Ve académico difícil que haya castigo legal por autorizar obras en humedales de Acapulco

*La legislación de protección civil aplicable no existía y las leyes no son retroactivas, dice Sergio Puente Aguilar. Recuperar el entorno ecológico de la Zona Diamante será más caro que el desastre de Paulina, advierte

Daniel Velázquez

Las obras de mitigación de riesgos en la zona Diamante de Acapulco serán ahora mucho más costosas que las que se llevaron a cabo en 1997 con el huracán Paulina, porque se construyó sobre humedales y eso “es un pecado de origen”, dijo el académico Sergio Puente Aguilar.
En declaraciones después de participar en el foro La reconstrucción del sur-sureste: desarrollo regional y combate a la pobreza que se llevó a cabo en el salón Mozart I del hotel Emporio, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y la UAG, opinó que para hacer obras de prevención de inundaciones en la zona Diamante se debe hacer un análisis profundo para diseñar obras que permitan mitigar el riesgo y reconstituir las condiciones ecológicas de ese entorno.
Al preguntarle su opinión entre lo sucedido en 1997 con el huracán Paulina y lo ocurrido el pasado 13, 14, 15 y 16 de septiembre con la tormenta tropical Manuel, dijo que al no registrarse daños en la zona del río Camarón, donde se focalizó la tragedia hace 16 años, “asumimos que se hicieron las cosas más o menos bien”, y en el caso de la zona Diamante “el problema es que aquí se alteró completamente el ecosistema y no hubiera existido un desastre si no hubiera esa explosión de zonas habitacionales en las márgenes del río y de los manglares donde normalmente se inundaba, (las aguas) encontraron su cauce al día siguiente”.
Puente Aguilar, doctor en Planeación y Desarrollo Urbano e investigador de El Colegio de México, quien participó en el equipo de expertos que colaboraron en la reconstrucción de Acapulco después del huracán Paulina, dijo que en la zona Diamante “el problema es qué es lo que se debe hacer para mitigar el riesgo, que va a ser mucho mas costoso, de mayor envergadura que la que se tuvo en el río Camarón”.
Sobre la posibilidad de que se reubique a las familias que viven en la zona de humedales, dijo que esa es una de las valoraciones que deben hacerse para devolverle la función al área, para que el agua se filtre al subsuelo, “esa sería una opción política ambiental y de desarrollo que implicaría reconstituir la malla ecológica que tenía anteriormente y reubicar a la gente teóricamente en el lugar que debería ser el mas apto y minimizando el riesgo”.
De las acciones emprendidas por la Conagua y avaladas por Profepa para deforestar el mangle para ampliar el cauce del río Colacho para que tenga una mayor capacidad para drenar el agua, Sergio Puente opinó que podría ser una solución, pero la Conagua debe dar una opinión técnica al respeto, porque al abatir el mangle es proteger a las zonas urbanas, pero se deben definir prioridades, “¿recuperar las condiciones de origen es posible?, ¿en qué medida?, ¿es viable económicamente?, verdaderamente es un diagnóstico muy serio de las simples alternativas que se plantean para, en términos de costo-efectividad y costo-beneficio, determinar cuál debería ser la forma mas importante para mitigar el riesgo, ser equitativo y reconstituir las condiciones ecológicas del entorno”.
De la posibilidad de fincar responsabilidades jurídicas como lo establece la Ley General de Protección Civil a quienes autorizaron licencias de construcción y demás permisos para edificar en zona de humedales, Puente Aguilar consideró difícil que se ejerza acción legal contra los responsables, porque las leyes no son retroactivas, pero lo que la ley establece es que ante el riesgo ya expuesto es obligación de las autoridades crear la infraestructura para mitigar el riesgo, y si no lo hace, entonces sí incurrirán en un delito.
“Lamentablemente la ley no estaba antes, por mas que se señale”, dijo.
El presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunciaron el pasado 28 de septiembre una investigación para determinar las irregularidades en que incurrieron autoridades federales y locales al autorizar desarrollos inmobiliarios en la zona. Aguirre anuncio que los resultados de la investigación se tendrán el próximo 20 de octubre, fecha en la que presentará un informe sobre las irregularidades.