Tlachinollan

521 años: entre los escombros del olvido y los desastres

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

La acción sanguinaria de los españoles emprendida contra la población nativa de la Montaña, marcó con la señal funesta de la muerte y la destrucción a los gobiernos colonizadores. Los conquistadores después de someter y masacrar a los me’phaa, yopes, nahuas y na savi se apoderaron de sus territorios e impusieron sus leyes para legalizar la explotación y el saqueo. La provincia prehispánica de  Tlapa gozaba de buena reputación por su gran riqueza. Se sabía que en esa región había muchas minas de oro. La ambición desmedida de Hernán Cortés lo llevó a apoderarse de Tlapa y de todos sus pueblos sujetos, para acumular el mayor oro posible. Esto mismo hizo Pedro de Alvarado en la Costa Chica, quien fundó San Luis Acatlán y se obsesionó por recolectar  la mayor cantidad de oro del río de San Luis. Entre las minas explotadas por los españoles de la Montaña está la mina de plata de Totomixtlahuaca y la de oro en Pascala del Oro; minas de cobre, plomo y plata de Jicayán en la Costa Chica; de cobre y de plata en Chilapa; minas de oro en Ayoteco, por la región de Olinalá
En 1548 Tlapa proveyó a la corona española de 3 mil 849 pesos de oro en polvo, mientras que Chilapa proporcionó 2 mil 59 pesos. Se calcula que un tributario daba entre 0.5 y 5 pesos de oro por año, es decir, entre 1.6 y 16 gramos de oro fino de 22.5 quilates. Bajo este régimen de esclavitud, la población indígena tenía que entregar miel, cera, manta y cacao. En varias comunidades los obligaban a dar una gallina y un guajolote diario, con tortillas de maíz y leña. Además de los tributos en bienes, se exigían las prestaciones de trabajo que eran obligatorias en los cultivos de maíz que abarcaban de 4 a 9 hectáreas por tributario.
Los españoles aprovecharon las estructuras de dominación impuestas por el imperio azteca, utilizando como intermediarios a los nobles indígenas, quienes ostentaban tres títulos: el calpixque, el gobernador y el cacique o señor natural. El calpixque era el cobrador de los tributos, el gobernador un noble indígena escogido por los españoles para administrar los pueblos y los caciques indígenas quienes también cobraban por cuenta propia varios impuestos. Este corporativismo político no se ha modificado de fondo, por el contrario, se ha ido perfeccionando con la presencia de los partidos políticos, que utilizan los cacicazgos locales como brazos políticos que se encargan de expandir su poder en las comunidades y para imponer un sistema clientelar que representa los intereses de las elites económicas. Ahora, los líderes políticos asumen el rol de malinches, de quienes sin ningún rubor embaucan y traicionan a su pueblo, con la mezquina ilusión de ostentar un cargo y repetir las sandeces de sus antecesores.
La extracción de la riqueza mineral, el cobro excesivo de tributos y la sobre explotación de la mano de obra indígena han sido los métodos más aberrantes, que a lo largo de los siglos han utilizado los gobernantes en turno. La apropiación de los recursos naturales por parte de empresas extranjeras no es algo nuevo para los pueblos de la Montaña. Han padecido siglos de despojo, saqueo y devastación de su hábitat sagrado. Las minas, los bosques, el agua, las plantas y semillas nativas así como el patrimonio arqueológico forman parte de la riqueza más codiciada de los piratas del poder y de los bandidos de ultramar.
¿Qué han hecho los gobiernos criollos y mestizos para revertir los rezagos históricos que siguen arrastrando los pueblos indígenas y que les impide alcanzar un nivel de vida digno? ¿Quiénes son los causantes del hundimiento, atraso y desastre de los pueblos indígenas de Guerrero, que fueron parte de la civilización mesoamericana? ¿Por qué los gobiernos se niegan a reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y a que puedan ejercer su libre autodeterminación?
Los desastres que ocasionaron las tormentas Manuel e Ingrid hace un mes,  pusieron al descubierto el trato inequitativo y discriminatorio con el que siguen actuando las autoridades. A 30 días de la tragedia todavía existen comunidades de Metlatónoc, Cochoapa el Grande y Acatepec que no han recibido apoyo. Continúan incomunicados, padeciendo los estragos del hambre, el frío y las enfermedades. En las zonas de Dos Ríos hay comunidades que fueron afectadas por los desgajamiento de los cerros y desbordamientos de los ríos. En la región de Zitlaltepec y Chilixtlahuaca sigue sin llegar la ayuda y las comunidades trabajan a brazo partido para remover las toneladas de lodo con el fin de reabrir sus caminos y para ponerse a salvo, ante los hundimientos de sus terrenos donde habitan y donde tienen sus cultivos.
Las comunidades del sur de Malinaltepec, como Colombia de Guadalupe y Tilapa, luchan para salir del aislamiento y están en busca de un nuevo lugar para vivir. En Acatepec las comunidades se organizan para exigir que la autoridad municipal los atienda y asuma su responsabilidad de velar por los derechos básicos de la población, como la alimentación, salud, educación y vivienda. Se han visto obligados a denunciar al presidente por almacenar las despensas y por darles un tinte faccioso. Ahora los líderes de este movimiento están siendo amenazados de muerte por los funcionarios municipales, para atemorizar y desmovilizar a las comunidades. En Tlacoapa el gran problema es el presidente municipal que en lugar de mostrar una actitud receptiva, abierta y dialogante, ha optado por la arrogancia y una postura hostil contra la gente que le reclama su desatención y su falta de solidaridad con la población damnificada. Ni en su tierra ni en la cabecera municipal es bien recibido, por sus poses desafiantes y autoritarias, que solo lastiman y causan más agravios a las víctimas del desastre.
Las comunidades indígenas de la Montaña que pertenecen a San Luis Acatlán, en estos momentos de la tragedia, no existen para la autoridad municipal. Con el pretexto de que la carretera Tlapa-Marquelia está destrozada, se justifica para no estar presente en la región y mucho menos para brindarles algún apoyo. Las autoridades comunitarias tienen que deambular por las calles de Tlapa para ir en busca de algún funcionario que les reciba sus solicitudes, con la vana ilusión de que puedan ser atendidos. No hay una instancia que se aboque a atender con respeto y a hablar con la verdad a la gente de las comunidades. Las despensas que logran conseguir son insuficientes y son causa de arrebatos, pleitos y mayores conflictos intracomunitarios.
Hasta la fecha no existen datos confiables sobre el número de comunidades y familias desplazadas. En los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande y Acatepec existen varias comunidades que viven a la intemperie y que ninguna autoridad las está  atendiendo. Se encuentran en condiciones infrahumanas, sufriendo las inclemencias de la lluvia, el viento y el frío. Se sienten sumamente desamparadas, y el hecho de no saber cuál va a ser su futuro como comunidad les genera angustia, enojo y desesperación. Son presa fácil de cualquier promesa de los funcionarios o de las autoridades municipales y estatales, que de manera irresponsable les prometen apoyos que nunca llegan. Las dependencias realizan censos sin tomar en cuenta la opinión de las familias damnificadas. Hay quejas contra los promotores porque no hacen los recorridos por toda la comunidad y porque su trabajo es sumamente rigorista y cuadrado.
A 521 años de la guerra de exterminio contra los pueblos originarios de América, en la Montaña persiste este proceso de deshumanización impuesto por los gobiernos caciquiles, que han tratado a los indígenas como objetos de conmiseración, como una masa informe, irracional, silvestre y sumisa ante las dádivas de los políticos. Las autoridades actúan como los encomenderos españoles que mantienen como semiesclavos a la población trabajadora; imponen políticas privatizadoras, legalizan el saqueo y autorizan la entrada de las empresas extranjeras para continuar con el extractivismo depredador.
El desastre natural ahonda más la desigualdad y la exclusión. Bajo estos escombros del olvido y de la devastación la clase política se frota las manos para manejar de manera perversa y facciosa los recursos financieros que llegaran a la región para atender a las comunidades damnificadas. Mientras tanto los pueblos se organizan y se levantan para hacer valer sus derechos, para desenmascarar las tropelías de los presidentes municipales y de los políticos farsantes. Ante tanta indolencia y engaño, la población damnificada ya  no permitirá que en su nombre pisoteen su dignidad y hundan sus sueños de justicia e igualdad en el fango de la corrupción.
El Consejo de Damnificados de la Montaña, ha juntado sus voces y ha tendido los puentes de la hermandad interétnica. Las comunidades se han encontrado como sujetos colectivos que en medio del dolor luchan para abatir el aislamiento y la indiferencia de las autoridades. Se han organizado para entablar un diálogo directo con el gobierno federal para construir la agenda de los pueblos damnificados  en aras de la reconstrucción comunitaria, y para hacer valer su derecho a la alimentación,  la salud,  la educación y a una vivienda digna. El caminar de este consejo está abriendo nuevos senderos desde la raíz comunitaria que serán claves en las luchas que están por venir en estos meses aciagos, marcados por el hambre, el desempleo y el caos gubernamental..