Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Héctor Manuel Popoca Boone

Privilegios, despojos y siniestros

Privilegios. Un importante estudio realizado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación, expone el trato fiscal privilegiado dado a las empresas mineras extranjeras (canadienses principalmente) que han operado en México, desde la época de Carlos Salinas de Gortari a la fecha.
Con la explotación masiva y a tajo a cielo abierto de minerales del subsuelo nacional, las empresas de Canadá pagan impuestos promedios de 0.14 por ciento de sus utilidades brutas; mientras que en su país de origen entregarían al fisco el 28 por ciento. Las pequeñas y medianas empresas mexicanas de otros giros pagan en promedio ¡35 por ciento! La diferencia es notable.
La mayoría de las empresas mineras omiten acatar lo que dispone la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cuanto a la obligatoriedad de la previa consulta a los pueblos originarios asentados en los territorios donde han sido concesionados los yacimientos minerales; y respecto a las retribuciones a los pueblos en materia de extracción, impacto ambiental, uso del agua, reparto de utilidades y medidas de mitigación por la intensiva explotación minera.
Despojos. Javier Jiménez Espriú, uno de los más connotados ingenieros del país, no participará en los foros de consulta que está realizando el Senado de la república sobre las privatizaciones del petróleo y de la generación de electricidad, denominada eufemísticamente “reforma energética”, porque no quiere convalidar “una ópera en cuyo libreto está ya definido el desenlace”. Ello, porque está convencido de que la fuerza de la razón y los argumentos poco podrán hacer ante la prevalencia de las consignas ya establecidas.
Al igual que muchos, el ingeniero Espriú estima que la lucha parlamentaria para frenar los cambios constitucionales en la concesión de los yacimientos y entrega de la renta petrolera está perdida de antemano en el Congreso de la Unión. (Actualmente los artículos 27 y 28 de la Constitución prohíben las concesiones, aún disfrazadas de contratos, en donde la contraprestación va ligada a la cantidad del petróleo que se extraiga o al valor comercial de éste).
En términos estrictamente económicos, no existe ninguna excusa válida para que se realice tamaño despojo a la nación cuando en la actualidad el barril de petróleo se cotiza en cien dólares y su costo de producción es de diez dólares. Es más, en los últimos años, menciona el Ing. Espriú, países petroleros (Argelia, Bolivia, Canadá, China, Ecuador, Kazakstán, Venezuela, por citar sólo algunos) han instrumentado costosísimas medidas para renacionalizar sus industrias energéticas privatizadas, topándose siempre con la oposición y el poderío económico de las empresas transnacionales petroleras y eléctricas.
Siniestros. El lunes pasado, ante la convocatoria e invitación de 22 autoridades comunales de los pueblos indígenas del municipio de Ayutla a una asamblea micro-regional en el poblado de Coapinola, donde se reunieron alrededor de 400 padres y madres de familia, con el propósito de darle a conocer al Estado mexicano los daños ocasionados por la tormenta tropical, asistieron pocos representantes de dependencias federales, estatales y municipales. Como se ve, la descoordinada coordinación institucional sigue prevaleciendo en algunas zonas, sobre todo las marginadas, para enfrentar el desastre natural. La delegación de la Sedesol federal brilló por su ausencia.
PD1. Suscribo las políticas públicas para atender los daños ocasionados por Manuel en el medio rural, expuestas por Arturo García Jiménez, en su artículo del pasado jueves en este diario. Ojalá su aplicación sea en un marco de honestidad, oportunidad y desconcentración de los recursos a las regiones.
PD2. Reconozco lo mucho que el presidente Enrique Peña Nieto está haciendo en Guerrero para atender con atingencia los graves estragos de Manuel. Desapruebo en mucho que pretenda, junto con sus seguidores parlamentarios del PRI y del PAN, privatizar el petróleo y la generación de electricidad en México.

[email protected]

468 ad