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Un retroceso, la reforma a la ley minera propuesta en el Pacto por México: juristas

*Los legisladores pretenden eliminar el carácter preferente y de utilidad pública de la industria por puras razones ideológicas”, señalan abogados en una de las mesas de trabajo dentro de la Convención Internacional de Minería que se celebra en Acapulco

Salvador Serna

“De manera arbitraria, los legisladores pretenden eliminar el carácter preferente y utilidad pública de la industria minera por puras razones ideológicas”, señaló ayer la jurista internacional Karina Rodríguez Matus.
En la mesa de trabajo denominada Ley Minera y sus nuevas tendencias legislativas, dentro de la Convención Internacional de Minería que se celebra en Acapulco, juristas y abogados coincidieron en que la reforma a la Ley Minera, propuesta en el Pacto por México, “es innecesaria y cualquier modificación sería un retroceso”, expresó Federico Kunz, ex asesor del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá en 1992.
Mientras que el abogado y ex observador de la ONU, Rodrigo Sánchez Mejorada, aseguró que las reformas a la industria minera “son puras presiones políticas”.
Los juristas coincidieron en que jurídicamente no es posible crear un régimen fiscal especial, afirmando que los diputados y senadores “no investigan, no saben y no conocen a fondo la industria minera, sólo saben de ella en lo que ven en los periódicos, la radio y la televisión”.
En su exposición, los juristas ironizaron que “el geólogo mexicano es una especie en extinción que debe ser protegida”, añadiendo que todos los grupos ecologistas “repiten mentiras y tienen mal informados a los legisladores. El problema no es de legislación, el problema es la no aplicación de la ley vigente”.
Mientras que en la ponencia magistral El Futuro de la Minería en México, el director de Industrias Peñoles, Fernando Alanís Ortega, indicó que “las señales que dan los legisladores van en un sentido muy negativo al punto de llevar a desincentivar a la industria minera, lo que genera nuevos procesos de incertidumbre porque un cambio de legislación puede ser sumamente dañino para México”.
Subrayó que “el mayor pecado” de la minería en México es haber crecido a un ritmo constante “con inversiones hoy de 25 mil millones de dólares, lo que genera alrededor de 400 mil empleos y un impacto social muy positivo en las comunidades donde operan las mineras”.
Debido a la propuesta de reforma, aseguró el directivo de Peñoles, “empiezan a aparecer voces entre compañías, en el sentido de cancelar proyectos por los intentos de cambiar la ley minera como por la aplicación de nuevos impuestos que sacarían a México de la competencia internacional, agregando que “eso es muy lamentable porque se pone en un momento muy complicado a esta industria, ya que se plantea no sólo destruir proyectos que estaban en etapas de desarrollo sino que se estima la posibilidad de cerrar minas por falta de competitividad internacional ante los nuevos impuestos y el intento de un cambio en la legislación minera”.

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