Acumula la PGR 150 averiguaciones por agresiones a periodistas durante este año
*En cuatro casos se requirió el exilio forzado y se dictaron medidas de seguridad, sacándolos de su lugar de origen y llevándolos otra entidad, particularmente al Distrito Federal
Pedro Matías / Agencia Proceso
Oaxaca
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR), ha iniciado 150 averiguaciones previas por agresiones contra periodistas en los primeros nueve meses del año, de las cuales 11 corresponden al estado de Oaxaca, informó el director adjunto de la dependencia, Alberto Peralta Flores.
Además, reconoció que en cuatro casos se requirió el exilio forzado y hubo que dictar medidas de seguridad; para evitar riesgos, agregó, fue necesario sacar de su lugar de origen a esas personas y llevarlas otra entidad, particularmente al Distrito Federal.
Luego de señalar que en el último año del sexenio de Felipe Calderón fue cuando “más agresiones contra periodistas se cometieron”, precisó que a la fecha se tienen dictadas 147 medidas cautelares para la protección de igual número de periodistas.
Peralta Flores destacó que “la cuestión de riesgo, si lo vemos a raíz de incidencias, de denuncias, ha bajado, igual que los delitos de alto impacto que han sido menos que el año pasado”.
Consideró que ello obedece a que se está apostando a la prevención y a promover la cultura de la denuncia. Eso, dijo, “tiene más impacto que dar medidas y brindar protección, es decir, antes de que llegue una agresión es preferible investigar”.
En el caso específico de Oaxaca, donde se investigan 11 casos, refirió que “la incidencia no es muy alta, pues hay otros estados, como el norte y el centro, que son más riesgosos”.
El funcionario federal hizo hincapié en que a la fecha se han consignado 47 averiguaciones previas por homicidios, abusos de autoridad y amenazas, con más de 50 personas consignadas.
Sin consecuencias, agresiones a periodistas en Veracruz
Fotoperiodistas de esta entidad se quejaron de que a un mes del violento desalojo en contra de maestros -que implicó agresiones a periodistas en la plaza Lerdo de la capital del estado- ni el gobierno de Javier Duarte ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) han dado seguimiento puntual a las vejaciones, ni tampoco han iniciado investigaciones para sancionar a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que cometieron robo, lesiones y amenazas en contra de los comunicadores.
En rueda de prensa, Rubén Espinoza, reportero gráfico de Proceso, Roger López y Ricardo Matus, de Imagen del Golfo, lamentaron que nadie haya citado a los reporteros agredidos o dado seguimiento a la queja puesta en la CEDH.
Clariver Guevara, representante del despacho Jurídico Ordóñez y Ordoñez -que asesora a los periodistas- aseguró que, pese a que ya se levantó el acta circunstanciada en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, la SSP ha guardado “un ominoso silencio”.
“Ya están las denuncias correspondientes por los probables delitos de golpes y robo de equipo de trabajo, abuso de autoridad, entre otros, a cargo de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública, ya paso un mes y no han dado muestras de un solo avance o sanción en contra de sus elementos”, recriminó Guevara.
En la rueda de prensa-protesta, los fotoperiodistas recriminaron que en Veracruz la nueva Policía Estatal Acreditable ha venido subiendo de tono las agresiones en contra de comunicadores, tanto en Xalapa, como en el sur del estado.
En los últimos meses, los cuerpos de seguridad pública ya no permiten tomar imágenes de accidentes carreteros, represión en manifestaciones, ni tampoco de operativos del alcoholímetro, en varios roces con la prensa, los policías aseguran que es parte de los nuevos lineamientos de seguridad Pública.
Rubén Espinoza informó que la FEADLE ya dio citatorio a los reporteros agredidos en Veracruz en calidad de “defendidos”, aunado a ello, periodistas del Distrito Federal hicieron un pronunciamiento en la Casa de Representación del gobierno de Veracruz, para exigir el cese a la represión que existe en contra de comunicadores por parte de la policía estatal.




