ser las que decidan cómo se manejan y sean las principales beneficiarias de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos’’, advirtió Cárdenas el 23 de septiembre en un foro organizado por el Senado sobre la reforma. En una intervención particularmente incisiva, el ex candidato presidencial del PRD explicó que el problema de la reforma de Peña Nieto es que no plantea una asociación de Pemex con el sector privado, “sino que desplaza al Estado totalmente del sector petrolero y eléctrico’’. Es decir, entrega todo a la empresa privada como en los tiempos de don Porfirio. Los partidarios de ceder a la iniciativa privada las ganancias del petróleo prescriben la idea de que el país debe trascender sus “mitos” históricos y ver el futuro sin ataduras del pasado, pero ¿por qué no habría de poder México construir su futuro sin respetar y mantener su lealtad a su historia?, y en última instancia ¿qué es un país sin su historia? La expropiación petrolera es una de las fuentes que alimentan nuestra identidad nacional, y arrollarla para saciar intereses privados de ninguna manera es una actitud patriótica. Por lo demás, es falso que la apertura del petróleo al sector privado sea una panacea, y el testimonio del ex director de Petrobras, la empresa petrolera brasileña, es incuestionable. Ildo Sauer advirtió que la privatización de la industria petrolera de Brasil fue un fracaso y ahora el gobierno trata de reestatizarla. (“Cuando la IP extrae crudo, baja la renta petrolera para el Estado”, La Jornada, 13 de septiembre de 2013).
Dada la sordera y determinación gubernamental, lo único que puede frenar la reforma petrolera del gobierno y hacer que prevalezca el interés popular es la movilización social, ese mecanismo de cambio tan ultrajado y tergiversado en las recientes semanas por el vocerío oficial. El acuerdo firmado por López Obrador y Cárdenas el 19 de septiembre tuvo el objetivo de sumar su fuerza y liderazgo en defensa del petróleo, pero hasta ahora no se ha concretado en acciones. Las marchas de López Obrador han sido sutilmente boicoteadas para que no lleguen al Zócalo de la ciudad de México, ayer por tercera ocasión. La mano que reunió a ambos líderes hace quince días deberá volver a reunirlos al frente de una movilización cuya magnitud no deje sitio a la duda sobre la postura de la población. No es cierto, como asegura el empresario Carlos Slim, que el país deba prescindir de sus utopías –como parece llamar a los “mitos” históricos– para alcanzar el progreso; es al revés, pues sin utopías ni historia, ningún país puede ir a ningún lado.

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