Eliseo Villar traicionó a la CRAC y trabaja para el gobierno, acusan comunitarios de El Paraíso

*Somos el 90 por ciento de las comunidades de ocho municipios de la Policía Comunitaria de esa Casa de Justicia, asegura Arturo Campos. “Llevan a todo el pueblo como si fueran consejeros”, dice de la asamblea en que lo desconocieron junto a siete autoridades más. En Olinalá las operaciones ya no se realizan con regularidad porque sigue el hostigamiento del Ejército, informa un comandante de ese lugar. Las autoridades aceptaron las declaraciones de asesinos, secuestradores y vendedores de droga para apresar a Nestora Salgado, señalan

Lourdes Chávez

Tixtla

Coordinadores y comandantes de diferentes Policías Comunitarias de la Casas de Justicia de El Paraíso, denunciaron que Efrén Cortés Chávez, sobreviviente de la masacre de El Charco, no tiene calidad moral para intervenir en los asuntos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ni el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo porque traicionó a los pueblos cuando se prestó a la estrategia oficial para destruir a la institución comunitaria.
En conferencia de prensa, representantes de la CRAC-PC de Olinalá, Huamuxtitlán, Atlixtac, Ayutla de los libres y Tixtla, insistieron en que Villar Castillo sirve a los intereses del gobierno federal y estatal desde que declaró a la prensa que la institución comunitaria desconocía a la Casa de Justicia El Paraíso, hace dos meses.
De Cortés Chávez que adelantó el desconocimiento de coordinadores y comandantes de la Casa de Justicia de El Paraíso y recomendó que la CRAC corrija su camino de división entre los indígenas, señalaron que no tiene relación con la institución de seguridad y justicia ni con su territorio.
Denunciaron que “durante los últimos 15 años ha vegetado de la sangre de quienes murieron en la masacre de El Charco”, y que debería explicar a la sociedad la muerte de 11 personas a manos del Ejército en esa comunidad en 1997.
En la lectura de un comunicado descalificaron los acuerdos de la asamblea en Ayutla que encabezó este miércoles Villar Castillo para desconocer a los coordinadores y consejeros de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera de Ayutla, Prócoro Valente Gil de Tecoanapa y a Gonzalo Molina González de Tixtla. También desconocieron a cinco autoridades más.
Aclararon que las policías comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso no han recibido dinero del subsidio del gobierno que administra Villar Castillo, pues entre otras cosas el grupo del coordinador de San Luis Acatlán también los desconoció por la “desaparición” de cien mil pesos.
Campos Herrera aseguró que el bloque que representan los tres desconocidos por Eliseo Villar integran el 90 por ciento de las comunidades de ocho municipios de la Policía Comunitaria que pertenecen a la Casa de Justicia de El Paraíso.
Explicó que de más de 90 pueblos que pertenecen a esa Casa de Justicia, tal vez 20 estuvieron en la asamblea microrregional con Villar Castillo, pero de la estructura sólo asistió un coordinador, Margarito Ramírez Micaela, porque los demás no son reconocidos por los auténticos coordinadores.
Molina González reiteró que en su afán se imponer otra estructura, Villar Castillo violentó el reglamento llevando consejeros que no están ratificados por la asamblea regional de la CRAC pero no les extraña porque tampoco ha cumplido los acuerdos firmados con El Paraíso, ni otros de las asambleas regionales.
Incluso, aseguró que Villar está trabajando con comisarios, no con los pueblos e incorporó a la asamblea microrregional de Ayutla de la Casa de Justicia de El Paraíso a una localidad que no pertenece al territorio comunitario, El Camalote.
Aseguró que previo a esas reuniones, a los asistentes les dan cerveza y una bebida alcohólica de muy baja calidad conocida como chinicuil, “llevan a todo el pueblo como si fueran consejeros, violando el reglamento interno (porque) la estructura, consejeros y autoridades, son los únicos con facultades de votar”.
Del nuevo coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso nombrado sin la estructura en una asamblea anterior, Donaciano Morales Portillo dijo que es un empleado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), que ha sido militante del PRD y del PAN y que su interés es buscar una candidatura en las próximas elecciones.

Los presos

A Arturo Campos se le recordó que Villar Castillo encabeza la negociación por la liberación de los coordinadores y policías comunitarios que están en prisión: uno de la Casa de Justicia de Zitlatepec, seis de la Casa de Justicia de El Paraíso y de la coordinadora regional de Olinalá, Nestora Salgado García que está en un penal federal.
Dijo que la estructura de consejeros de San Luis Acatlán son los responsables de revisar la actuación de Villar Castillo y definir si lo mantienen al frente de las gestiones.
Aclaró que el hecho de que hayan acudido juntos a pedir la liberación de todos los detenidos a la Secretaría General de Gobierno no implica que se acabaron las diferencias, pero se abrió un espacio para hablar con las autoridades y para pedir la libertad de sus  compañeros.
Se quejó de que mientras el gobierno castiga a personas que se organizaron por la seguridad de sus pueblos, libera a quienes estaban en proceso de reeducación por delitos graves y que ahora se pasean libremente con amparos del gobierno para evitar ser detenidos otra vez por la Policía Comunitaria.
Como muestra, los comandantes y coordinadores señalaron casos de personas “rescatadas” por el Ejército el 21 de agosto cuando detuvieron a los policías comunitarios de El Paraíso: de Ayutla de los Libres, Alberto Garibay, acusado del homicidio (por descuartizar) de unas 30 personas; de Olinalá, Cuauhtémoc Sánchez González, acusado de abigeato y que actuaba con tal impunidad que se llevó hasta 30 cabezas de ganado de una sola persona.
Agregó que entre los liberados hay una joven que se dedica a vender droga y a la trata de personas y que está vinculada a un intento de homicidio junto a Pedro Gil Salmerón, quien disparó a las piernas y pies de Alberto Cabañas.
Reprochó que fue a estos presuntos delincuentes a quienes las autoridades les tomaron sus testimonios para acusar de secuestro a Nestora Salgado.
El comandante Jesús de Olinalá añadió que las operaciones en su municipio ya no se realizan con regularidad porque sigue el hostigamiento del Ejército. Afirmó que ellos no van a buscar la confrontación, pues se organizaron para buscar soluciones.

La injerencia del gobierno

En la conferencia de prensa las autoridades comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso dijeron que la solución de los problemas que se presenten en las comunidades de su jurisdicción les corresponde resolverlas a ellos y a su estructura, por lo que cualquier convocatoria de asamblea de personas ajenas, sobre todo si son cómplices del gobierno, es inválida.
Insistieron en que Villar Castillo y su grupo sirven a los intereses del gobierno, y para confirmarlo recordaron que hace dos meses justificó el desarme de la Policía Comunitaria de El Paraíso que derivó en la detención de comandantes, consejeros y policías comunitarios, así como en la liberación “de delincuentes” el 21 de agosto.
Señalaron que cuando comenzó una campaña activa del gobierno del estado para desarticular la Casa de Justicia de El Paraíso fue reforzada por las declaraciones de Villar Castillo,  “pero esta colaboración no ha sido gratis, pues a cambio la CRAC-PC ha recibido del gobierno millonarios recursos que antes en la vida, nadie les dio”.
No obstante, recordaron que la Ley 701 reconoce los sistemas normativos de la CRAC y las autoridades estatales y federales deben aceptarlos tal como lo dicta la norma y en ese sentido los coordinadores Nestora Salgado y Bernardino García Francisco, los comandantes de grupo y policías comunitarios tienen que salir en libertad absoluta.
Ratificaron que la Casa de Justicia de El Paraíso continuará su plan de acción para exigir la detención de sus compañeros, pero aclararon que aún valoran si acudirán a la asamblea regional de la CRAC-PC de este mes para llevar su postura a los consejeros que representan la máxima autoridad de esta institución.