Al menos 120 comunidades tendrán que ser reubicadas: Sedatu

*Ha bajado 50 centímetros la inundación en Tixtla; sigue el desfogue hacia la barranca de Atliaca pese a comuneros

*Fue decisión del alcalde de Tixtla la detención de habitantes de Atliaca, aclara el gobernador

*Funcionarios federales dejan plantados en Tlapa a indígenas del Consejo de Damnificados

*Exigen me’phaas de Malinaltepec un dictamen de riesgos, que se les cense y que salga el Ejército

*Por falta de ayuda, protestan en el Ayuntamiento de Acapulco indígenas afectados por lluvias

*Cambió uso del suelo pero no autorizó obras en Campestre de la Laguna, insiste López Rosas

*Reportan 18 damnificados intoxicados por comer pastel en el gimnasio de Ciudad Renacimiento

Son 120 las comunidades en el estado que necesitan ser reubicadas, informa la Sedatu

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Serán por lo menos 120 comunidades las que tendrán que ser reubicadas debido a las severas afectaciones que tienen tras el paso de la tormenta Manuel, informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón.
Vicario Castrejón afirmó ayer que hay comunidades que se perdieron en su totalidad y otras que resultaron con daños importantes y que tendrán que ser reubicadas, ya que no existen condiciones de seguridad para seguir o reconstruirse en el mismo lugar.
En entrevista, confirmó que han tenido problemas para llegar a algunas comunidades para censar a las familias, principalmente en la región de la Montaña, la cual es la más afectada, dijo.
El titular de la dependencia federal, Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció que los más afectados “como siempre son los más pobres y los que menos tienen, porque son quienes perdieron todo”, y es el caso de la región de la Montaña, donde además de las afectaciones hay cortes carreteros y deslaves que los mantienen incomunicados.
Los funcionarios estatal y federal afirmaron que el lunes próximo estará listo el censo general de daños.
Vicario Castrejón comentó que en comunidades como “en Los Morros (en la sierra de Chichihualco) se nos ha impedido el paso por parte de los pobladores, en Malinaltepec en los campamentos no han permitido que se haga el censo, lo que quieren es ser reubicadas esas familias”.
El delegado comentó que según el censo que realizó Protección Civil (PC), hay por lo menos 120 comunidades que necesitan ser reubicadas.
Comentó que aún no hay un planteamiento de la reubicación de las personas que perdieron sus viviendas, porque éste se dará en función de los recursos presupuestados para ese fin.
Dijo que con el censo se corroborarán los damnificados en el programa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mediante el cual entregan tarjetas o la búsqueda de algún terreno.
Ramírez Marín dijo que aún no hay presupuesto destinado para Guerrero y que éste se dará en función de las familias afectadas, lo que se conocerá el lunes junto al censo general realizado en coordinación con la Sedesol.

Ha bajado 50 centímetros la inundación en Tixtla; sigue el desfogue hacia la barranca de Atliaca pese a comuneros

*El agua apesta y ni los animales la quieren tomar, insisten los comuneros. Vigilan policías el cauce para impedir que el drenado sea detenido por habitantes del pueblo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Luego de 28 días de inundación en casi la mitad de Tixtla, la policía municipal vigila el desfogue de la laguna negra para evitar que grupos de la comunidad de Atliaca saboteen la operación, informó el director de Seguridad Pública, Rubén Reyes Zepeda.
En consulta telefónica, el funcionario destacó que la inundación del 15 de septiembre ha descendido 50 centímetros  —de metro y medio hasta cuatro metros de profundidad en la zona de siembra y viveros afectada—, y estimó que si no hubiera lluvia, y si no se descomponen las bombas que están funcionando desde el jueves, en diez días podrían desahogar el lugar.
Mientras que las autoridades agrarias de Atliaca, afectadas con el desfogue el agua contaminada de la laguna, informaron que hoy realizarán una asamblea en la comunidad, y el lunes una reunión con un consejo ciudadano de damnificados de Tixtla, con el que ya tuvieron los primeros acercamientos para exigir juntos garantías de que no habrá más afectaciones, y el martes, con el gobierno del estado para discutir el conflicto por el desfogue de la laguna.
Recordaron que las autoridades siguen sacando el agua de Tixtla a pesar de la inconformidad de la población de Atliaca, porque a la fecha no hay un solo acuerdo ni se ha firmado algún documento que les dé garantías de que no van a volver a contaminar sus tierras.
Tampoco se ha determinado alguna indemnización para los pobladores de Atliaca, que viven de elaborar ladrillo, y que no podrán trabajar mientras dure esta contingencia.
Denunció que el agua contaminada que con bombas vierten a los terrenos de Atliaca “apesta”, ni el ganado la quiere tomar, a pesar de que las autoridades dicen que la están limpiando.
Aclaró que Protección Civil sólo tiene dos tinacos de cloro que van vertiendo al mismo tiempo que sacan el agua con bombas de las calles afectadas, y que no implica un proceso de desinfección.

Rechazan abuso policiaco

Los comuneros de Atliaca detenidos el jueves por la policía municipal y liberados luego de que se hicieron acuerdos verbales para comenzar el desfogue de la presa, presentaron el viernes una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por detención arbitraria.
Acusaron al director de la Preventiva Municipal de haberlos detenido sin motivo, y en este sentido el jefe de la policía confirmó que ayer recibió la queja que responderá el departamento jurídico del Ayuntamiento en un plazo de cinco días hábiles.
El jefe policiaco consideró que no hubo ninguna irregularidad en la detención, porque se configuraron varios delitos: alterar el orden público, ataque a las vías de comunicación (bloqueo) e intento de sabotaje del desfogue de la presa.
Sin embargo, dijo que después de estar en barandillas, los comuneros y autoridades llegaron a acuerdos y se declinaron los cargos.
Para confirmarlo recordó que momentos después dieron una conferencia de prensa conjunta, pero no hubo presiones para ceder el paso del agua de la laguna negra por sus tierras.
Sin embargo, informó que la policía municipal estaba vigilando día y noche el bombeo del agua en el punto conocido como la Ladrillera, cerca de la carretera Tixtla-Atliaca, donde los pobladores y comuneros han realizado bloqueos y habían amenazaron con cerrar el paso del desagüe con cemento y piedras.
Asimismo, al lado sur de la laguna, donde fueron liberados con apoyo de buzos dos resumideros naturales taponeados durante la tormenta tropical.
Reconoció que tienen advertencias de grupos que quieren sabotear el desfogue de la laguna.
De la inundación, destacó que el agua había descendido unos 50 centímetros desde la inundación que comenzó el 15 de septiembre.
Mediante un boletín, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) anunciaron que se están liberando desde el viernes 900 litros de agua por segundo de la zona urbana inundada en Tixtla.
Destacaron que con ese trabajo, el nivel del agua en el área esté bajando en promedio cuatro centímetros diarios, y el drenado será enviado al caudal del río Balsas.
Señalan que el agua que sacan con dos bombas de cuatro pulgadas y una de seis pulgadas pasa por una planta de tratamiento de aguas residuales.
“Aunado a ello, están en operación los resumideros que se encuentran en los predios denominados La Dolina, El Huizachal y Amatitlán y los cuales se han desazolvado con el apoyo de especialistas y equipos de buceo”, señala el boletín.
En general, detallaron que los días anteriores el agua sólo se estaba expulsando por vía de canales y una bomba de menor alcance, y se evacuaban 130 litros de agua por segundo, con lo que el volumen bajaba casi 2 centímetros diarios, y actualmente hay 4.2 kilómetros de tubería de acero dúctil y dos bombas de 300 caballos de fuerza cada una.
Sin mencionar el conflicto con Atliaca, señalaron que Conagua, CAPASEG y el ayuntamiento evalúan la construcción del emisor sur para llevar el desagüe al río Azul —entre los municipios de Mochitlán y Quechultenango—, y para ellos están rastreando los caminos afectados por las lluvias
Unidos, comuneros y
damnificados

El comisariado de bienes comunales de Atliaca, Victorino Iglesias Alarcón, informó que hoy habrá una asamblea en la cancha municipal de Atliaca para determinar nuevas acciones, porque insistió en que el desagüe está afectando sus manantiales y está enfermando a personas de Acatempan y Atliaca.
Recordó que “hasta ahora nos lo están echando (las aguas negras) a la fuerza, no se ha firmado nada”.
También informó que platicaron con los afectados de Tixtla, que se integraron a un consejo ciudadano de damnificados, y en el primer acercamiento determinaron que van a vigilar juntos que las aguas negras que se liberen hacia Atliaca se estén clorando adecuadamente.
Incluso se habló de firmar un acuerdo para permitir el paso del agua por 20 días a través de sus tierras, y después de ese periodo se utilizará un tubo para drenar la laguna, con el compromiso de que no se va a seguir usando para liberar el drenaje de Tixtla sin tratamiento.
Denunció que el agua que están bombeando a Atliaca no está limpia; porque en el planta tratadora sólo “tienen una manguerita para poner un chorrito de cloro al agua que sacan de la inundación, ni a los animales les gusta el agua, huele feo, no se le quita el olor fétido. Apesta”.
Iglesias Alarcón reiteró que en Atliaca hay 137 dueños de las tabiquerías, que a su vez contratan peones para que los ayuden, y esta es la principal fuente de empleo de la comunidad, pero sin acceso a sus terrenos por el desfogue de las aguas negras no van a tener dinero para sostener a sus familias. Por ello insistió en la indemnización.

Fue decisión del alcalde de Tixtla la detención de habitantes de Atliaca, aclara el gobernador

*Fue una decisión del alcalde de Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca, asegura el gobernador. Pondrán cloro al agua que corre a la barranca de esa comunidad, y si hay alguna afectación se resarcirá, anuncia. Si no son liberados pronto, Misael Medrano y el alcalde de Chichihualco serán rescatados por las autoridades, advierte

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El gobernador Ángel Aguirre Rivero se deslindó de la decisión del gobierno municipal de Tixtla de detener a los comuneros de Atliaca que rechazan el desfogue del agua de la laguna negra de la cabecera municipal en la barranca que pasa por la población.
En entrevista en el 41 Batallón de Infantería, Aguirre Rivero afirmó que el gobierno estatal no dio la indicación de detener a los comuneros de Atliaca y que fue una decisión del alcalde de Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca.
Eso es lo contrario de lo que el jueves dijo a El Sur el director de Seguridad Pública Municipal, Rubén Reyes Zepeda, que la indicación de detener a los comuneros indígenas se dio desde el gobierno estatal.
Sin embargo, el gobernador afirmó que el desfogue del agua de la laguna negra continuará, por “las características de la contingencia”, y dijo que instruyó al Director General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Arturo Jesús Palma Carro, para que “tomara todas las medidas para clorar y no fuera muy contaminada”.
Dijo entender la resistencia de los comuneros de negarse a que el agua de la laguna sea desfogada en su barranca, donde están sus mantos acuíferos y terrenos de siembra.
El gobernador reconoció que puede haber afectaciones por el desfogue del agua de la laguna negra, y dijo que “estoy en disposición de resarcir cualquier tipo de daños que se ocasionara”, pues la propuesta del gobierno estatal es reparar los daños que ocasione el agua en la comunidad de Atliaca.
De la queja que los representantes de los bienes comunales de Atliaca presentaron ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) contra el director de Seguridad Pública del municipio, a quien acusan de agitar a los damnificados, lo que pudo concluir en un enfrentamiento, afirmó que están en su derecho si la detención fue irregular y si tienen pruebas de la acusación.
Pero insistió en que el gobierno estatal no tuvo nada que ver en la decisión de detener a los comuneros de Atliaca y que la orden la tuvo que dar el presidente municipal.

Investigarán al presidente municipal

En la entrevista, el gobernador afirmó que así como en los casos de Acapulco y Chilpancingo, en los que hay investigaciones contra los responsables de algunas irregularidades como no abrir a tiempo las compuertas de presas, en Tixtla se investigarán las acciones u omisiones de autoridades en perjuicio de la población.
En el caso de Tixtla, ciudadanos y principalmente damnificados por la inundación que hoy cumple 29 días, afirman que el presidente municipal perredista sembró tilapia en la laguna negra como parte de su negocio personal o familiar, y que ese fue el motivo por el que tenía cerrados los resumideros, para no perder el pez.
Y a pesar de las constantes lluvias y el crecimiento de la laguna, no dio la instrucción de abrir los resumideros naturales de la laguna.
Aguirre Rivero afirmó que realizarán investigaciones con “mucho sentido de responsabilidad” para sancionar sólo a los responsables y “no andar dando palos de ciego”, lo mismo dijo que ocurrirá con los permisos que ex funcionarios y gobernantes dieron para construir en lugares prohibidos.
Por otra parte, el gobernador confirmó que habitantes de los ocho pueblos de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y dos de Eduardo Neri (Zumpango), que el viernes retuvieron al subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Misael Medrano Baza, también “tienen de rehén” al alcalde del primer municipio, Leopoldo Cabrera Chávez.
Aguirre Rivero advirtió que si el funcionario estatal y el alcalde “no son liberados pronto”, entonces el gobierno estatal “tendremos que aplicar la ley e irlos a rescatar”.
Afirmó que no cederán ante presiones de los pobladores, y adelantó que el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, no acudirá a los Morros porque “me lo van a detener también”.
Aguirre Rivero dijo que “les tomo la palabra” a los pobladores para que se integren a la policía rural, pero llamó a liberar a Misael Medrano y al alcalde de Chichihualco, que “tienen como rehenes”.
Propuso a los manifestantes que acudan a la cabecera municipal o a Chilpancingo para dialogar y llegar a acuerdos.
El 7 de octubre habitantes de Los Morros, Campo de Aviación, Coatepec de la Escalera, Filo de Caballos, Corralitos, Carrizal de Bravo, El Naranjo y Yextla, del municipio de Leonardo Bravo, y Mirabal y la Laguna, de Eduardo Neri, acordaron la conformación de la policía comunitaria independiente de la sierra.
Esto a partir de que en Campo de Aviación el viernes 4 pasado ocurrió una balacera, primero entre hombres armados desconocidos con pobladores del lugar, y posteriormente con el Ejército, con saldo de tres muertos, aunque versiones extraoficiales aseguran que fueron cuatro.

Funcionarios federales dejan plantados en Tlapa a indígenas del Consejo de Damnificados

*No acudieron representantes de Sedesol, Sedatu, Cenapred y Diconsa a la reunión acordada para evaluar los daños en La Montaña

Carmen González Benicio

Tlapa

Los representantes de las instituciones federales dejaron plantados a los indígenas nahuas, na savi y me´phaa que se concentraron ayer en esta ciudad para realizar la cuarta reunión de seguimiento del Consejo de Damnificados de La Montaña, creado tras las afectaciones que dejó la tormenta Manuel.
La reunión convocada en la Casa Católica se desarrolló sin la presencia de los funcionarios de la Sedesol ni de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Comunicaciones y Transportes (SCT), del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y de Diconsa  que el pasado 5 de octubre María Cruz, de la Sedesol federal, se comprometió a  invitar para que explicaran sus acciones sobre los temas de vivienda, caminos, reubicación de poblados y alimentos.
Como parte de los acuerdos, la asamblea determinó que exigirán al gobierno federal los granos básicos para que se mantengan mientras realizan la reconstrucción de sus poblados, con un aproximado de  mil 500 kilos de maíz para un año, y su distribución será de cuatro kilos al día por familia, considerando que son de cuatro a seis habitantes, aunque en otros rebase el número; y serán 100 kilos de frijol y arroz para entregar dos por familia al día.
En el Consejo de Damnificados se tienen contemplados 12 municipios con 131 localidades registradas y una población aproximada de 38 mil 81 personas.
Al respecto, Abel Barrera Hernández, director del Centro Tlachinollan, les dijo que vieran la petición de granos no como una forma de dependencia sino como una manera de atender las carencias mientras inician la reconstrucción de sus comunidades.
Estuvieron representantes de los municipios de Alcozauca, Acatepec, Tlacoapa, Copanatoyac, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc y Cochoapa el Grande, entre otros, que coincidieron en que la reapertura de los caminos sigue lenta porque la maquinaria contratada es inadecuada y sólo “abren caminos, no los reparan, y sigue el problema de que con la lluvia se cierran nuevamente”.
También dijeron que continúa la entrega discrecional de los apoyos como el maíz, que no es suficiente para las familias y que los comedores comunitarios no funcionan porque les dan cosas enlatadas que enferman a los niños, pues no están acostumbrados al atún y la soya.
Un habitante del municipio de Zapotitlán Tablas se quejó de que las autoridades municipales no gestionan nada para los afectados, y si lo hacen es con tintes políticos y electorales.
Se quejaron contra los comedores que atienden los militares porque son formas de control de sus pueblos y de ficheo de los líderes sociales que buscan mejoras para sus comunidades.
Se habló de que aún siguen sin tener información de varias comunidades de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, donde las distancias de traslado llegan a rebasar las 16 horas, por lo que debían gestionar por ellos e invitarlos a la próxima reunión del 19 de de octubre y determinar los mecanismos de intervención directa con la Sedesol federal.

No le dan importancia a esta organización, dice  Tlachinollan

La inasistencia del subsecretario de Sedesol, Javier Guerrero, fue considerada por el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, como el incumplimiento al compromiso de la secretaria de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, de que habría una relación directa, pero no ha asistido a las dos últimas reuniones y sólo ha enviado representantes.
Barrera Hernández dijo que no le ve el interés a la Sedesol federal de lo que representa el Consejo en la región, “hay reticencias para la interlocución clara y directa entre los pueblos y las autoridades”.
Agregó que el subsecretario se comprometió vía telefónica a “subsanar” su inasistencia a una reunión sostenida el pasado miércoles, y este sábado la asamblea ya no aceptó representantes sino al responsable de las decisiones.
Dijo que “quiero creer que hay falta de coordinación en la Sedesol  y no sea simulación para atender a la población, porque salió de ellos que iban a venir las dependencias para el intercambio de información y escuchar”.
Remarcó que  espera no sea desinterés o desdén hacia las comunidades porque las reuniones son complejas y requieren que los funcionarios escuchen a la gente con sus quejas y planteamientos para que después se sistematicen los datos, “no debe ser un argumento para que no asistan, que son reuniones de quejas y sin propuestas claras”, dijo.
Sobre el cierre de la entrega de documentación de las afectaciones  dijo que las instituciones están desfasadas y lo que resultará es un sub registro de afectaciones en las viviendas, porque no hicieron su trabajo en campo y aún se desconoce lo que ocurrió en localidades apartadas, “si no van a las cercanas, a las que se tiene que caminar por horas menos”, dijo
Señaló que el conteo no va a reflejar los daños de la tormenta, por los plazos que pusieron las instituciones de registro, y espera que sean reconsiderados para que haya un buen censo con criterios claros, “no como está pasando ahora”.

Exigen me’phaas de Malinaltepec un dictamen de riesgos, que se les cense y que salga el Ejército

“Llevamos casi un mes y sólo nos han traído una despensa, una cobija y una colchoneta y ahora con el comedor ni eso”, reprocha el comisario de La Unión de las Peras. Piden al gobernador que cumpla con la ayuda que les prometió

Carmen González Benicio

La Venta, Malinaltepec

Los indígenas me’ phaa de la comunidad La Unión de las Peras del municipio de Malinaltepec exigieron el dictamen de riesgos, que se realice el censo de viviendas y que los militares se retiren del lugar porque los hostigan y vigilan en sus asambleas comunitarias.
Advirtieron que realizarán acciones de presión para ser tomados en cuenta por las autoridades.
En una reunión vecinos de la comunidad, que se encuentran refugiados en el campamento de La Venta a la orilla de la carretera que lleva a la cabecera municipal de Malinaltepec, recriminaron que el gobernador Ángel Aguirre Rivero “sólo vino a decir mentiras y llegó sin nada en las manos porque hasta ahora nadie nos dice claro lo de la reubicación ni han venido a hacer los censos de las viviendas afectadas”, dijeron.
El comisario Noé Bruno Arriaga dijo que toda la información sobre su comunidad fue entregada al presidente municipal, Aristóteles Tito pero en la comunidad no se habían realizado los censos en las afectaciones a las viviendas con los argumentos de que no había folios, “lo cual es preocupante porque hoy escuchamos que es el último día para recibir los datos y aquí no terminaron”, dijo.
Agregó que se recogieron datos de 34 personas que representa una cuarta parte de la población “aquí todos salimos afectados porque el pueblo se está hundiendo, no podemos ni entrar, la carretera sigue tapada y tampoco la van abrir porque Sedesol me contestó vía oficio que de los recursos del 2013 ya está completa la ejecución de obras asignadas”, se quejó.
Mencionó que son 130 viviendas con afectaciones y que una vez llegaron geólogos pero sólo tomaron fotos y este sábado le dijeron que iría personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a las 9 de la mañana para realizar el censo, pero eran las 12 del día y no llegó nadie.
Advirtió que si no los toman en cuenta protestarán, “las únicas formas que conocemos son los bloqueos o plantones”.
Dijo que no van a permitir otra burla como paso con el sismo que afectó sus viviendas y varios se quedaron sin los apoyos pese a ser afectados. Tampoco permitirán que a los pueblos de la Montaña “nos den las sobras que queden”.
“Llevamos casi un mes y sólo nos han traído una despensa, una cobija y una colchoneta y ahora con el comedor ni eso, parece que ese día faltó que el gobernador firmara un papel si su palabra ya no tiene valor”, dijo un vecino.
Acusaron al gobernador de prometer cosas y no cumplir y que sólo se beneficie a unas cuantas personas pues eso los desanima porque no hay seriedad de las instituciones que deben verificar las afectaciones “parece que quieren ver muertos, que se mueran los indios que ya estamos jodidos”.
Criticaron a los funcionarios que “se quieren lavar la cara con los apoyos” por lo que pidieron que las cosas sean entregadas al comisario por ser la autoridad directa.
Del comedor comunitario que tienen los militares dijeron que es un engaño porque el alimento que dan no alcanza ni satisface a los pobladores que no consumen soya o enlatados porque enferma a los niños “nosotros nos podemos organizar y preparar los quelites y las tortillas, pero necesitamos el maíz y si no quieren regalarlo que nos lo vendan”.
Acusaron a los militares de intimidación porque no les dan privacidad en sus asambleas “nos espían como si fuéramos delincuentes y no como damnificados”, externó otro habitante.
Mencionaron que por la vigilancia de los militares han tenido que realizar sus asambleas en distintos puntos y por eso se quejaban ya que no podían dormir tranquilos por las intimidaciones “queremos que se vayan, no los necesitamos”.
A la reportera un militar le dijo que no podía tomar fotos de los campamentos sin previa autorización porque así se lo habían ordenado y personas que llevaron apoyos les dijeron lo mismo y remarcaron “donde está el comedor no” y mientras se realizaba la asamblea se acercaron a escuchar y como se cambió la sede pasaron una y otra vez.

Por falta de ayuda, protestan en el Ayuntamiento de Acapulco indígenas afectados por lluvias

*Se unen al bloqueo que realizaron los maestros del SNTE y CETEG frente al Palacio Municipal en avenida Cuauhtémoc

Argenis Salmerón

Integrantes de la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco (UIRA) protestaron en las afueras del Palacio Municipal por más de dos horas, porque no han recibo ayuda de los tres órdenes de gobierno, luego de que fueron afectados por las lluvias pasadas, aunado a la discriminación que hay actualmente contra ellos.
A las 10 de la mañana, los integrantes de la UIRA se concentraron en las escalinatas del Palacio Municipal, frente al monumento a Cuauhtémoc para celebrarlos 521 años de resistencia indígena.
También colocaron una manta en la que se podía leer: “La Unión de Indígenas Radicados en Acapulco Náhuatl, Mixtecos, Tlanecos, Amuzgos y Zapotecos, por siempre unidos. 12 de octubre día de la reivindicación de los pueblos indígenas. 521 años de resistencia de los pueblos originarios de contingente de Anáhuac, respeto a la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Sufragio efectivo no reelección diputados, senadores federales, locales y alcaldes por ineptos”.
En su intervención, el presidente de la UIRA, Romaldo Velázquez dijo que los integrantes damnificados por las lluvias no han recibido ninguna ayuda de los tres ámbitos de gobierno, “la ayuda ha llegado por otros medios y no ha sido suficiente para sacar adelante a la gente afectada”.
En ese sentido criticó al diputado federal Carlos de Jesús Alejandro y al titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Filemón Navarro Aguilar, porque los tienen olvidados y desamparados en la contingencia.
El presidente de la UIRA, reprochó al director de Vía Pública, Antonio Galeana Ramos, por discriminar a los vendedores indígenas que venden en las banquetas, “los compañeros tienen los permisos al corriente, pero como somos indígenas nos quitan el derecho de vender en la calle, porque les damos vergüenza”.
Además, en un documento entregado al público, dio a conocer el presupuesto del 2013 de la Dirección de Atención a los Grupos Étnicos que corresponde a 2 millones 800 mil 723 pesos.
“En esa dependencia sólo trabajan cuatro trabajadores con sueldos raquíticos, la verdad estos empleados no reciben este dinero, solicitamos al Congreso local una auditoría al Ayuntamiento de Acapulco para fincar responsabilidades a quien tenga que ver con estos desvíos”, aseveró.
Al respecto, sobre la nueva reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que promueve la reelección de senadores y diputados federales; locales y alcaldes advirtió que se generará una nueva revolución, “deben respetar los legados establecidos en la Constitución, ellos los que quieren los beneficios del pueblo nada más”.
Al acto asistieron el asesor de la UIRA, Marcos Guevara Saavedra, el miembro de la RAZA, Arturo Santiago Candelaria y el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Los integrantes de la UIRA se unieron al bloqueo que realizaron los maestros del SNTE y CETEG frente al Palacio Municipal contra la reforma educativa y las reformas estructurales del gobierno federal.

Cambió el uso del suelo pero no autorizó obras en Campestre de la Laguna, reconoce López Rosas

*Que dé la cara Zeferino Torreblanca y quienes otorgaron licencias de construcción, dice el ex alcalde de Acapulco

Mariana Labastida

El ex alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, dijo que espera los resultados de las investigaciones de lo que ocasionó las inundaciones en la zona Diamante, y aunque admitió que el cambio de uso de suelo de Campestre de la Laguna se hizo en su administración, negó que se hayan otorgado licencias de construcción.
El secretario del Trabajo estatal enfatizó que en su administración se autorizaron principalmente licencias de construcción de centros comerciales.
En lo que se refiere al apoyo que la Secretaría del Trabajo, indicó que son 12 millones los que se repartieron entre familias damnificadas, a las que les dieron en promedio dos mil 500 pesos.
Entrevistado después de la toma de protesta del nuevo comité de la asociación civil Yo Soy Acapulco, Alberto López Rosas enfatizó que espera que las autoridades que están investigando lo que provocó la inundación en la zona Diamante dé un resultado antes de fijar una postura.
Sin embargo admitió que en su administración se otorgó el cambio de uso de suelo al desarrollo habitacional Campestre de la Laguna, uno de los más afectados con las lluvias del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel.
“Las licencias que se dieron en mi administración tuvieron su sustento en el plan de desarrollo urbano aprobado en el cabildo el 18 de julio del 2001, por tanto creo que la investigación tiene que arrojar en todo caso quién dio licencias en humedales, creo que ahí está la confusión”, dijo el funcionario estatal
Explicó que en el 2003 se otorgó el cambio de uso de suelo a Campestre de la Laguna con los estudios de factibilidad otorgados por la Conagua, CFE y CAPAMA, pero “una cosa es dar el cambio de uso de suelo y otro la licencia de construcción”, la cual dijo se les negó debido a que no estaban respetando los términos del artículo 29 del Plan de Desarrollo Urbano
“Esa obra fue suspendida y se encuentra actualmente en obra negra porque no cumplió con las especificaciones para otorgarle la licencia de construcción, aunque se hizo el cambio de uso de suelo no se dio licencia alguna, pueden construir bajo las especificaciones que contrae el propio reglamento de construcción, si no se ajustan simplemente no se les concede la licencia”, enfatizó López Rosas.
Agregó que la obra que inició antes del inicio de su administración estaba prevista para dos mil 300 viviendas y cuando se hizo el cambio de uso de suelo sólo se autorizaron 640.
Indicó que actualmente la responsabilidad de las afectaciones es de quien comercializó sin licencia, por eso es que está desocupado el 85 por ciento de las mismas.
López Rosas recordó que la zona Diamante se cambió de aprovechamiento agrícola a uso habitacional y por eso es que de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano se autorizaron construcciones.
Agregó que en su administración fue concedió licencias principalmente para centros comerciales y algunos desarrollos habitacionales como la segunda etapa de Tulipanes, ubicada en Tunzingo, donde “afortunadamente no pasó nada”, y la Marquesa que “no están en humedales y no están violentando norma ecológica”.
El ex alcalde dijo estar tranquilo del resultado de las investigaciones, y señaló a sus “adversarios políticos” de las acusaciones en su contra, y entre ellos pidió a “Zeferino Torreblanca que dé la cara, que dé la cara quienes también dieron licencias, creo que debemos tomarlo con la seriedad que el caso lo merece, así como a Humberto Díaz Díaz y Ramiro Gómez Pardillo”.
Del presupuesto extraordinario de 12 millones de pesos que le dieron a la Secretaría del Trabajo para apoyo a damnificados a través de los programas Contingencia Laboral y Becate, dijo que se han entregado cuatro mil 300 apoyos a familias en Tixta y mil 300 en Acapulco, con un monto de dos mil 500 a cada una.
Se espera terminar de entregar el dinero y poder obtener más recursos para otras 5 mil o 6 mil familias que fueron afectadas con las lluvias, dijo.

Reportan 18 damnificados intoxicados por comer pastel en el gimnasio de Ciudad Renacimiento

Karla Galarce Sosa

Diez y ocho personas damnificadas, quienes se alojaron en el Polideportivo de ciudad Renacimiento porque perdieron sus casas luego del paso de la tormenta tropical Manuel, resultaron intoxicadas por comer un pastel ayer en la tarde.
De ellos, dos niños y dos adultos tuvieron que ser internados en el hospital Donato G. Alarcón de esa misma colonia, para recibir rehidratación oral, mientras que las restantes fueron atendidas en el albergue, explicó el titular de Salud estatal, Lázaro Mazón Alonso.
Sin embargo, no se informó si los intoxicados eran hombres, mujeres o niños; pero trascendió que cuatro de las personas intoxicadas son habitantes de la comunidad La Pintada.
Tampoco se especificó si se trató de personas adultas, niños, adolescentes o de la tercera edad; y luego de seis horas de permanecer internados fueron dados de alta alrededor de las 9 de la noche, para ser devueltos al albergue.
Después que se difundió la información sobre las personas intoxicadas, “por órdenes superiores” se impidió el acceso completo al albergue, y ningún reportero pudo entrar al lugar, que es administrado por el gobierno estatal, pero que desde que funciona como albergue, es vigilado en salidas y entradas de personas, por la armada española.
En declaraciones a reporteros Lázaro Mazón expuso: “al parecer alguien introdujo un pastel al albergue, fuera de la comida que preparan allí y eso provocó la intoxicación, el resto de las personas que no fueron internadas, los  otros 14 fueron tratados en el mismo albergue sin pasar a mayores”.
Desde que fueron abiertos los albergues, el área Regulación, Control y Fomento Sanitario efectuó muestreos de los alimentos que se preparaban para evitar algún brote epidémico que pusiera en riesgo a las personas damnificadas.
El funcionario estatal indicó que personal del área de Regulación Sanitaria buscó saber el origen de la intoxicación de las 18 personas después del reporte de los primeros intoxicados; sin embargo, ya se había lavado y limpiado todo después de la hora de comida.
La intoxicación por consumo de alimentos se presentó entre las 3 y las 4 de la tarde y Mazón Alonso precisó que las personas presentaron un cuadro diarreico con vómito en algunos casos y fueron internados en el centro hospitalario, donde se les atendió y fueron dados de alta seis horas después.
“No hemos tenido problemas en ningún albergue del estado, en ningún lugar más que ahorita y me está informando la jefa jurisdiccional (Elizabeth Godoy Galeana) después de una investigación que al parecer fue el pastel lo que introdujeron”, detalló el funcionario estatal durante una gira de trabajo que realizó en la Costa Grande.
Abundó que después de la hora de comida, dos horas después comenzaron a manifestarse los síntomas de intoxicación por comida. “Cuando fueron de Regulación Sanitaria a ver, ya habían lavado todo y no encontraron nada. En cada albergue establecen sus propias reglas (…) El Ejército tiene el control de allí y ellos han preparados los alimentos de una forma muy cuidadosa, higiénica, no había habido problemas en ningún albergue del estado y nosotros confiamos en la forma de preparar los alimentos del Ejército, porque son personas preparadas”, comentó.
Se le preguntó porqué había un universo pequeño de personas intoxicadas, siendo que el albergue, tan sólo de la comunidad de La Pintada son 300, Mazón Alonso respondió que “hay enfermos y cada persona reacciona de forma diferente”. E hizo referencia a la intoxicación de más de cien niños de la primaria del poblado Los Órganos porque comieron barbacoa el día del niño pero que no todos manifestaron síntomas de intoxicación.
La primera versión de la intoxicación en el albergue fue la ingesta de unos chilaquiles que elementos de La Marina habían preparado en la cocina móvil que fue instalada en la parte posterior de la cancha techada del polideportivo.