El lunes ratificará el alcalde de Cutzamala la demanda contra la empresa Mexhidro

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El alcalde de Cutzamala, Isidro Duarte Cabrera, informó que el lunes ratificarán ante la Procuraduría General de la República (PGR) la denuncia por daños y perjuicios contra la hidroeléctrica Mexhidro.
Explicó que fue designado un nuevo agente del Ministerio Público federal, porque el que estaba en Ciudad Altamirano, Virgilio Teutle Mendoza, era parcial a favor de la empresa.
Consultado vía telefónica, el presidente municipal de Cutzamala, donde sectores de la población como ganaderos, campesinos y pesqueros tomaron las oficinas operativas de la presa e hidroeléctrica de El Gallo, confirmó que será hasta el lunes cuando ratificarán su denuncia por daños y perjuicios.
Isidro Duarte se había negado a acudir ante el agente del Ministerio Público de la PGR con sede en Ciudad Altamirano, porque el agente José Virgilio Teutle Mendoza irrumpió en la presa El Gallo con efectivos policiacos armados y amenazó a los pescadores que tienen tomado el edificio de la empresa Mexhidro, por lo que también presentó una queja ante Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Respecto a la denuncia de la empresa Mexhidro, en el sentido de que el movimiento de los afectados por la construcción de la hidroeléctrica es para extorsionarlos, afirmó que tienen los elementos necesarios para probar las afectaciones causadas en los últimos seis años.
Por eso, dijo que han insistido a los diputados, que ya realizaron dos exhortos al gobierno federal para que instruya a las dependencias federales a que realicen una investigación de los daños que la empresa italiana ha provocado en la actividad económica del municipio, afectando a los campesinos, ganaderos y pescadores.
Insistió en que es necesario que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revisen el caso de la presa El Gallo, realicen investigaciones y díctamen, para que sean dependencias federales las que determinen si hay responsabilidad o no de la empresa.
Además de que afirmó que no pretenden extorsionar y que sólo buscan que la empresa pague 60 millones de pesos a los afectados por más de seis años, en los que la empresa empezó a funcionar como hidroeléctrica.