Cada vez que detiene a policías comunitarios el gobierno pisotea la ley, critica Tlachinollan

*La ley se hizo para respetarse, aunque les pese”, afirma el abogado Vidulfo Rosales. Son 19 los integrantes de la CRAC llevados a prisión, dice

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) podría tomar acciones por la falta de respeto del gobierno a los tratados internacionales, a la Constitución y a la ley estatal 701, cada vez que detiene y acusa a policías comunitarios de secuestro y por el uso de armas de fuego.
A la fecha hay 19 integrantes de la CRAC en prisión, entre policías, comandantes y coordinadores; 12 en el penal de Chilpancingo, de la Casa de Justicia de Zitlatepec, 6 de la Casa de Justicia de El Paraíso, enviados a la cárcel de Acapulco, entre ellos el coordinador, Bernadino García Francisco, y la coordinadora regional de Olinalá, Nestora Salgado García, en prisión en un penal federal de Tepic, Nayarit.
En consulta telefónica, el abogado explicó que existe un amplio marco legal de reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, y a la CRAC expresamente en la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, “pero el gobierno federal insiste en pisotearlos y desconocerlos”.
Calificó de abyecto al gobierno de Angel Aguirre Rivero en el estado, porque se dice de izquierda pero hace todo lo que dicta el presidente Enrique Peña Nieto, “se postra a los dictados del Poder Ejecutivo federal, no hace una diferencia entre izquierda y el priismo de siempre”.
Adelantó que la CRAC tomará una decisión en los próximos días, porque las autoridades están rebasando los límites del diálogo, y reveló que hay discusiones al interior de la institución de seguridad y justicia comunitaria para arribar a otra relación con el gobierno del estado, ante tantas violaciones a un sistema de leyes legalmente creado por los legisladores del país; “no debe ser así, la ley se hizo para respetarse, aunque les pese”, dijo.
Insistió en que así como las autoridades quieren que se respete la ley de armas de fuego y explosivos, la CRAC tiene facultades jurisdiccionales de procuración de justicia de acuerdo con la ley 701, y está respaldada en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “y lo deben  reconocer”.
De los 12 policías comunitarios de Zitlaltepec consignados hace siete días en el penal de Chilpancingo, que de acuerdo con el coordinador de la CRAC de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, saldrían libres con el pago de una fianza, el abogado aclaró que esperarán a que el juez resuelva su situación jurídica mañana lunes.
Consideró que desde el punto de vista legal no se acredita el delito de portación de armas, aun de uso reglamentario, del que los acusan, porque la ley resguarda el orden público y la seguridad de las personas; “hay una postura de luchar por la libertad absoluta y con el pago de fianza quedarían con antecedentes penales, y no tenemos por qué pagar”.
Subrayó que un policía comunitario porta un arma justamente para resguardar la seguridad de las personas, ellos no transgreden el orden público, por lo tanto el juez tendría que ponerlos en libertad sin ninguna responsabilidad.
Incluso recordó que los policías comunitarios fueron detenidos en Cochoapa el Grande porque el síndico procurador de ese municipio, Bernardo Ponce García, encargado de la seguridad en el gobierno municipal, pidió la colaboración de la CRAC mediante oficio y expresamente autorizó la detención de tres personas acusadas de invasión de terrenos en su jurisdicción.
Pero las acciones del síndico cambiaron de dirección para señalar a los comunitarios de alterar el orden y los llevó detenidos a la PGR, donde 11 fueron acusados el uso de armas sin permiso, y a uno por una carabina de uso exclusivo.
Denunció que a pesar de estos antecedentes, se encarceló a los comunitarios y se evidenció la falta de compromiso y de respeto a las leyes y a los pueblos de parte de las autoridades y del Ejército, “que nunca han respetado a los pueblos”.
Insistió que se confirma el desprecio oficial por la organización comunitaria y por los sistemas normativos de los pueblos, que se incluyeron en la Constitución tras los acuerdos de San Andrés Larráinzar en Chiapas, y que dio por consecuencia la aprobación de una reforma al artículo segundo que reconoce los derechos de los pueblos indígenas.
Sobre los seis policías que este viernes fueron consignados y acusados de secuestro por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), recordó que el plazo del juez para dictar el auto de formal prisión se vence el próximo miércoles, y mientras tanto la defensa va a presentar las pruebas de descargo.
En cuando a Nestora Salgado, indicó que su proceso sigue en etapa de instrucciones, y no pueden ingresar los recursos de apelación ni presentar los agravios mientras no se tenga certeza de que fue notificada sobre el auto de formal prisión. La coordinadora fue detenida por soldados en la Montaña hace mes y medio.
Reconoció que el proceso va muy lento por su traslado a Tepic, Nayarit; “a estas alturas no sabemos si le notificaron el auto de formal prisión, hasta que no lo hagan, no pueden correr los plazos para los recursos de apelación”.