Sólo uno de los 12 comunitarios detenidos llevaba arma reglamentaria, pero la PGR consigna a todos

*Los dos civiles de Cochoapa el Grande, que apoyaban las acciones de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, también aprehendidos por los militares, son acusados por llevar una mochila donde había cartuchos útiles

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Sólo uno de los 12 policías comunitarios de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, detenidos por soldados en el municipio de Cochoapa el Grande el domingo, portaba un arma catalogada como de uso exclusivo del Ejercito, pero el resto fueron consignados por la agencia del Ministerio Público Federal por la portación de armas sin licencia.
Mientras los dos civiles de Cochoapa el Grande, que apoyaban las acciones de la Policía Comunitaria de Zitlaltepec, también aprehendidos por los militares, fueron acusados por una mochila donde había cartuchos útiles, de los que no se precisaron los calibres; pero su defensa adelantó que saldrían libres con el pago de una fianza de 5 mil 400 pesos por cada uno.
Mientras, la defensa de los policías comunitarios solicitó la ampliación del plazo de 72 a 144 horas, para que el juzgado determine la situación legal de los inculpados, que ayer se reservaron su derecho a declarar.
Sin embargo, el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tachinollán, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que este caso no debió llegar a la PGR porque hay un acuerdo entre el gobierno del estado y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias comunitarias (CRAC), de que en sus territorios los pueblos originarios pueden desempeñar tareas de seguridad pública, procuración y administración de justicia.
“Pero no hay respeto de parte del gobierno federal a la autonomía de los pueblos indígenas, ni hay un respeto a los tratados internacionales en esta materia. En Guerrero tenemos una ley que expresamente reconoce las atribuciones y facultades de administración de justicia que ejerce la CRAC, no es posible que el gobierno federal y estatal estén deteniendo a los compañeros, cuando la mayoría de las armas no son del uso exclusivo del Ejército”.
Consideró que sin soldados en Cochoapa, no habría sido posible la detención de los policías comunitarios, porque ellos tenían el aval del gobierno municipal para entrar a la cabecera municipal y llevarse a un inculpado ante el sistema de justicia comunitario. Incluso, se afirmó que el síndico procurador de ese municipio solicitó la intervención de la CRAC.
Durante la diligencia para la declaración previa de los detenidos en el juzgado federal, se presentó el informe que entregó la Policía Municipal de Cochoapa el Grande, que sirvió para poner disposición de la PGR a los 14 detenidos.
El reporte dice que a las 3 de la tarde del domingo, Francisca Iturbide y Modesta García denunciaron que 20 personas disparaban sus armas de fuego contra Faustino García Tiburcio (a quien la policía comunitaria iba a detener), que los tiros pegaron en varias casas y en una camioneta Nissan doble cabina.
Estas personas pidieron el auxilio de soldados, que salieron con 20 policías municipales en sus patrullas, en dirección al crucero de Metlatónoc, pero en la colonia La Ciénega detuvieron a los comunitarios y a los civiles, quienes no opusieron resistencia.
Precisaron que los detenidos no se identificaron como policías comunitarios, aunque llevaban puestas playeras de color verde con la leyenda Territorio Comunitario Guerrero, y en el cuello, CRAC-PC. Luego, se detalló el tipo de arma que llevaban, entre escopetas calibre 12 y 16, pistolas calibre 45 y 9 milímetros; y Samuel Ramírez Gálvez una carabina 30-30, que sí está en el catálogo de armas de uso exclusivo.
Se precisó que los policías municipales ratificaron la denuncia en el Ministerio Público federal, lo que llevó a la consignación de todos los detenidos. Incluso, en la PGR se establecieron montos de las fianzas que de hasta 18 mil pesos; por lo tanto, los abogados de los 14 detenidos resolvieron llevar los casos al juzgado federal.
Sobre la defensa de la Policía Comunitaria, Rosales Sierra explicó que aún no era tiempo de hacer una declaración, porque no tenían toda la información del caso; como son los resultados de peritajes que realizó la PGR, pero a partir de ahí, aseguró que se puede diseñar una defensa más sistemática que pueda resolver los señalamientos.
Adelantó que el lunes vence el plazo de 144 horas para determinar la situación legal de sus representados; en tanto, se observó que sus familiares les llevaron ropa de civiles, para que no sean identificados como policías comunitarios en el penal.
Aunque se reservaron los detalles, por temor a represalias, trascendió que fueron golpeados en la prisión “porque no quieren a los comunitarios”.
Al percatarse de la presencia de est reportera de El Sur en el juzgado, el personal demandó que saliera de las instalaciones, incluso con la policía federal a cargo de la seguridad del edificio. Antes, uno de los secretarios de acuerdos intentó que los familiares salieran de la audiencia, “porque estorbaban” en los reducidos pasillos del edificio.
Durante las diligencias, que comenzaron a las 12 del día y continuaron hasta después de las 7 de la noche, la calle 5 de Mayo, frente al edificio federal, estuvo cerrada por la Policía Federal, que colocó  ahí varias patrullas que sirvieron para el traslado de los detenidos.
Durante la diligencia, pl personal del juzgado llamó a un traductor de na savi (mixteco) para auxiliarlos en la diligencia de Javier Solano y Alejandro Lorenzo Ramírez, ambos de 19 años; Ángel Solano de 25, Adolfo y Raymundo Solano Ortega, comandante de la CRAC, de 23 y 33 respectivamente; Fausto Solano Lorenzo, de 20; Jorge Ortega Jiménez, de 23; Samuel Ramírez Gálvez, de 27; Jorge Ortega García, de 23; Rodolfo Rojas González, de 31; Teodoro García Reyes; así como de Catalino Maldonado Mendoza, de 49 años, y Santiago de Jesús Gálvez, de 35, también comandantes de la institución comunitaria.