Pese a que termina el plazo legal, el juzgado no notifica la prisión o libertad de los 12 comunitarios detenidos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Aunque este lunes venció el plazo para que el Juzgado Séptimo de Distrito determinará la situación legal de los 12 policías comunitarios de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, presos desde hace una semana en el penal de Chilpacingo, el tribunal no realizó la notificación a los abogados y los detenidos continuarán en prisión.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, indicó que seguirán esperando la notificación del procedimiento administrativo, hasta hoy a primera hora.
Estimó que el plazo de 144 para que el juzgado dictaminará la situación legal de sus defendidos venció ayer, entre las 3 y 4 de la tarde, y en caso de recibir el auto de libertad, los policías comunitarios no deberían pasar otra noche más en prisión.
De los 12 policías comunitarios de Zitlalpetec, municipio de Metlatónoc, detenidos por soldados en Cochoapa El Grande, uno fue consignado por el uso de un arma reglamentaria, y 11 sólo por llevaban armas y cartuchos útiles sin licencia; y aunque se fijaron fianzas para llevar sus procedimientos en libertad, se confiaba en que la mayoría iba a salir libres este lunes, sin cargos.
Sin embargo, el abogado estimó que este retraso podrían implicar autos de formal prisión, porque en otros casos se ha evidenciado que el Poder Judicial recibe las instrucciones del Ejecutivo federal, y actúa bajo consigna.
De los seis policías comunitarias de Ayutla, entre ellos un comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), consignados en el penal de Acapulco la semana pasada, tras un periodo de arraigo, recordó que corre el plazo constitucional y la defensa trabaja en las probanzas del caso.
Reconoció que este es un caso más complejo que el de Zitlaltepec, porque hubo actos de tortura y malos tratos para arrancar una declaración falsa a los detenidos, que están documentando para demostrar que el proceso está plagado de irregularidades de origen.
También se refirió al caso de la coordinadora de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, cuya situación calificó de “sumamente compleja”, porque sigue incomunicada, es objeto de malos tratos en el penal de máxima seguridad, tiene algunos padecimientos de salud y no se está cumpliendo con las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre prisiones.
Añadió que tampoco se justicia su traslado a un penal federal, cuando fue acusada por un delito del fuero común en un juzgado local.