Inhabilitan a ex gobernador de San Luis Potosí y le fijan multa de 7 mil millones

Manuel Vázquez / Agencia Reforma

San Luis Potosí

El ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga fue inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 20 años y multado con 7 mil millones de pesos.
La sanción contra el ex mandatario panista fue impuesta por la Contraloría Interna de gobierno del estado, tras una investigación en la que concluyó que hubo desvío de recursos públicos.
Conforme el dictamen, el panista que gobernó el estado en el periodo 2003-2009, desvío parte de los recursos públicos de un crédito de mil 500 millones de pesos que tramitó en los últimos meses de su gestión.
Según la dependencia, ese recurso debió ser aplicado en el pago de obra pública, pero se desvió para aplicarlo a gasto ordinario.
La resolución contenida en el expediente RESP-057/2011, fue emitida el pasado 25 de septiembre, cuatro años después de que el ex gobernador dejó su cargo.
La multa económica es por 7 mil 791.3 millones de pesos, equivalentes a tres veces el monto del daño patrimonial que la dependencia calculó y que fue de 2 mil 597.1 millones.
Esa suma se compone de los mil 500 millones de pesos del propio crédito, más otros mil 97.1 millones de pesos por concepto de intereses causados, según el cálculo realizado entre agosto de 2013 y el término del crédito, que será en agosto de 2029.
El Contralor Interno, Isaac Delgado, explicó que la investigación se agotó en la Contraloría y que por eso se emitió la sanción correspondiente, conforme la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“Se hizo un procedimiento por parte de la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría también tiene otro procedimiento, y éste no fue sólo contra el ex gobernador sino contra otros ex funcionarios”, dijo.
“Se respetaron cada uno de los pasos que marca la ley y (el proceso) culminó después de estar con recursos legales desde 2011, concluyó con una sanción donde se encontraron responsabilidades del ex servidor público”, explicó.
Delgado dijo que el ex gobernador todavía puede presentar algún recurso ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo para impugnar la resolución, para lo cual dispone de 30 días a partir de la fecha de la resolución.
Juan Pablo Escobar, diputado del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, aseguró, en cambio, que se trata de generar una cortina de humo sobre dos temas muy importantes en el ambiente, y son la tenencia y la relación de Teléfonos de México con el ayuntamiento capitalino.
“Yo creo que esta situación es un esquema distractor. Habría que darle la dimensión precisa al asunto”, demandó el panista.
De este caso, la Auditoría Superior del Estado continúa con una investigación independiente, de la cual aún no ha emitido su resolución.