Rechazan jueves federales amparos para suspender la evaluación docente

*Dicen que el examen es para obtener una educación de calidad y que por eso “la suspensión resulta improcedente, pues la sociedad está interesada en que los alumnos” la reciban

Víctor Fuentes /?Agencia Reforma

Ciudad de México

Tres jueces federales se negaron a suspender la evaluación a los maestros de todo el país, prevista en la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, e impugnada a partir de esta semana mediante amparos colectivos.
Los Jueces Segundo, Sexto y Séptimo de Distrito Auxiliares en San Andrés Cholula, Puebla, recibieron entre lunes y martes los primeros diez amparos que cuestionan la constitucionalidad de la ley.
Sin embargo, los jueces -responsables de concentrar todas las demandas contra la reforma educativa a nivel nacional- rechazaron suspender eventuales evaluaciones, como pretendían los maestros.
“La evaluación de los trabajadores de la educación se implementó como un mecanismo para obtener una educación de calidad, entonces, la suspensión solicitada resulta improcedente, pues la sociedad está interesada en que los alumnos reciban una educación de calidad”, afirmó el Juez Séptimo, Pedro Arroyo.
El juez Sexto, Carlos Alfredo Soto Morales, afirmó que la evaluación no sólo está prevista en la ley secundaria, sino en el artículo Tercero de la Constitución, de ahí que no puede suspenderse.
“De concederse la medida cautelar solicitada, se transgredirían disposiciones de orden público e interés social, ya que la sociedad está interesada en que se garantice la calidad en la educación obligatoria mediante, entre otras cosas, la idoneidad de los docentes, así como de los directivos, para así alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los educandos”, señaló Soto.
Los jueces también determinaron que la posible afectación a derechos laborales por no aprobar la evaluación es un acto futuro de realización incierta, por lo que tampoco procede la suspensión con base en ese argumento.
Se trata de la segunda ronda de amparos contra la reforma educativa, luego de que miles de docentes, en su mayoría adscritos a la CNTE, impugnaron la reforma constitucional publicada el 26 de febrero.
Esos amparos no prosperaron porque el Poder Judicial determinó que no es posible cuestionar por esa vía las reformas a la Carta Magna.
La normas secundarias, en cambio, sí pueden ser impugnadas, y es previsible que nuevamente se presentarán cientos de amparos firmados por miles de maestros, que tienen hasta el 24 de octubre para cuestionar las leyes en cuestión, publicadas el 11 de septiembre en el Diario Oficial.
Las sentencias eventualmente serán revisadas por la Suprema Corte, pero sin que los maestros tengan el beneficio de estar exentos de la aplicación de la ley mientras se desahoga el proceso judicial.