La ley prevé la responsabilidad de funcionarios que autorizan obras en zonas de riesgo, advierten especialistas

*En un foro sobre la reconstrucción del estado, enfatizan la necesidad de atender la prevención, no los desastres. Éstos se construyen y son resultado de malas decisiones públicas, advierten

Daniel Velázquez

Las autoridades deben trabajar más en la prevención como política pública y no atender sólo la atención al desastre, además de identificar la vulnerabilidad de las zonas para establecer qué medidas pueden ayudar a mitigar riesgos y reducir el impacto de los fenómenos climáticos como el que afecto al estado el pasado 13, 14, 15 y 16 de septiembre.
En el foro La reconstrucción del sur-sureste: desarrollo regional y combate a la pobreza, que se llevó a cabo en el salón Mozart I del hotel Emporio, especialistas hablaron sobre los riesgos que hay en Acapulco y sobre las acciones de política publica que se deben llevar a cabo para prevenir y mitigar el impacto de los fenómenos meteorológicos.
Asistieron la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Amparo Martínez Arroyo; el investigador de El Colegio de México, Sergio Puente Aguilar, quien participó en el equipo de expertos que colaboraron en la reconstrucción de Acapulco después del huracán Paulina, y el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Carlos San Juan Victoria.
El foro fue organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y la UAG.
En su intervención al inaugurar el foro, el diputado federal Sebastián de la Rosa dijo que los daños causados por las lluvias de la tormenta tropical Manuel colocarán al estado como el de mayor rezago debido a los daños que causó en la infraestructura del estado.
Indicó que se debe aprovechar la discusión del presupuesto 2014 para que se incluyan las obras que se necesitan en el estado, pero no ordenadas desde la burocracia sino con sustento académico que incluya la participación comunitaria.
El rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, dijo que las lluvias colocaron a Guerrero en el último lugar en los indicadores de desarrollo, y le entregó a De la Rosa un informe de las acciones hechas por la universidad y le pidió que sea intermediario para conseguir una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Inundaciones y deslizamientos de laderas

La directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Amparo Martínez Arroyo, alertó que en Acapulco los riesgos son inundaciones y deslizamientos de laderas, además de fenómenos meteorológicos extremos.
Martínez Arroyo es doctora en Ecología por la Universidad de Barcelona y participó con la conferencia Procesos de Reconstrucción Socioambiental en el Contexto de Vulnerabilidad al Cambio Climático.
Dijo que “no se puede atribuir al cambio climático todo lo que nos está pasando ni mucho menos, pero sí tenemos que conocer y saber cómo manejar el contexto físico en el que nos encontramos”, dijo.
Indicó que con el cambio climático lo que se espera es que los fenómenos meteorológicos se presenten con mayor intensidad, pero por ahora es difícil señalar si los fenómenos que ocurren actualmente son consecuencia del cambio climático, porque primero deben esperar a conocer su frecuencia para determinarlo.
“Todos los modelos apuntan hacia una intensificación de los huracanes y las tormentas severas y los eventos extremos, sobre todo en el Atlántico norte y en el Pacífico centro”, dijo.
Indicó que para el norte del país lo que se prevé es un aumento de zonas de sequía “y para el sur-sureste es el incremento de los eventos extremos que han ocurrido, esto no quiere decir que cae más cantidad de agua de lo que cae en promedio el resto del año, sino que cae concentrada en unos cuantos días”.
Expuso que las autoridades deben identificar la vulnerabilidad y por qué es esa debilidad, pues “en cada lugar la vulnerabilidad es distinta y tiene que ver con la situación específica del ecosistema, como el desarrollo de la población, porque cuando consideramos a la vulnerabilidad en términos del cambio climático, cada desastre corresponde a diferentes realidades; ni cada comunidad tuvo que ver con lo mismo, en algunos habrá  un río, una presa que se desbordó, el otro es por los deslizamientos, porque es la parte alta de la cuenca”.
Indicó que lo “primero para cualquier proyecto de reconstrucción, es identificar por zonas específicas a qué son vulnerables y por qué son vulnerables”.
Martínez Arroyo ilustró con mapas la zona del Acapulco Diamante, desde la laguna de Tres Palos hasta las laderas de parque El Veladero que se ubican en la carretera Cayaco-Puerto Marqués.
Puso énfasis en los años en que se tomaron las fotografías satelitales que muestran el crecimiento urbano en la zona y cómo la vegetación que había en las laderas desapareció al tiempo que se asentaron colonias.
Mostró imágenes de 2002, después en 2006 aumentó el número de viviendas, en 2009 los asentamientos humanos en las laderas acabaron con la vegetación y en 2012 la deforestación era evidente, “lo que va a propiciar que cuando haya un evento meteorológico extremo esta zona no tenga ninguna forma de defenderse”.
Explicó que este fenómeno de crecimiento sin planeación es lo que los expertos llaman “la construcción social del desastre, porque los desastres se van construyendo desde la sociedad y se van construyendo desde niveles locales, por eso es tan importante el trabajo de identificación de a qué son vulnerables y porqué son vulnerables”.
Agregó que para la planeación y reconstrucción se deben tomar decisiones en base a conocimiento científico y tecnológico, “ya no se pueden tomar decisiones con base a ocurrencia de los políticos, sino es con base en conocimiento, realmente van a ser cuestiones momentáneas y que no van a trascender”, dijo.
Lo que tenemos que hacer ahora es dar marcha atrás de cómo construimos los desastres, para ello es necesario la “planeación territorial con enfoque de cuenca, no es lo mismo planear para la alta que para la parte baja; atención a zonas ecológicamente importantes, las zonas con potencial de infiltración se deben de tratar de una manera diferente que los humedales; delimitar zonas para asentamientos humanos y organización social con acciones basadas en conocimiento”.

Debe trabajarse en prevención

El investigador de El Colegio de México, Sergio Puente Aguilar, quien participó en el equipo de expertos que colaboraron en la reconstrucción de Acapulco después del huracán Paulina, expuso que con la Ley de Protección Civil “se abre una ventana de responsabilidad pública” pero no puede ser retroactiva y aplicar en las autoridades locales que autorizaron permisos para construir en zonas de humedales.
Puente Aguilar, quien tiene un postdoctorado en planeación y desarrollo urbano, expuso “Los desafíos de la implementación de la política publica en gestión integral de riesgo”.
Señaló que “un fenómeno natural no es sinónimo de desastre, porque los desastres son socialmente construidos”.
“La política pública debe estar orientada a la deconstrucción del riesgo, no a la atención del desastres, porque esa es una perversión total, es una ventana política que es muy rentable”, dijo.
Indicó que para una efectiva política de prevención el atlas de riesgos debe ser el referente normativo de los planes y programas de desarrollo urbano, el primero deber ser una fuente de conocimiento que esté en constante revisión y alimentación.
“Solamente podemos mitigar el riesgo llevando a cabo políticas de minimización de la vulnerabilidad”, expuso.
Indicó que Guerrero cuenta con un atlas de peligros, no de riesgos, en el que desde 2004 estaban señaladas las zonas vulnerables y las inundaciones registradas en la zona Diamante son producto de la toma de decisiones “con una irracionalidad urbana y ecológica enormes”.
Precisó que en el Plan de desarrollo Urbano versión 2001 se señala que la zona aledaña al río de la Sabana y a la laguna de Tres Palos son propensas a inundaciones, pero al mismo tiempo recomienda la construcción de “vivienda progresiva” en el valle de la Sabana, lo que es una contradicción flagrante.
Puente Aguilar indicó que en la ley de protección civil se establecen las obligaciones para las autoridades para evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y señala las acciones que corresponden a las autoridades para corregir las omisiones o irregularidades cometidas en el pasado, como la construcción de obras de mitigación o reubicación de las viviendas, “si no haces nada ahorita, en cinco o 10 años es responsabilidad pública”.
El artículo 87 señala que “en el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinarán la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción”.
El artículo 90 establece que “la autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente, se considerará una conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos respectiva, además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones legales aplicables”.
Sergio Puente dijo que esta Ley de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012 cuenta con el andamiaje jurídico para fincar sanciones a quienes incurran en omisiones o irregularidades.
Agregó que los ciudadanos tienen derecho a saber si están en riesgo y qué es lo que deben hacer.
En su exposición mostró gráficas que muestran que la inversión del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) es superior a lo destinado al Fondo de Prevención de Desastres Naturales, “el Fonden debería descender y Fopreden aumentar”, porque se genera ahorro al invertir en prevención que al atender desastres. “Hay un déficit de inversión en prevención”, sostuvo.
El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Carlos San Juan Victoria, participó con la conferencia “Pensar nuestro sur, ¿región civilizatoria o de pobreza?”
Expuso que los daños ocasionados por la tormenta tropical Manuel en el estado son un llamado para que el hombre reconstruya sus vínculos con la naturaleza “en una lógica no predatoria”.
Alertó que el planteamiento de la explotación minera y petrolera por parte del gobierno federal “es un regreso a la mentalidad extractiva del siglo XIX, es romper naturaleza para extraer riqueza, eso es lo que estamos viendo hoy como proyecto a futuro”.
“Si uno ve el planteamiento del gobierno federal actual, es un esquema de acceso a riquezas para grandes capitales asociados para sacar esa riqueza a puertos, a vías férreas, hacia las fronteras o, en una afirmación de la colonización interna en nuestro país, hacia el centro occidente o hacia el norte de nuestro país, el sur alimenta la prosperidad del norte”, dijo.
Indicó que para el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se propone una inversión de 80 mil millones de pesos en infraestructura de comunicaciones para el sur-sureste porque es una región de carencia y rezago que se debe incorporar al desarrollo de la nación,   pero eso representa una transformación y por eso deben de estar preparados para los cambios.
Como participantes al foro estaban invitados el diputado federal del PRD, Mario Carrillo Huerta, de la Comisión Especial de Desarrollo Regional, y el director del Instituto Nacional de Economía Social, Carlos Rojas Gutiérrez, además de las participaciones de los asistentes para fijar sus posturas y peticiones.