Netzahualcóyotl Bustamante Santín

Se enfría la reforma migratoria

Como en 2003 cuando la agenda bélica de Estados Unidos en Medio Oriente ocupó la atención política del Capitolio (sede del Congreso) y la Casa Blanca (sede del Presidente), en 2007 también naufragó el último intento de la administración Bush por encaminar una reforma migratoria al subordinarla al cálculo electoral de la carrera presidencial en la que los republicanos fueron derrotados.
La historia, con matices, ha vuelto a repetirse en 2013 el año en que mayor énfasis y atención se había puesto a la reforma para legalizar a millones de indocumentados; la agenda migratoria sucumbió ante las prioridades políticas en Washington a la espera de mejores tiempos para impulsarla.
El debate se reduce ahora a zanjar el galimatías que suponen las arcas vacías del gobierno federal porque los republicanos no aprobaron el presupuesto 2014 (el ciclo fiscal en EU inicia el 1° de octubre) al condicionar la entrada en vigor de la reforma sanitaria de Obama; el brete ha dejado a 800 mil de los 2 millones de empleados federales sin trabajo temporalmente, en lo que representa el primer cierre parcial del gobierno federal en 17 años.
Ese escenario económico se podría trastornar aún más si el Congreso norteamericano no eleva antes del 17 de octubre el actual techo de deuda de 16.7 billones de dólares, lo que colocaría a ese país en la peligrosa ruta de la suspensión de pagos con sus acreedores.
Sumidos en una ciega y dura confrontación, ni los demócratas ni los republicanos están pensando ahora en la “vía para legalizar” a 11 millones de indocumentados que viven en ese país de los cuales 6 millones son mexicanos, sino en cómo resolver la debacle que pone a Estados Unidos al borde de una recesión similar a la de 2008 de la que todavía no se recupera.
¿En qué punto está la reforma migratoria? El 28 de mayo narramos en estas páginas que tras intensas negociaciones, el Senado norteamericano había aprobado en Comisiones un anteproyecto de ley luego de una discusión de más de 100 enmiendas. Un mes después, el 27 de junio, 68 de 100 integrantes de la Cámara alta aprobaron el proyecto de reforma migratoria integral pero a un costo significativamente alto. Si bien despeja el camino a la ciudadanía para algunos de los más de 11 millones de indocumentados que cumplan una serie de requisitos y amplía las visas para inmigrantes altamente capacitados, así como para trabajadores huésped en el sector agrícola, la reforma fue posible gracias a una enmienda que refuerza con miles de millones de dólares la seguridad fronteriza.
En total, el proyecto de ley aprobado destinará 46 mil millones de dólares para duplicar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza de los 20 mil actuales a 38 mil, adquirir equipos de vigilancia de alta tecnología, amurallar más de mil kilómetros de franja fronteriza y desplegar más aeronaves a control remoto (drones) en la frontera, durante 24 horas los siete días a la semana para detectar el cruce de indocumentados.
Tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley de reforma migratoria conocida como “Seguridad fronteriza, oportunidad económica y Ley de modernización de inmigración (S. 744)”, el presidente de la Cámara, el republicano John Boenher, advirtió que ellos harán su propio proyecto de ley.
Ya se sabía que la S744 toparía en el Congreso. Entre 80 y 100 congresistas de 232 que conforman el bloque republicano pertenecen al Tea Party, el ala más conservadora y que se ha pronunciado en contra de cualquier medida que regularice el estatus legal de quienes infringieron la ley al entrar “ilegalmente” a Estados Unidos.
Se creía también que al concluir el receso legislativo de verano el 9 de septiembre, el Congreso iniciaría la discusión sobre la reforma migratoria en tres escenarios: considerando la avalada por el Senado, una propuesta propia (con fuerte acento republicano) o una tercera que considerara el fortalecimiento del control fronterizo (esta opción permitiría que los republicanos del Tea Party respalden la militarización de la frontera con México y avalen la ley) y la legalización de indocumentados, como lo sugiere el Senado.
Pero nada de eso ha ocurrido ahora y se espera que durante el resto del año, la reforma migratoria que está en la cancha de los congresistas, no sea ni retomada ni discutida, hasta resolver el aprieto en que han metido los legisladores del Tea Party a la maquinaria económica más poderosa del planeta.
Pero sin duda, el plan migratorio que aborde el Congreso será más restrictivo y regresivo que lo aprobado por el Senado impulsado tenazmente por el “grupo de los ocho” demócratas y republicanos.
Mientras el debate por la reforma entra en un impasse, miles de migrantes se movilizan para presionar a la Cámara de Representantes a que apruebe este año una reforma migratoria integral, tal como ocurrió este fin de semana en más de 100 ciudades de Estados Unidos en el marco del Día Nacional de la Dignidad y el Respeto.
Las manifestaciones sin embargo no hacen mella en los congresistas que están pensando en el desastre financiero que supone el cierre parcial del gobierno federal y no en la reforma migratoria.
A contrapelo de la dura oposición de los republicanos a flexibilizar la estancia de millones de indocumentados en EU, el jueves 3 de octubre el gobernador demócrata de California Jerry Brown, firmó una ley aprobada tres semanas atrás por el Congreso y el Senado estatales, que otorga un permiso a los migrantes indocumentados para obtener licencias de conducir en ese estado que tendrá vigencia de septiembre de 2014 a enero de 2015, plazo en el que se podrá regularizar la situación de millones de personas que conducen sin licencia. En California residen 2.5 millones de indocumentados.
Pero el gobernador Brown no se detuvo ahí y fue más lejos; aprovechando las movilizaciones de migrantes desarrolladas en buena parte de Estados Unidos, particularmente en su estado, el sábado 5 suscribió la ley Trust Act que prohíbe a agentes policiales en California “entregar” a autoridades federales a migrantes indocumentados si han sido arrestados por un crimen menor, y eso sólo ocurrirá si el delito cometido es grave lo que podría desembocar en un proceso de deportación.
Ocurren 45 mil eventos de deportación al mes desde Estados Unidos, a razón de mil 500 por día; tan solo en el periodo octubre 2011-octubre 2012 fueron expulsados 400 mil mexicanos de EU.
El 23 de septiembre, el Centro Pew publicó un informe que revela la disminución del flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos.
Un dato contundente de que mucho lo piensan dos veces antes de cruzar el río Bravo, lo refleja el número de detenciones de indocumentados que efectuó la Patrulla Fronteriza en el año 2000 cuando alcanzó el máximo de un millón 637 mil mexicanos, contra 266 mil en el 2012. Por el contrario, el número de indocumentados no mexicanos detenidos en la frontera norte en ese periodo se duplicó al pasar de 40 mil a 99 mil.
El reporte del Pew centra su análisis en el moderado aumento de la población migrante indocumentada en EU tras varios años de estancamiento, especialmente en el periodo de recesión económica 2007-2009.
En el 2007 en la víspera de la crisis por el boom inmobiliario, esa nación albergaba a 12.2 millones de indocumentados (de todas las nacionalidades) para caer a 11.3 millones en 2009. Sin embargo, el número de migrantes indocumentados en 2012 se incrementó 200 mil personas respecto al año previo para situarse en 11.7 millones de personas.
Ese ligero incremento no supone una efectiva mejoría de la economía norteamericana que es el imán que despertaría el interés de muchos por irse a vivir a Estados Unidos. El centro de estudios lo define de esta forma: “Siempre ha existido una relación entre el crecimiento de la población indocumentada y la bonanza económica en Estados Unidos”. Sostiene que la fuerte caída de migrantes indocumentados que acompañó la recesión de 2007-2009 ha tocado fondo y “la cifra podría estar aumentando de nuevo”.
En 2012 la población mexicana representó el 52 por ciento del total de migrantes indocumentados; según el Pew, actualmente 6 millones de mexicanos sin papeles  viven en Estados Unidos, 900 mil menos que en el año 2007.
El Centro Pew concluye que hay menos migrantes mexicanos indocumentados por la “importante reducción del número de llegadas de mexicanos sin documentos que se suma al flujo de regresos debido a las deportaciones”, tesis que hemos venido sosteniendo en estas páginas desde hace quince meses.
Un elemento adicional es que los mexicanos allá están enviando menos dólares acá, como lo indica la racha negativa de 13 meses consecutivos a la baja de las remesas, que sólo fue interrumpida por un ligero aumento el pasado mes de agosto cuando ingresaron mil 911 millones de dólares, un tímido crecimiento de 1.1 por ciento anual. Entre enero y agosto de 2013 las remesas enviadas a México sumaron 14 mil 456 millones de dólares, cifra inferior en 7.4 por ciento a los 15 mil 609 millones que ingresaron en el mismo periodo del año anterior.
Y para desbaratar el cuadro, el Banco Mundial reportó hace una semana que Filipinas desplazó a México del tercer lugar como país receptor de remesas, pues el primero captará al cierre del año 26 mil millones de dólares y el segundo 22 mil millones. India y China ocupan la primera y segunda posición.